La revuelta de los barones del PSOE por la bajada de impuestos causó ayer martes un profundo malestar en el Gobierno de Pedro Sánchez, que pidió a las autonomías un “discurso fiscal responsable” y que no entren en la ola de la competencia fiscal porque solamente beneficia al PP. La decisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, de acometer rebajas fiscales a las rentas de menos de 60.000 euros y deducciones por hipoteca, que según Moncloa no fue consensuada, provocó una sacudida en el Ejecutivo español, que entiende la bajada de tributos como un “populismo fiscal” al que también se apuntó, por ejemplo, Aragón, en puertas de que Hacienda presente mañana miércoles el paquete fiscal para 2023. Aunque públicamente se evitó desautorizar con saña a uno de los dirigentes socialistas de mayor peso, a la portavoz Isabel Rodríguez no le quedó otra que precisar que “cada vez que hablamos de rebajar impuestos está el debate de qué recortar”. Hasta la fecha el Gobierno descarta deflactar el IRPF y la hoja de ruta pasa por una subida impositiva selectiva con el foco puesto en las rentas altas de trabajo y de capital.
No es de extrañar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conminara al PSOE a “ponerse de acuerdo consigo mismo”. “El panorama es que se descalifica al PP por hacer una propuesta, cuando el Partido Socialista la vota en Euskadi, la aprueba en Valencia y Podemos la pide en la Asamblea de Madrid”, indicó el líder de Génova, que acusó a Sánchez de “tener la libertad condicionada a la tiranía de las minorías que lo sostienen”, y defendió que las comunidades que han bajado los impuestos lo han hecho en el ámbito de sus competencias constitucionales y estatutarias.
Y es que el anuncio de Puig llegó después de que el PSOE haya cargado contra las bajadas fiscales del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que además de suprimir el impuesto de patrimonio aventuró la deflactación del IRPF en los tres primeros tramos, como hará igualmente Galicia. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseveró que en su feudo no habrá subidas de impuestos “adicionales” que sirvan como “ingeniería fiscal para arreglar decisiones políticas erróneas” ni como “moneda de cambio” como hace, a su juicio, el Gabinete de Sánchez, que cambia las reglas fiscales “constantemente” cuando se trata de administraciones de su mismo signo político.
Responsabilidad
El gesto torcido en Moncloa se reveló en la llamada a la “responsabilidad” que hizo a los presidentes autonómicos, evitando mencionar expresamente a Puig, y después de escuchar al aragonés Javier Lambán admitir que se pueda cambiar la fiscalidad en su territorio si los cuatro partidos que forman su Ejecutivo están de acuerdo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, replicó que no le gustan “las competiciones a la baja”, subrayando que la obligación de los socialistas es “armonizar” impuestos y que haya “corresponsabilidad fiscal”. “Eso estará también en el epicentro de la propuesta que haga el Gobierno”, concretó el exlehendakari. En concreto, criticó el “dumping fiscal” que impulsan comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, al coincidir en la supresión del impuesto de patrimonio, pero no quiso aclarar si cree que Puig también está alentando el escenario que él desdeña. “Estoy dispuesto a avalar la propuesta del Gobierno de España, que es la que redistribuye la riqueza y reparte los costes de manera justa”, zanjó López.
Descolocados por el movimiento del líder valenciano, el portavoz socialista insistió en la necesidad de esperar a la propuesta fiscal que presente la ministra María Jesús Montero que, desde su prisma, será un primer paso para proceder a una reforma fiscal en profundidad.