La relación entre el PSOE y el PP sigue inflamada por la situación en Venezuela, lo que alcanzó sus mayores cotas de tensión el jueves con la acusación de los populares a Moncloa de ser “cooperador necesario en el golpe de Estado” en ese país. Así lo afirmó el eurodiputado Esteban González Pons a raíz de la denuncia del líder opositor, Edmundo González, de que fue coaccionado en la residencia del embajador español en Caracas para que reconociera la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro.
Ni siquiera el comunicado emitido a última hora del jueves por el propio González negando que dichas “coacciones” procedieran del Gobierno español o del embajador, Ramón Santos Martínez, en el marco de su salida de Venezuela templó los ánimos. Así, el PP insistió ayer en pedir la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, por estar en “una posición moral y políticamente insostenible”.
Albares exigió por su parte al partido de Alberto Núñez Feijóo que se disculpe por las “injurias y calumnias” que vertió contra el servicio exterior español, en alusión a las declaraciones de González Pons. Lo único que hizo la embajada de España en Caracas fue “dar protección a Edmundo González y garantizar un espacio donde se sintiera seguro, se sintiera tranquilo”, alegó.
Proporcionarle también un espacio, añadió, donde el líder opositor venezolano tuviese “libertad para verse con quien él quisiera verse, hablar con quien quisiera hablar, reflexionar el tiempo que él quisiera, tomarse y trasladarnos lo que deseara, mantenerse en la residencia, salir de ella y venir a España”.
La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, puso el foco en la declaración de Edmundo González el pasado miércoles denunciando que “fue víctima de chantajes y coacciones en la residencia del embajador de España en Caracas”. “Una embajada española no puede ser el escenario de una extorsión, no puede servir de sala de operaciones del hampa”, afirmó.
A su entender, Albares “debe repetir con los demócratas: Venezuela es una dictadura, y presentar su dimisión”, aseveró en un mensaje en su cuenta de X. Álvarez de Toledo emplazó al Gobierno a aclarar cuanto antes “por qué permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su embajada”.
“¿Por qué dio autorización para entrar en la embajada a dos notorios criminales y torturadores, ella sancionada por la UE?”, interpeló. Instó además al Ejecutivo a explicar “por qué no ha denunciado las coacciones y las ha ocultado; qué hacía el embajador español convertido en notario de la extorsión de un presidente electo; y qué papel ha jugado el expresidente Zapatero”.
Mientras, Albares desveló ayer que ha solicitado comparecer en el Congreso para dar cuenta del traslado al Estado español de Edmundo González, que llegó el pasado día 8. Fue al día siguiente cuando solicitó comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores para dar cuenta “de la decisión del Gobierno de dar asilo al candidato opositor”, y sigue a la espera de que la Mesa del Congreso le confirme una fecha.
Bulos sobre Venezuela
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochó al PP que “lo único que le importa es hacer ruido y servirse de los bulos” sobre Venezuela. En el transcurso de un acto en Valladolid, exigió por ello a sus representantes que pidan disculpas por las “graves acusaciones” al servicio diplomático español, que considera desmentidas por el comunicado enviado por González.
Dos detenidos
Sin noticias. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin tener confirmación oficial de la identidad de los dos bilbainos detenidos por las autoridades venezolanas en el marco de una supuesta operación de desestabilización contra el Ejecutivo de Maduro. Desconoce a su vez el lugar en el que se encuentran casi una semana después de que se hiciera público su arresto. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo el martes una conversación telefónica con el canciller venezolano, Yvan Gil, en la que “me confirmó su detención y yo le exigí, y lo sigo esperando, saber su lugar de detención para que nuestro Consulado pueda acercarse, ver cómo están, qué necesitan y darles todo el apoyo”, como marca la Convención de Viena.