“Se trata de una medida excepcional que no implica pedir perdón ni perdonar”. El pronunciamiento de Patxi López ha dejado un mejor regusto en Junts que aquel poso destilado inicialmente por Pedro Sánchez en su sesión de investidura. Las palabras del portavoz socialista y las manifestaciones de sus socios en el impulso de la ley de amnistía han justificado la toma en consideración de esta normativa como un modo de poner en práctica la “política de la esperanza” frente a un PP que ve en este paso una forma de “corrupción” y que amenaza con poner en marcha comisiones de investigación sobre los pactos con el independentismo catalán, que no duda en dirigir su mirada hacia otra fase, la del referéndum de autodeterminación. El PSOE ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de “engañar” con el falaz argumento de que atenta contra la igualdad con el único fin de “meter miedo” a la ciudadanía, erigiéndose en “anunciadores del Apocalipsis”, una hipérbole estratégica que también han denunciado los aliados de Sánchez, mientras que el líder de Génova, que ha asegurado asistir “a la sesión en el Congreso más triste y decadente desde el 23-F”, se ha dedicado a regar sin cesar su discurso de epítetos como “humillación, vergüenza nacional y bochorno internacional”.
López ha tratado de desmontar las críticas negando que se esté procediendo a una decisión inconstitucional o que choque con el Derecho comunitario. “Ustedes tienen el derecho a protestar y a patalear, pero no pueden engañar a la gente diciendo que lo hacen en nombre de la democracia, del Estado de derecho, de la Constitución y de la igualdad porque es radicalmente falso”, ha clamado el portavoz socialista, quien ha recriminado al PP que busque “alimentar el conflicto”. A su vez, ha puesto en valor cómo el PSOE, en lugar de optar por “negar el problema, por la rabia o por mantener la confrontación hasta el infinito”, ha perseguido salidas en el laberinto. “Solo dice que estamos peor aquél que abandona Catalunya para buscar a su costa votos en otras partes”, ha deslizado, abogando por la concordia. López ha censurado al PP por tratar de ejercer como si fueran miembros del Tribunal Constitucional, que es el que deberá dirimir si la norma choca con la Carta Magna, y ha recordado que “no habría Transición ni Constitución sin amnistía”. “La Constitución no la incluyó pero tampoco la excluyó ¿Qué sentido tendría que las mismas Cortes que dieron una amnistía en octubre de 1977 la prohibiesen solo meses después?”, ha interpelado. A su juicio, “no se puede sostener que perdonar torturas, asesinatos y el sometimiento de todo un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado, y superar la fractura en Catalunya con el mismo instrumento es romper España y acabar con la democracia”. Por eso, ha precisado que “la amnistía no es pedir perdón, perdonar ni olvidar, sino poner la memoria y las lecciones de lo sucedido al servicio del interés general”.
Contra Sánchez
Pero el PP también ha llevado el argumentario desde su casa hasta el extremo de comparar la sesión vespertina de este martes con el golpe de Estado de 1981. Feijóo ha insistido en que esta norma es “el primer pago de una investidura que Sánchez ha comprado” para seguir en La Moncloa y se hace a costa de “un retroceso democrático”. “Se trata de un fraude, es corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y una humillación al pueblo español”, ha proclamado envalentonado por su bancada, reprochando la baja de Sánchez, que viajaba para intervenir este miércoles en Estrasburgo, y destacando que la primera norma socialista que se debatiera en la Cámara baja no fuera para “aliviar las cargas de los millones de familias que no llegan a fin de mes” sino para “establecer diferentes categorías de ciudadanos”. Según su visión, queda abierta la espita a que el Gobierno “borre arbitrariamente cualquier delito de cualquier naturaleza, siempre que se aleguen razones políticas al cometerlo y reconciliación social al amnistiarlo”.
El líder del PP ha avisado al Ejecutivo de Sánchez de que si no les dan de forma “voluntaria” toda la información sobre “sus negociaciones en el extranjero” con el independentismo, en alusión a las reuniones con Carles Puigdemont, el PP abrirá una comisión de investigación. “Y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo. Todo lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobra cada mediador, cuál es el contenido y alcance de la negociación y qué están negociando en nombre de los españoles”, ha zanjado sobre una que iniciativa podría registrarse en el Senado, donde el partido tiene mayoría absoluta. “No sé si queda en sus bancadas atisbo de vergüenza de saber que van a votar contra su programa electoral, contra su biografía política y contra nuestro Estado de derecho”, ha añadido.
Referéndum
Desde el independentismo, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha sostenido que la aprobación de esta ley “en ningún caso será una renuncia a la independencia de Catalunya” sino “un reconocimiento al error de haber judicializado un conflicto político”. “Esta ley no es ninguna medida de gracia, es una medida necesaria que surge del acuerdo entre demócratas para acabar con la judicialización de la política”, ha reseñado citando a Puigdemont. Junts y Bildu han matizado además que la amnistía favorecerá a los jueces del lawfare al no ser escrutados por instancias europeas. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha apostillado que “en Catalunya estamos preparados para ganar o para perder un referéndum”, y dirigiéndose al Congreso lanzó: “¿Y ustedes?”. Aina Vidal, diputada de Sumar, ha confrontado a Feijóo que la amnistía “no vende ningún país, y Podemos se ha estrenado en el Grupo Mixto con un reproche al PP por ser “quien rompe España”.
Posición del PNV
Desde la óptica vasca, el PNV ha defendido la “oportunidad y conveniencia” de que salga adelante la ley de amnistía, que la formación nacionalista entiende como una “operación política de largo alcance” que ayuda a la convivencia y cierra un ciclo político traumático, y que cree que no debe analizarse desde la perspectiva de la “mercancía política”. El jeltzale Mikel Legarda ha emplazado a alejarse de la “retórica inflamada de humillación y agravio” sobre la nueva normativa que ha sustituido “los argumentos por exageraciones que no ayudan a pensar en términos de racionalidad democrática”. Con esta proposición se vuelve a estar debatiendo sobre cuál es la mejor forma de abordar las crisis constitucionales en torno a distintos sentimientos de pertenencia nacional en el Estado, ha corroborado el diputado, incidiendo en que el hecho de que llegue al Congreso “acomodada en la negociación de investidura” no desvirtúa las bondades de sus consecuencias.
De esta forma, ha asegurado su encaje constitucional, negando que vulnere la igualdad ante la ley y la separación de poderes y deslegitime el Estado de derecho, y subrayando que se trata de defender el interés general, ya que busca pacificar una situación, mejorar la convivencia y normalizar la vida política en Catalunya y la paz social. Tres objetivos que para el PNV son “justificación suficiente y razonable para sostener el principio de legalidad y enervar las críticas de arbitrariedad”. Para Legarda, la ley de amnistía abre la puerta al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad mediante el diálogo y la negociación, porque “la solución no llegará a través de la judicialización, la crispación y el choque de trenes permanente, sino mediante el acuerdo institución, político y social que favorezca la conveniencia”.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu la ha avalado como una medida “audaz y positiva que vuelve a traer a la política lo que nunca debió salir de ella”. “Esta ley es positiva, al igual que los indultos, porque se acaba con una injusticia, y se abre el camino al diálogo y la negociación”, ha verbalizado el dirigente soberanista, concretandoo que esta ley “no soluciona el conflicto político pero lo desembarra y facilita que con el diálogo, la negociación y el acuerdo se pueda resolver el encaje en el Estado”.