La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se ha comprometido este martes a actualizar las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) el 1 de enero de 2023 a las personas que tengan reconocido el derecho en esta fecha si la ley que regula este sistema es aprobada antes de que finalice 2022.
Mendia ha trasladado este compromiso a los grupos parlamentarios durante su intervención en una comisión de la Cámara vasca en la que ha detallado los pormenores del Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobado la pasada semana por el Gobierno autonómico.
Este proyecto incluye un aumento de la cuantía de la RGI y la mejora de los requisitos para acceder a ella para las unidades de convivencia más vulnerables, como las que cuentan con menores y con pensionistas entre sus miembros, entre otras novedades.
La consejera se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Parlamento Vasco y ha insistido en su intención de que la norma pueda ser aprobada antes de que acabe este año.
"No pretendemos marcar los tiempos parlamentarios", ha precisado Mendia, tras recordar que, en todo caso, la ley entraría en vigor tres meses después de recibir el aval parlamentario, que tiene garantizado con el apoyo de PNV y PSE-EE, aunque la vicelehendakari confía en que reciba el respaldo de más grupos.
Para que las mejoras lleguen cuanto antes a los perceptores de estas ayudas, ha ofrecido un primer compromiso si los partidos son capaces de "ponerse de acuerdo antes de que cierre el año", para que las nuevas cuantías sean aplicables a partir del 1 de enero de 2023 para las personas que tengan reconocido este derecho en esa fecha.
"Les ofrezco un primer acuerdo, una primea enmienda con la firma de todos los grupos, que podemos hacer constar también en la ley. Para eso la ley debería aprobarse a tiempo y (la actualización de la cuantía de la RGI a 1 de enero de 2023) se incluiría en los presupuestos de 2023", que suelen entrar en la Cámara en el mes de octubre, ha ofrecido.
Mendia ha insistido en que esta ley no es una mera reforma sino una norma "más moderna" que pone las cosas "más fáciles a las personas en situación vulnerable" y que permite "una mejor gestión de los recursos públicos".
Todos los grupos se han mostrado abiertos a hablar para mejorar el texto, en el que la mayoría han visto avances con respecto a la norma vigente.
En este sentido, desde EH Bildu Nerea Kortajarena ha asegurado que el proyecto incorpora avances y mejoras, aunque ha opinado que todavía se pueden introducir más, como la relativa a rebajar la edad de acceso a esta prestación, de 23 años con carácter general. "El Gobierno nos encontrará en el intento de ampliar derechos, de arreglar disfunciones de la RGI y de garantizar vidas dignas", ha dejado claro.
David Soto (Elkarrekin Podemos-IU) ha valorado los avances del proyecto y ha puesto sobre la mesa la disposición de su grupo a la negociación para alcanzar acuerdos, porque la ley es una "herramienta fundamental para ofrecer cohesión social, sobre todo frente a los discursos que hablan de fraude y criminalizan".
Por su parte, Laura Garrido (PP+Cs) ha lamentado que el proyecto "llega tarde", aunque ha mostrado la posición "absolutamente constructiva" de su coalición para "ensanchar acuerdos", pero desde una postura de exigencia para que sea una "oportunidad para conectar definitivamente las ayudas con la empleabilidad".
Amaia Martínez (Vox) ha considerado fundamental que Lanbide "se ponga por fin a trabajar" para "controlar" la distribución de las ayudas e impulsar la inclusión social, al tiempo que ha considerado importante que "se eliminen" los pagos indebidos.
Desde los partidos que apoyan al Gobierno vasco, Jon Aiartza (PNV) ha abogado por aprovechar el tiempo para que la ley se apruebe cuanto antes y con el mayor consenso posible, mientras la que la socialista Gloria Sánchez ha subrayado que la intención de su partido es mejorar la ley también con el mayor apoyo posible.