Miren Gorrotxategi: "Estamos abiertos a incidir en los Presupuestos como forma principal de orientar la acción de gobierno"

Después del pleno de política general, ¿han aumentado o disminuido las posibilidades de pactar con el Gobierno vasco?

—Las posibilidades de negociar están en el mismo sitio. Hicimos una descripción de cuáles son nuestros objetivos políticos y, en la medida en que sean asumidos, el espacio de la negociación será mayor. Anunciamos aquellos ámbitos en los que nos gustaría incidir en la acción del Gobierno para que la vida de las vascas y de los vascos sea mejor, como la educación, donde señalamos el problema de la concertación escolar porque el modelo actual deriva en una segregación que no podemos permitir. Defendemos un sistema público de enseñanza en el contexto de una sociedad democrática que tiende a la igualdad entre todas las personas. Respecto al medio ambiente, aspiramos a un cambio del modelo productivo y de consumo, básicamente porque el actual se está cargando el planeta.

¿Se puede decir que no tienen líneas rojas pero sí condiciones?

—Una de nuestras mayores exigencias es el reforzamiento de los servicios públicos, tanto la sanidad, como la educación y el sistema de cuidados. Todo lo que sea para atender las necesidades materiales y que aporte calidad de vida a la ciudadanía es lo que está en la base de nuestro espacio para la negociación.

Los Presupuestos del año próximo estarán marcados por las ayudas de Europa. ¿Tienen alguna preferencia respecto a su uso?

—Hemos pedido en muchas ocasiones al Gobierno vasco que abra el espacio de diálogo también a la manera en que deben aplicarse estos fondos Next, y la verdad es que esa puerta siempre está cerrada, siempre ha sido un ámbito excluido, vetado a la negociación y al acuerdo.

Les gustaría, por tanto, tener capacidad de influir o decidir sobre el destino de estos fondos.

—La manera de utilizarlos debería ir en la línea de lo que están haciendo nuestros ministerios, que consiste en recuperar la vida de las personas y no tanto, como parece ser la dirección que ha tomado el Gobierno vasco, por reflotar o ayudar a empresas que tienen capacidad de acción por sí mismas.

Más allá de estas ayudas, ¿cuál es su predisposición a negociar las Cuentas de 2022?

—Desconocemos el contenido de los Presupuestos y la disposición es la de siempre: estamos abiertos al diálogo, a la negociación, a la posibilidad de incidir en la acción del gobierno y también en los Presupuestos como forma principal de orientar esa acción de gobierno. Pero desconocemos su contenido, no podemos decir nada sobre ello.

Según lo escuchado durante el pleno del jueves en el Parlamento Vasco, ¿IU va a un ritmo diferente, es más reacia a pactar?

—En la coalición tenemos plena sintonía en la forma de abordar el carácter de nuestra oposición. Luego cada uno tenemos estilos distintos, puede ser, pero desde luego la sintonía es absoluta en este sentido.

En materia de autogobierno, ¿les sorprendió la apelación de Iñigo Urkullu a recuperar la soberanía anterior a 1839?

—Sí, yo creo que sorprendió no solo a nosotras, sino absolutamente a todos los actores políticos, exceptuando, quiero creer, al propio PNV. La apelación a un marco histórico bastante lejano en el tiempo, colocado en el siglo XIX, es rara porque entendemos que esta disposición que recoge la Constitución venía a ser una especie de legitimación jurídica a un estatus particular de Euskadi dentro del Estado español. Pero más allá de eso no tiene sentido, el único sentido que tiene cuando hablamos del derecho a decidir de las vascas y de los vascos tiene que ver con la voluntad actual de la ciudadanía. Ese marco nos resulta extraño, innecesario, pero más allá de eso nos sorprendió a todos.

En lo que a Elkarrekin Podemos se refiere, abogan por un modelo que garantice que el ámbito de decisión recae en la ciudadanía.

—Somos conscientes de que tanto España como Euskadi son países plurinacionales. Existen distintas naciones o personas que se sienten identificadas con sentimientos nacionales diversos. Y desde esa premisa y ese reconocimiento, cualquier estructura jurídica, política y territorial tiene que ser capaz de acoger el deseo de autogobierno especial de una comunidad en concreto, en este caso la vasca, y los diversos sentimientos nacionales.

En su discurso hizo hincapié en la necesidad de completar el traspaso de competencias del Estatuto. Al mismo tiempo, la transferencia efectiva de las prisiones el 1 de octubre supondrá un hito.

—Aquí quisiera reivindicar el papel de Unidas Podemos en el Gobierno de España a la hora de acelerar y de engrasar los mecanismos para que las transferencias pendientes hayan podido ser materializadas. La última, en relación con las prisiones, no se había llevado a cabo en 40 años porque es un tema delicado, y a nadie se le escapa que la presencia de Unidas Podemos ha tenido mucho que ver para posibilitarlo.

Pero quedan competencias por transferir y se entiende que se seguirá trabajando en ello.

—Claro, el Estatuto de Autonomía es una norma que, en términos jurídicos, forma parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, no solamente la Constitución, sino cada uno de los estatutos de autonomía, y en nuestro caso el estatuto de autonomía vasco, forma parte del bloque, del marco constitucional del Estado español. Es una norma constitucional que debe cumplirse.

Con la competencia de prisiones ya en Euskadi, ¿esperan una aplicación más benigna de la política penitenciaria?

—Por lo que hemos podido ver de los planes del Gobierno, tal y como están redactados, su línea se acerca a nuestros presupuestos ideológicos. Y se basa sobre todo en la reinserción social de los presos. La finalidad de la pena no tanto como castigo, que también, sino como modo de conseguir la reinserción. Esta perspectiva no solo tiene que propiciar mecanismos para que esta reinserción se lleve a cabo, sino que también parte del presupuesto de que cualquier tratamiento a los presos es individualizado. Porque cada persona es un mundo y su reinserción exige un itinerario distinto.

También relacionado con los presos, en este caso de ETA, Sare acabó desconvocando los actos previstos en Arrasate tras el enorme ruido mediático que se generó por su presunta vinculación con Unai Parot.

—A menudo hemos participado en la defensa de los postulados que marca Sare como propósito de reivindicación a través de este tipo de movilizaciones. La defensa de los derechos humanos es una de nuestras banderas y nos parece que cualquier ejercicio de manifestación pública en su defensa es legítima y debe ser bienvenida. Pero por otro tipo de elementos formales, como el lugar en que se celebra o la asociación de ese lugar con una persona en concreto, se ha asociado a una manera de ensalzar la acción del victimario. Eso éticamente no es admisible, y el hecho de que Sare haya visto la dimensión de este descontento o de esta preocupación social nos parece muy a tener en cuenta y a subrayar de manera positiva.

Los 'ongietorris' han vuelto al primer plano de la actualidad, avalados por Sortu y EH Bildu y con la petición del Gobierno vasco de hacer una reflexión ética al respecto. ¿Cómo lo valora?

—Nuestra posición siempre ha sido clara al respecto: derechos humanos no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva ética. Siempre hemos defendido que el recibimiento de las personas presas que quedan en libertad por parte de su familia, amigos y entorno cercano es perfectamente comprensible. Pero, cuando ocupa el espacio público, puede convertirse en un acto de ensalzamiento de acciones reprobables y delictivas. Lo que hace es revictimizar a quienes han sufrido la violencia de ETA y eso es intolerable éticamente.

Además, se han producido episodios violentos contra la Ertzain-tza en el contexto de espacios de ocio e incumplimiento de las normas anticovid. ¿Lo achaca a una fatiga pandémica, a una falta de valores en la juventud...?

—Estoy en contacto con mucha gente joven, básicamente porque tengo dos hijos adolescentes, y no veo ese tipo de actitudes de manera general. La juventud no está falta de valores, está actuando con responsabilidad y deseando salir de esta pandemia cumpliendo con las normas que sean necesarias. Pero es verdad que existe suficiente gente como para provocar este tipo de altercados. Eso indica que tenemos un problema al que hay que hacer frente y que el Gobierno tiene que ser imaginativo a la hora de abordar sus causas.

El viernes se reunió el LABI y flexibilizó las medidas contra el virus como nunca antes. Ello supondrá un respiro para ámbitos como el ocio nocturno...

—Lo acogemos con esperanza porque entendemos que esta relajación de las medidas tiene que ver con una mejora de los datos epidemiológicos. Es una buena señal, todos queríamos esto, pero hay otros sectores de la población como los alumnos de las escuelas o los usuarios de las residencias que no han encontrado un reflejo de esta relajación de las normas en sus carnes. Y no debemos olvidar a nadie.

¿Nos dirigimos hacia un modelo libre de restricciones en el que prime la responsabilidad individual?

—La responsabilidad individual es una condición necesaria para que cualquier medida a nivel colectivo tenga éxito. Pero la gestión de la pandemia no nos corresponde a nosotros como individuos, sino a las instituciones, en concreto al Gobierno.

En el ámbito sanitario, su partido mantiene una responsabilidad crítica, por ejemplo, con el apoyo a la Ley Antipandemia. ¿Y respecto a la futura Ley de Salud?

—Tendremos que ver su contenido. Creemos que la inversión en sanidad debe aumentarse, los años de recortes a partir de la crisis de 2008 han debilitado la sanidad pública, y el ánimo externalizador de los servicios del Gobierno vasco ha perjudicado su capacidad de acción. Es necesario reforzar Osakidetza, revertir la privatización de servicios, aumentar la inversión pública y estabilizar su plantilla. El 40% es interina y esto no se puede entender.

En materia ecológica, en el pleno de política general se vio que el derrumbe de Zaldibar ha supuesto un antes y un después.

—Es el resultado final no solo de una actitud delictiva de los responsables del vertedero, sino de un modelo de gestión de residuos también en este caso privatizado y con ausencia de controles eficaces. Y esta responsabilidad es pública.

Moncloa ha aprobado medidas para combatir el alza del precio de la luz. Usted abogó el jueves por un nuevo modelo energético.

—Todos tenemos muy claro que sin la acción de Unidas Podemos en el Gobierno de España habría sido imposible la adopción de estas medidas. Llevamos exigiéndolas desde hace mucho tiempo y se nos ha tachado de no vivir la realidad, pero al final se van a hacer porque el momento lo exigía. Hay un oligopolio que opera al margen del interés general y esto hay que combatirlo creando una empresa pública de energía, también en Euskadi, incidir en la factura de la luz y terminar con las puertas giratorias.

El encuentro del pasado miércoles entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el marco de la mesa de diálogo, ¿es un paso hacia la resolución de este conflicto o solo sirvió para atestiguar su lejanía?

—Es un primer contacto. Esta mesa es necesaria, llevamos demasiado tiempo esperando que las cosas se muevan en un sentido positivo y cualquier esfuerzo por materializar los acuerdos que puedan tomarse en su seno tiene que hacerse.