El Consejo de Ministros aprobó este lunes un decreto ley que extiende el gravamen a las grandes energéticas pero que aún está pendiente de su convalidación en el Congreso con los recelos de PNV y Junts como mar de fondo. Un escenario en el que Moncloa parece querer atraer a los jeltzales mediante un acuerdo con EH Bildu que, según hizo público la coalición soberanista, se incluye una disposición adicional segunda para la revisión y concertación del gravamen en el sistema tributario de la CAV y Nafarroa. “Este acuerdo garantiza que sean las haciendas forales quienes recauden y gestionen los ingresos derivados de esta medida, fortaleciendo así el autogobierno fiscal vasco”, celebró Bildu en un comunicado. “No existe ninguna razón válida para que el PNV se oponga”, por lo que le insta a “abandonar las excusas y a apoyar la convalidación. No hacerlo supondría perder más de 67 millones de euros anuales para las arcas forales”, lo que creen clave para garantizar servicios públicos y políticas sociales.
Desde el PNV lamentan la “falta de rigor y seriedad a la hora de anunciar supuestos acuerdos que deben ser tramitados en el Congreso”. “Roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten como salvadores del autogobierno vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno”, censuraron fuentes próximas a los jeltzales.
La formación nacionalista reitera que lo fehaciente es que el Consejo de Ministros había aprobado un decreto ley específico creando un gravamen a las energéticas “que va contra el corazón del autogobierno vasco: el Concierto Económico”. “Bildu está dando carta de naturaleza una vez más a un gravamen, lo que es una carga de profundidad a futuro para el Concierto Económico. Bildu afirma que, tras convalidar el gravamen, en su tramitación como proyecto de ley, se convertirá en un impuesto y que se concertará o conveniará con las haciendas forales. Esto mismo ya estaba recogido en el Decreto 8/2023 para el año 2024 y no se ha realizado. ¿Cuál es la novedad que dicen haber conseguido? ¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?”, desgranan los jeltzales.
El PNV insiste en que no aceptará un gravamen y recalca que “si se quiere modificar la fiscalidad de las empresas porque se entiende que debería ser mayor, revísese el Impuesto de Sociedades”. “No valen los parches. Las cosas o se hacen bien o no se hacen”, sentencian.
Un movimiento que se hizo público después de que Pedro Sánchez explicara que la norma introduce “un incentivo fiscal” para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización se puedan deducir del impuesto. “Estamos demostrando que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde”, argumentó el presidente español, quien recalcó que “este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas fuerzas políticas en la medida en que establecemos este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, puntualizó en referencia a las diferencias que este gravamen ha generado entre los socios de investidura.
La extensión a 2025 es un compromiso del Ejecutivo de coalición con ERC, EH Bildu y BNG, a la que se oponen PNV y Junts por diversos motivos, entre ellos que se puedan poner en riesgo las inversiones de estas compañías. La idea inicial del Ministerio de Hacienda era prorrogar el gravamen que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Pero esa tasa quedó derogada con la entrada en vigor de la reforma fiscal, que incluía una disposición para ese propósito que consiguió prosperar en las Cortes por los apoyos de PNV y Junts. Moncloa se verá obligado a negociar los apoyos a este decreto ley que necesita de toda la mayoría de la investidura para ser convalidado, votos con los que de momento no cuenta. “Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento pero salimos a ganar con humildad y evidentemente no damos un balón por perdido”, se limitó a predecir Sánchez.
Gestos desde hacienda
Hacienda ofrece que el decreto se tramite después como proyecto de ley para transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer también a Podemos, que rechaza la temporalidad. El gravamen incluye otra característica para buscar sumar a jeltzales y Junts en la convalidación: que se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, algo que el Ejecutivo pactó en un inicio con los posconvergentes. Sin detallarlo, Hacienda explica que esas inversiones serán consideradas en función de su magnitud para contribuir al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales.