El Gobierno de Pedro Sánchez defiende a capa y espada al fiscal general del Estado y carga contra el Tribunal Supremo por acusar a Álvaro García Ortiz sin tener “pruebas concretas” sobre la filtración que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también por basarse en “elucubraciones” para apuntar a la implicación de Presidencia del Gobierno. “Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general”, ha alegado la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien afea que el novio de la lideresa continúe sin testificar por los presuntos delitos fiscales. De hecho, la Fiscalía de Madrid ha pedido que se cite ya a declarar a González Amador para evitar que corran los plazos de instrucción ya que en marzo se cumple un año desde que se abrió el caso.
Después de que el Supremo citase a declarar como imputado a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, el Ejecutivo español mantiene que “el origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso”, reiterando la “confianza y apoyo absoluto” del Gobierno al fiscal general, si bien prefieren ser “prudentes” al hablar de futuribles. “Le puedo garantizar que este Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete”, ha añadido la dirigente socialista, que cuestiona al magistrado por colocar el foco en la implicación de Moncloa. “Me van a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque es lo que son, no hay ninguna base documental”, ha recalcado, para repetir: “En un Estado de derecho las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí no los hay”. La ministra señala al director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como origen de los “bulos”: “No ha dudado ni un segundo en poner a disposición todos los recursos de la comunidad autónoma para proteger a Ayuso y su pareja”.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la labor que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aunque sus informes son “interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos”. “Me llama la atención que en casos muy significativos que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial”, ha ahondado.
Entre tanto, el ministerio público ha remitido ya un escrito al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid en el que solicita que tome declaración al empresario y a los otros cuatro investigados, cuyas comparecencias se han suspendido hasta en tres ocasiones. González Amador está siendo investigado desde hace casi un año por presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y falsedad documental, aunque recientemente la jueza amplió su investigación a otros delitos por la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención. La ley impone un plazo de un año a la instrucción, que vencerá este próximo marzo, y aunque es prorrogable, no se puede valorar la necesidad de prórroga si no se toma declaración a los investigados y se estudia si son necesarias más diligencias.
Ayuso percibe un nuevo 'Watergate'
Entre tanto, Ayuso ha catalogado como un nuevo Watergate el presunto delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado al fiscal general del Estado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que esta situación representa un ataque deliberado contra ella, orquestado por el Gobierno de Pedro Sánchez para desacreditarla políticamente. "El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir al ser un peligro para el Estado de derecho y, del mismo modo, el presidente del Gobierno debería dejar su puesto al ser un peligro para España", ha zanjado. El caso Watergate al que se refiere Ayuso fue un escándalo político de principios de la década de los 70 en Estados Unidos tras el robo de documentos en la sede del Partido Demócrata, y el posterior intento de la administración del presidente republicano Richard Nixon de encubrir a los responsables.