“Es una prueba más de que el 1-O sigue siendo delito, como este Gobierno siempre defendió”. Así despachó Moncloa el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide condenar por delitos de malversación agravada a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, pertenecientes al núcleo duro de Oriol Junqueras, por los preparativos del 1-O. Fue la respuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la indignación suscitada en el independentismo y, principalmente, en Esquerra, que aprecia cómo esta actitud “vengativa” del sistema judicial –como arremetió Pere Aragonès– echa aún más por la borda la estrategia de desjudicialización de la que hace gala Pedro Sánchez. El líder del PSOE se limitó ayer a mostrar “total respeto” por las decisiones de la Justicia y reivindicó su política con relación a Catalunya, que “ha roto la dinámica de bloques”. Al presidente del Ejecutivo español no se le pasa por la cabeza que este tipo de resoluciones sirvan como pegamento para unir al resquebrajado mundo soberanista.
Fiscalía reclama siete años de prisión para Jové, exdiputado de Esquerra y ex alto cargo del Govern, y seis y tres meses para Salvadó, presidente del puerto de Barcelona, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el referéndum. En el escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el ministerio público sigue el criterio del Tribunal Supremo, que en la revisión de la sentencia del procés descarta que los gastos del 1-O encajen en el delito de malversación atenuada introducido en la reforma del Código Penal, previsto para los casos en que no hay ánimo de lucro. De esa forma, Jové, quien fue exsecretario de Vicepresidencia con Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros. La Fiscalía solicita además un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por desobediencia grave por su papel en la organización del referéndum.
Según la acusación pública, los tres dirigentes independentistas eran en 2015 altos cargos del Departamento de Vicepresidencia y Economía “bajo inmediata dependencia jerárquica” del entonces conseller Junqueras y “personas de máxima confianza” del líder de ERC. Los tres, añade el ministerio público, estaban “plenamente comprometidos con el programa electoral” con el que Junts pel sí ganó las elecciones, cuya hoja de ruta “iba directamente dirigida a la final declaración de independencia y apertura de un proceso constituyente”, a través de “las denominadas estructuras de Estado”. No obstante, recuerda la Fiscalía, la incapacidad de JxSí para obtener mayoría parlamentaria obligó a la coalición a negociar con la CUP la organización de un referéndum “vinculante”, acuerdo político en el que “tuvo singular relevancia la actuación” de Jové. Es en esas fechas cuando, según el ministerio público, Jové, “en solitario o con auxilio de terceras personas”, redacta el documento EnfoCATs, una propuesta para “reenfocar el proceso de independencia para un resultado exitoso”, que apostaba por la vía unilateral. El fiscal Pedro Ariche sostiene que Jové formaba parte del “comité ejecutivo” que debía desplegar el “plan estratégico para la independencia” y ejerció un papel destacado en las conversaciones con la CUP, de las que tomaba nota “en unas agendas Moleskine”. Bajo la “inmediata dirección de Junqueras”, dispuso de los necesarios recursos económicos y logísticos para la inminente celebración del mismo”.
Este escenario ha revolucionado al independentismo. Aragonès recordó que “trabajar por la libertad de Catalunya y defender las urnas y la democracia no es delito”. “Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo”, escribió en su cuenta de Twitter. Y, seguro de que conseguirán la absolución, añadió: “Seguiremos en pie ante la voluntad represiva de un Estado que considera que la democracia es delito”. Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, apeló a las fuerzas independentistas a recomponer su “unidad” para hacer frente a la “represión” del Estado. “Con este Estado no hay nada que hacer. La única respuesta es la represión y criminalizar aún más el 1-O, lejos de lo que había prometido el PSOE”. Asimismo, el expresident Carles Puigdemont se solidarizó con los acusados: “Es una pura persecución ideológica, y lo saben incluso quienes se lo miran de perfil o lo justifican”.