En plena polémica por la posible amnistía a los condenados por el 1-O, el Gobierno español tramita ya los indultos a los penados por el caso de los ERE, pese a que al encontrarse en funciones la ley le priva de conceder esta medida de gracia. Tras un año de espera, el Ministerio de Justicia ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que emita los informes sobre la situación de los afectados, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La titular del departamento, Pilar Llop, y la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, subrayaron que están procediendo “sin ninguna novedad, más allá de los pasos administrativos debidos”. “Los indultos, y en este caso el de Griñán, se tramitan como todos, se les ha dado el mismo curso que a todos, ahora están en fase judicial y seguirá también su tramitación ordinaria”, sostuvo la responsable de este área respecto al futuro de los nueve condenados por el Tribunal Supremo (TS) a penas de malversación y prevaricación. La petición se dirigió directamente a la Sección Primera, que fue la que juzgó y condenó a los dos ex presidentes (Griñán y Manuel Chaves) y a los otros ex altos cargos del PSOE de la Junta por el expolio de 679 millones de euros de fondos públicos repartidos de forma arbitraria y sin control.
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pasado mes suspender las penas de prisión que les fueron impuestas mientras se estudia el fondo de su recurso de amparo contra la sentencia condenatoria del Supremo. Además del propio Griñán –cuyo ingreso en prisión quedó suspendido al estar en tratamiento por un cáncer–; demandaron el indulto los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, además de los viceconsejeros Agustín Barberá –no logró la suspensión de la condena pese a padecer un tumor maligno– y Jesús María Rodríguez, así como el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano y el ex director general Juan Márquez. Justicia quiere que los magistrados que adjunten la sentencia recojan la hoja “histórico-penal” de los condenados que han entrado en la cárcel, el tiempo que han pasado ya en ella y su informe de conducta como interno. Sánchez, de mantenerse en el poder, encararía una decisión nada fácil ya que el Código Ético del PSOE impide “apoyar el indulto de cargos condenados por corrupción”. El artículo 8.1 del dicho reglamento expone lo siguiente: “No proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”.
Enfado del PP
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró sorprendido por “la falta de disimulo” del Gobierno socialista a la hora de hacer un “uso maniqueo” de la figura del indulto para beneficiar a sus aliados o a los miembros del PSOE. “Creo que esto no va bien. Hace falta sensatez, un poquito de rigor y espero escuchar las explicaciones del Gobierno”, consideró. Incidió que en el caso de los condenados por el caso de los ERE se trata de “hechos muy graves” que crearon “un menoscabo para los fondos públicos”. El PP exigió además a Sánchez que aclare si avala “con un autoindulto” la gestión socialista de los ERE en Andalucía, que considera “el mayor caso de corrupción de la historia” en el Estado, según el coordinador general, Elías Bendodo. Para el exportavoz de campaña, Borja Sémper, parece que “alguien está presionando” al líder del PSOE diciéndole: “Si vas a beneficiar a los malversadores independentistas, tendrás que beneficiar a los malversadores socialistas”.