Moncloa aparca la Ley de Memoria por la falta de apoyos en el Congreso

El efectista anuncio realizado por el PSOE y Unidas Podemos la semana pasada, por el que se abría la puerta a dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 en el proyecto de Ley de Memoria Democrática, lo que en teoría posibilitaría juzgar crímenes cometidos durante el franquismo, no fue suficiente para atraer el apoyo de la mayoría de los grupos del Congreso a esta norma. Sobre todo ERC, que de hecho no tragó y escenificó un choque total con el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este asunto. Como consecuencia, Moncloa ha adoptado una drástica decisión y ha decidido meter en el congelador uno de sus proyectos estrella de la legislatura, que estaba llamado a sustituir a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007.

Con el acuerdo alcanzado con los republicanos catalanes sobre los Presupuestos del Estado del año que viene todavía caliente, varios medios digitales de Madrid y Catalunya han hecho saltar la noticia: el Ejecutivo de coalición esperará tiempos mejores y seguirá trabajando para atraerse el apoyo de ERC. Mientras, se centrará en lo que resta del año en la agenda económica, impulsado por el éxito en la negociación presupuestaria, en concreto en tres objetivos fundamentales: los propios Presupuestos, el cambio en el sistema de pensiones y la reforma laboral, los dos primeros más que encaminados.

LEY DE PUNTO FINAL

Fue el pasado miércoles, fecha en la que se cumplía el plazo para la presentación de las enmiendas parciales de los grupos a la Ley de Memoria Democrática, cuando morados y socialistas presentaron una batería de 30 medidas que incluían la posibilidad de sortear la Ley de Amnistía (que muchos califican de "ley de punto final") a la luz de la legislación internacional, que considera que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no pueden prescribir y no son amnistiables.

Sin embargo, el PSOE pronto aclaró que ello no suponía la derogación de dicha ley de 1977 y bajó muchos grados la posibilidad de que se abrieran nuevas causas por delitos cometidos durante la dictadura, lo que le ha valido un duro choque con su socio de gobierno, Unidas Podemos. Nada más anunciar esta medida, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, salió a la palestra para afirmar que no era suficiente y para exigir modificaciones en la Ley de Amnistía con el fin de que se puedan investigar y juzgar esos crímenes. Este es, a la postre, el principal escollo entre este partido y Moncloa, lo que ha llevado al Ejecutivo español a contemporizar y a reducir los tiempos de este proyecto, a la espera de lograr el respaldo necesario.