El Gobierno español considera "inaudito" que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya pronunciado sobre una ley que no existe, en referencia a la de amnistía, y hubiera esperado que abordara con "la misma celeridad" su "mandato caducado".
"Igual hubiera estado bien que estas mismas personas que conforman este órgano de gobierno de los jueces hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta muy directamente, que es su mandato caducado en los últimos cinco años, una situación totalmente anómala que está generando (...) incumplimiento del mandato constitucional de renovar el CGPJ", ha sostenido la portavoz del Gobierno español en funciones, Isabel Rodríguez.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha criticado que los miembros del CGPJ, "personas con estos conocimientos y estas trayectorias", hayan emitido un pronunciamiento sobre una norma "que no existe y de la que desconocen su contenido".
El futuro del órgano
Respecto a la futura renovación del órgano de gobierno de los jueces, la ministra en funciones ha arremetido contra el Partido Popular, en el que, ha dicho, "no se puede confiar" porque "dejó de ser un partido de Estado" que lleva cinco años "incumpliendo la Constitución".
Rodríguez ha expresado la intención de que el futuro Gobierno pueda abordar esta cuestión que es "un lastre" para el país "en su reputación ante las instituciones europeas".
La portavoz ha rechazado este martes pronunciarse sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de dirigir la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.
"Saben que desde esta mesa no debo emitir opiniones políticas sobre las decisiones judiciales. (...) Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía. No emitiré juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, como todas las decisiones jurídicas, son respetadas por el Gobierno de España", ha aseverado Rodríguez.