Moncloa quiere en vigor la nueva Ley de Vivienda en plena campaña

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere acelerar para que la nueva Ley de Vivienda entre en vigor lo antes posible, concretamente, en plena campaña electoral. El Senado tiene la intención de tramitarla por el procedimiento de urgencia, lo que acortaría los plazos de tal forma que podría quedar aprobada de manera definitiva en la sesión plenaria del 17 de mayo. Los grupos de la Cámara Alta tendrán hasta el jueves 4 de mayo como plazo improrrogable para presentar las enmiendas que estimen oportunas y sus propuestas de veto a esta normativa. Posteriormente, está previsto que se reúna la ponencia y la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para emitir el dictamen de esta ley, dando vía libre a que se pueda debatir y votar durante el Pleno que está convocado para la semana del 9 de mayo. En cualquier caso, este calendario aún tiene que ser aprobado por la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, marcando como fecha límite de tramitación el 18 de mayo. En este órgano, PSOE y PP tienen dos miembros respectivamente y la llave la tiene el senador del Partido Aragonés.

La intención desde Moncloa es obviamente fijar obstáculos a las comunidades autónomas contrarias a la norma a la hora de recurrirla o de no aplicarla, aunque desde el Ejecutivo precisan que la finalidad reside en aprovechar este espacio de tiempo electoral para definir el nuevo índice de referencia de precios que topará los alquileres. “Es evidente que no provocaremos un desplome, una caída estrepitosa de los precios del alquiler”, subrayó ayer la ministra Raquel Sánchez. La Ley de Vivienda se desencalló tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos con ERC y Bildu y, entre otras cosas, consolida el tope del alquiler en todo el Estado, y también redefine los conceptos de gran tenedor. En contra se situaron, entre otros, el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias. La ministra Sánchez defendió que la nueva norma fija un tope en los alquileres de áreas tensionadas “donde se produzca una distorsión que no permita acceder a una vivienda a un precio justo”, ya que, en sus palabras, la intención es no retraer la oferta de vivienda, sino indicarle a los grandes tenedores que el precio del alquiler debe estar en condiciones razonables.

Desde Génova, el PP emplea también esta Ley de Vivienda como ariete contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo afirmó ayer que se trata del “precio” que Sánchez “está pagando al populismo, a Bildu y a ERC para mantenerse de alquiler en la Moncloa”, insistiendo en que la ley “facilita la okupación ilegal”. “Estamos peor de lo que estábamos antes porque es una normativa intervencionista y populista. No es fácil aceptar que la Ley de Vivienda en España sea el precio que tiene que pagar el presidente del Gobierno para mantenerse en su vivienda, el palacio de la Moncloa”, reiteró el líder del PP.

Feijóo acusó al Ejecutivo de no haber hecho “nada” en materia de vivienda en el último lustro y de no tener “credibilidad” en sus promesas de habilitar 183.000 nuevas para el parque público, tildándolas de “castillos en el aire”. Consideró que la Ley de Vivienda “es sensible con el que okupa e insensible con el que está sufriendo esa okupación ilegal”. “Cuando una familia no tiene recursos, hemos de ayudarla a buscar una vivienda. No se puede utilizar a las familias vulnerables para justificar la okupación de viviendas. La mayoría de estas prácticas no se producen a través de familias vulnerables, sino de gente que lo único que le interesa es vivir a costa de los demás”, zanjó.