El Gobierno español no ha convencido a las asociaciones de víctimas en las reuniones que el ministro de Presidencia del Ejecutivo, Félix Bolaños ha mantenido con ellas para explicarles en qué consiste el sistema de reparación a quienes fueron víctimas de abusos cuando eran menores en el seno de la Iglesia.
"El problema con el gobierno es que en el plan aprobado en abril consagran el rescate a los obispos con dinero público", sentencia el activista y psiquiatra Miguel Hurtado. "Dicen que lo ideal es un mecanismo estatal en el que la Iglesia asume las indemnizaciones. Es el plan A pero el plan B es que el Estado haga su mecanismo y que el contribuyente asuma la factura porque los obispos han dicho que no", explica.
La conclusión en opinión de Miguel Hurtado es clara. "La factura de la pederastia de la Iglesia la pagan los contribuyentes", lamenta. "Es una maniobra de la confusión por ambas partes", prosigue metiendo en el saco de las críticas a la Conferencia Episcopal española que esta semana ha presentado su programa de reparación integral que contempla indemnizaciones en los casos de abusos que hayan prescrito o en los que los abusadores hayan fallecido.
"Haces un mecanismo gestionado por el Estado, este elige quienes hacen la valoración y estableces el baremo de indemnizaciones. Van a ser de risa. No somos un estado laico. Pasan cientos de millones de euros a la Iglesia cada año. EL estado adelanta el dinero y luego se les descuenta a los obispos", subraya en referencia al mecanismo que contempla el Gobierno.
"El principal problema es que los obispos no pueden ser juez y parte. Un mecanismo gestionado por la Iglesia no va a tener credibilidad porque el comité será elegido a dedo por los obispos. No pueden controlar el proceso porque no tienen credibilidad", insiste.
En este sentido acusa al Estado de "timorato y deferente" con los obispos. "Estamos en el siglo XXI como para que un gobierno diga que es una vulneración de los derechos humanos y que la reparación y sus parámetros los tiene que establecer el Estado, destaca.
Imprescriptibilidad
Para este activista, víctima de abusos cuando era un niño en la Abadía de Monserrat, "mucho de esto pasa porque hay plazos de prescripción demasiado cortos", apunta. "El Parlament aprobó ley de imprescriptibilidad penal que existe en otros países donde se eliminan plazos de prescripción para que la justicia pueda investigar los abusos", destaca.
Es un aspecto fundamental, insiste. "No solo por castigar al agresor sino por el acompañamiento. Por ejemplo, que no te van a denunciar por injurias y calumnias, poder tener una indemnización para pagarte una terapia y que se les incluya en un registro de delincuentes sexuales", señala. Destaca que las víctimas tienen que lidiar con una institución poderosa para intentar que haya un mínimo de transparencia. "Tienes las de perder", lamenta.
Asegura Miguel Hurtado que a nivel penal esa ley de imprescriptibilidad no puede ser retroactiva pero en lo civil reconocen que sí se puede, lo que permitiría reequilibrar las fuerzas. "Monserrat por ejemplo se niega a indemnizar pero con esta reforma lo que puedo hacer es que si se pone tonto, acudo a los tribunales y les denuncio y que los jueces determinen si tengo derecho y en qué cuantía", explica.
Blanqueamiento
La Conferencia Episcopal ha recibido las críticas de las asociaciones por su plan de reparación ya que no ha contado con ellas y también del Gobierno español por el mismo motivo. "La Iglesia que sigue los postulados del Papa que es de blanqueamiento. Hacen una comisión de reparación para que parezca que hacen algo pero luego no podemos participar las víctimas. Es blanqueamiento", sentencia Miguel que es asimismo muy duro también con el Ejecutivo de Sánchez.
"El Gobierno practica despotismo ilustrado. Todo por las víctimas pero sin las víctimas. Cuando llevamos nuestras peticiones a la mesa no se incluyen en el plan estatal", remarca. Igualmente considera que a pesar de la crudeza, el problema en la Iglesia no han sido los abusos sino el "encubrimiento orquestado desde el Vaticano".
Al respecto entiende que el Gobierno no ha estado tampoco a la altura. "En España no se ha juzgado a ningún obispo por encubrimiento. Algo falla. En Francia se ha condenado ya a dos obispos por encubrimiento", concluye.