El Gobierno central espera poner fin esta semana a la crisis abierta en la asistencia sanitaria de Muface, después de que Adeslas y Asisa hayan confirmado su adhesión a las nuevas condiciones del concierto para los próximos tres años. Este martes, 4 de marzo, acaba el plazo para que las aseguradoras formalicen su adhesión al sistema de Muface.
Cinco meses después de que la primera licitación quedara desierta, el Ejecutivo central ha logrado mejorar las condiciones para atraer a las compañías aseguradoras. En noviembre del año pasado las empresas del sector rechazaron participar en el concurso al considerar que las primas ofrecidas no cubrían los costes, lo que ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Para evitar un colapso, el Ministerio de Función Pública llevó a cabo una consulta preliminar de mercado y ajustó la oferta. Finalmente, el Gobierno español incrementó el presupuesto del concierto hasta los 4.800 millones de euros en tres años, lo que supone un aumento del 41,2 % en las primas medias.
Gracias a estas modificaciones, Asisa, Adelas y SegurCaixa han confirmado su permanencia en el sistema, mientras que otras aseguradoras, como AXA y DKV, todavía analizan su posible incorporación. La decisión definitiva se conocerá el 5 de marzo, cuando se abrirán los sobres con las propuestas presentadas.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha querido trasladar tranquilidad a los mutualistas de Muface, asegurando que la cobertura sanitaria está garantizada gracias a la prórroga del concierto actual hasta que el nuevo acuerdo entre en vigor el 1 de abril de 2025.
“El proceso sigue abierto, pero parece evidente que hay muestras de interés y decisiones tomadas por parte de varias aseguradoras”, señaló esta semana Óscar López.
FUTURO DE MUFACE
Más allá de la resolución de esta crisis, la situación ha reavivado el debate sobre el modelo de Muface y su futuro. Actualmente, el sistema permite a los funcionarios elegir entre la sanidad pública y una cobertura privada cofinanciada por el Estado. Sin embargo, dentro del propio Gobierno que preside Pedro Sánchez existen posturas encontradas sobre su continuidad.
Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo central, ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de eliminar progresivamente el modelo, apostando por la integración de los funcionarios en la sanidad pública. De hecho, el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe que apunta en esa dirección.
El PSOE, por su parte, sostiene que cualquier debate sobre el modelo debe abordarse una vez garantizada la estabilidad del sistema para los próximos tres años. Óscar López insistió en que el objetivo prioritario es asegurar la asistencia sanitaria de 1,5 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares, antes de plantear cualquier reforma estructural.
CONFLICTO
Presión sindical. UGT y CCOO han solicitado mejoras en la financiación para asegurar la viabilidad del sistema sin comprometer a las aseguradoras. Por su parte, CSIF ha adoptado una postura más combativa, llegando a amenazar con movilizaciones si la licitación volvía a quedar desierta.
Otros sindicatos del sector público (ANPE, Fedeca, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han creado una plataforma para defender y exigir conjuntamente la continuidad del servicio.
Los sindicatos han defendido con firmeza la continuidad del modelo Muface y exigen al Gobierno central y a las aseguradoras que hagan un esfuerzo conjunto para garantizar su sostenibilidad.