Memorialistas consideran "escasa" la nueva Ley de Memoria Histórica

pamplona – El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que, según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno de Pedro Sánchez y que homologa la legislación española a la del resto de países europeos. Sin embargo, pese a resultar un avance respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, queda lejos de satisfacer los objetivos a los que dice aspirar, según afirmaron ayer diversas asociaciones memorialistas.

Es el caso del portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, Josu Ibargutxi, que lamentó en Onda Vasca que "pensábamos que el PSOE iba a dar carpetazo de una vez, en el buen sentido, a todas las reclamaciones de las asociaciones memorialistas pero no es el caso". Eneko Arteta, vicepresidente de la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos en Navarra, denunció que la nueva ley "tiene muchas lagunas en aspectos judiciales", por ejemplo que "no contempla el rechazo, ilegalización y anulación de todas las sentencias del franquismo". En la misma intervención radiofónica, explicó que "queremos una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo que existe hasta ahora y que se reconozca a las víctimas".

Arteta señaló que "nuestra asociación, junto a las instituciones navarras, ha promovido la exhumación de muchas fosas, nada más morir el dictador, y nunca ha aparecido un juez en una exhumación". Por este motivo, exigió "la judicialización de los procesos de exhumación en las fosas comunes". Josu Ibargutxi aportó el ejemplo de la querella argentina sobre los crímenes del franquismo, que "lleva bloqueada diez años" debido a que "toda la judicatura está atravesada de involucionistas franquistas" que "han tirado por tierra todos los intentos de investigar los crímenes franquistas".

Eneko Arteta enumeró por último los colectivos que sufrieron la represión durante la Guerra Civil y la dictadura y de los que la nueva ley "se olvida", como "los muertos en prisiones, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano, que también fue represaliado bajo la Ley de Vagos y Maleantes, que continuó hasta bien entrada la Transición".

Fundación Franco En su primera intervención tras la reunión del remodelado gabinete de Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó entre el catálogo de medidas que contempla la Ley de Memoria Democrática la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos; la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave; y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo que estaría incluida en los supuestos de extinción previstos en la norma, Bolaños dijo que no será "inmediata", una vez que entre en vigor tras su aprobación por el Parlamento, y auguró que el procedimiento que se abrirá puede acabar en los tribunales. Asimismo, los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un "lugar preponderante" del Valle de los Caídos, el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto de resignificación del mausoleo y se retirarán todos los símbolos, distinciones y títulos nobiliarios que concedió Franco.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, hizo una primera valoración "positiva" de la modificación de la Ley española de Memoria Histórica, aunque advirtió de que "el verdadero avance vendrá con la reforma de la Ley de Secretos".

Por su parte, EH Bildu pidió que la ley sea "más ambiciosa", ya que el texto actual "se queda corto, ya que su búsqueda de la verdad sigue siendo parcial, interesada, excluyente y no inclusiva debido a la Ley de Secretos Oficiales Franquista. Y exige "acabar con la impunidad franquista dando paso a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas".

Ley de protección. El Consejo de Víctimas y Movimiento contra la Intolerancia han reclamado una Ley Integral de Protección Universal de las Víctimas de Delitos de Odio y han llamado a la sociedad para que se movilice, con motivo de la celebración, mañana día 22, del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de Odio. Dicha ley tendría capacidad para intervenir "con eficacia" para proteger a "toda persona o grupo que sufra una infracción penal por motivo referente a cualquier característica de su condición humana".