El Gobierno español no ha cerrado la puerta a la propuesta del lehendakari sobre las transferencias pendientes. Iñigo Urkullu plantea poner en marcha un foro para abordar con carácter más fluido la treintena de materias que debe gestionar Euskadi según el Estatuto de Gernika, y abordar también una metodología, en qué punto se encuentra el proceso y cuánto se puede avanzar en el año que queda de legislatura en el Estado. El Ejecutivo español no se niega a estudiar esta posibilidad, aunque lo hará cuando se cierre el traspaso de los trenes de Cercanías que negocian desde hace meses ambos gabinetes. Fuentes del Ministerio de Política Territorial que dirige Isabel Rodríguez aseguran a este periódico que, “de momento, lo primero es culminar la transferencia de ferrocarriles, y luego ya se abordará la Comisión Bilateral”. “Todavía no hemos analizado el formato”, añaden.
Este debate se remonta al pleno de política general del Parlamento Vasco celebrado en septiembre del año pasado, donde el lehendakari planteó crear una Comisión Permanente entre los gobiernos vasco y español. Su intención era dar un revulsivo al diálogo, porque el último paquete del calendario de transferencias se pactó en el ya lejano mayo de 2021, encabezado por la gestión de las prisiones. Desde entonces, solo se ha acordado el IMV, que no estaba en ese cronograma aprobado por el Consejo de Ministros sino que fue una prestación social nueva, y se habla sobre la transferencia de Cercanías, que no termina de desbloquearse. A ello hay que sumarle un contacto preliminar sobre los permisos iniciales de trabajo para las personas inmigrantes, propiciado por el propio lehendakari tras su reunión con el ministro Escrivá.
La propuesta de Comisión Permanente se la hizo llegar Urkullu por escrito al presidente español, Pedro Sánchez, pero no tuvo respuesta. De modo que, en vista del escaso eco de su iniciativa, planteó canalizar este debate en foros que ya existan, y no de nueva creación. Propuso hacerlo en la Comisión Bilateral de Cooperación, cuyo reglamento aprobado en 1987 permite abordar las transferencias. La intención es ir más allá de la Comisión Mixta de Transferencias, que se reúne solo cuando se ha alcanzado un acuerdo sobre un traspaso concreto y se trata de firmarlo, pero no permite abordar todo el proceso en su globalidad.
Desde el Ministerio de Política Territorial no han dicho que no a esta propuesta, lo que ya proporciona cierto margen para que el lehendakari no pierda la esperanza. Lo que tampoco se oculta es que no se ha llegado a analizar el formato de ese foro, ni la fecha para su reunión o los representantes políticos que deberían integrarlo. El Ministerio de Rodríguez plantea, además, culminar antes el traspaso de ferrocarriles, y cree que las negociaciones “siguen a buen ritmo”, pero aquí surge un problema de interpretación porque la consejería de Olatz Garamendi sigue defendiendo que no hay avances. La intención del Gobierno español es cerrarlo ya, pero el Ejecutivo vasco no aceptará un traspaso que no respete el sistema del Concierto Económico. Pide que se aplique el sistema del Cupo, el índice del 6,24%, para descontar esa transferencia del dinero que paga anualmente Euskadi al Estado.
Cumplir la palabra
Este traspaso y los contactos preliminares sobre inmigración son los únicos movimientos que hay sobre la mesa. El Gobierno español no ha respondido tampoco a las ofertas que le ha enviado Garamendi sobre otras materias como la meteorología, fondo de protección a la cinematografía, ordenación del litoral, salvamento marítimo, y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Barakaldo.
La intención del Gobierno vasco es mantener vivo este proceso con independencia de que el ciclo electoral en el Estado parezca un contexto poco propicio. La negociación de las transferencias se ha utilizado por parte de la derecha española, liderada por el PP, para presentar a Sánchez como un presidente débil a merced de sus socios nacionalistas vascos y catalanes. Urkullu ha puesto en valor que las transferencias son ley y que se trata de cumplir el Estatuto de Gernika, y también se trata de cumplir la propia palabra del Gobierno español con la sociedad vasca: el Consejo de Ministros aprobó un calendario de transferencias que no se está cumpliendo.
La cuestión de las transferencias forma parte del acuerdo de coalición entre el PNV y el PSE en el Gobierno vasco, y también del acuerdo de investidura con el presidente Sánchez. La vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, reconocía hace unos días que hay resistencias en los ministerios, una práctica habitual desde hace décadas, pero cree que la voluntad política de Sánchez sigue intacta.
Urkullu ha justificado sus propuestas de comisión de traspasos con el argumento de que tienen encaje legal. Lo tiene la Comisión Bilateral de Cooperación, y también la Comisión Permanente, porque la disposición transitoria segunda del Estatuto de Gernika contemplaba crear una comisión en el plazo de un mes para establecer las normas de los traspasos.