Montero concertará el impuesto a los ricos con las haciendas forales pero no las informó

A nadie se le escapa que la fiscalidad es también un instrumento político con el cual los gobiernos pueden marcar una dirección ideológica determinada. Pero, en las últimas semanas, el debate de los impuestos entre el PSOE y el PP en el Estado ha caído de lleno en el terreno del combate partidista en puertas de las elecciones municipales de mayo, y el análisis técnico corre el peligro de quedar reducido a una nota a pie de página. Después de que algunas comunidades del PP, como Madrid, Andalucía y Galicia, hayan anunciado rebajas en el Impuesto de Patrimonio en forma de bonificaciones, el Gobierno español del PSOE y Unidas Podemos ha contraatacado con la creación de un impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, que pretende esquivar esas maniobras y abundar en la idea de que es un gobierno que planta cara a las élites, como ya ha hecho con las tasas a la banca y las energéticas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció en rueda de prensa para anunciar un impuesto que gravará las fortunas superiores a los tres millones, que se aplicará en 2023 y 2024, y afectará a unas 23.000 personas en todo el Estado y recaudará 1.500 millones, una cifra que no es muy llamativa en el conjunto estatal. El cruce de medidas provoca una maraña fiscal cuyo impacto no está claro. Al mismo tiempo, Montero anunció un paquete fiscal con retoques en el IRPF y Sociedades. Medidas como la decisión de elevar mil euros el límite de las rentas exentas hasta los 15.000 euros al año fueron recibidas en algunos ámbitos como un conato de rectificación tras haber criticado las propuestas de deflactación.

A preguntas de la prensa, la ministra dijo que los cambios en el IRPF y en Sociedades no afectarán a las haciendas forales de la comunidad autónoma vasca y la navarra porque son impuestos de su competencia y, en cuanto al nuevo impuesto a los ricos, prometió que se concertará con esas haciendas. “No tengan ninguna duda”, aclaró. Ahora bien, está por ver su afección real en Euskadi, porque la intención es arañar recursos de las comunidades del PP que han bonificado el Impuesto de Patrimonio. ¿Por qué? El dinero que paguen los contribuyentes por el Impuesto de Patrimonio se podrá deducir del nuevo impuesto, lo que significa que todo aquel que ya pague por Patrimonio no se verá afectado por esta nueva figura, o no tanto. Montero no se molestó en ocultar que las comunidades que han mantenido inalterado el impuesto no se verán afectadas. 

En un intento de mimar a sus socios del PNV, dijo que el comportamiento de las haciendas forales con ciertos impuestos sirve “guía e inspiración” para el Estado. En cualquier caso, el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, denunció no haber sido consultado previamente y vio electoralismo.

El impuesto a los ricos

El nuevo impuesto a los ricos, que se tramitará por vía parlamentaria, tendrá tres tramos. Entre 3 y 5 millones de riqueza neta, se pagará un 1,7%. Entre 5 y 10, habrá que abonar un 2,1%. Por encima de 10 millones, se gravará en un 3,5%. Lo presentó como un modelo distinto a quienes respaldan a las élites y abogan por un “Estado mínimo” y un “vaciamiento fiscal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, la acusó de generar “incertidumbre fiscal e inseguridad jurídica”. “Que nos dejen en paz”, disparó.

Además, habrá cambios por vía presupuestaria. Anunció que quienes cobren hasta 15.000 euros al año no tendrán que pagar IRPF, frente a los 14.000 actuales; y se ampliará hasta los 21.000 euros el beneficio fiscal para rentas de 18.000 euros. Se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros. Para las plusvalías superiores a 300.000, subirá al 28%. Se rebajará el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas en Sociedades si su cifra de negocios es inferior a un millón de euros. El IVA, regulado por el Estado, bajará del 10% al 4% en los productos de higiene femenina y también en preservativos. Con todas las medidas se pretenden recaudar 3.144 millones y han sido pactadas por PSOE y Podemos en el diálogo presupuestario.