La división en el seno del feminismo también es palpable con la Ley del solo sí es sí que ha abonado el terreno para el enfrentamiento y ha creado dos bandos. La nueva norma, reflejo de años de reivindicaciones del movimiento feminista para alcanzar la libertad sexual de las mujeres y enfrentar las violencias sexuales, ha generado de nuevo dos corrientes enfrentadas. Mientras unas celebran que se modifique la ley pues consideran que está “mal hecha”, otras defienden la norma de Irene Montero y dicen que subir las penas no es la solución.
Porque en las visiones de la ley, que estuvo a punto de naufragar en varias ocasiones, existen marcadas diferencias. Una parte considera que el feminismo punitivo ha quedado superado, y defiende sin fisuras la postura adoptada por Igualdad porque “toda la atención y enredo mediático y político se ha centrado en la rebaja de penas que algunos jueces han hecho en su interpretación de la ley, vulnerando el espíritu de la misma”. Al tiempo que critican que muchos medios de comunicación hayan “desinformado y alimentado el miedo social”.
“Más penas no nos protegen”
A su juicio, “aumentar las penas no nos protege, ni nos ha protegido nunca. La protección efectiva de las mujeres se procura, por el contrario, con las medidas que establece esta ley porque, según explican, “elimina las diferencias que en la legislación anterior existían entre abuso y agresión sexual, con lo que otorga gravedad a actos que antes se consideraban menores por no ser nombrados como agresión, por ejemplo la sumisión química”. Y no sienten ninguna necesidad de que sea “corregida” a pesar que haya provocado más de 700 rebajas de condenas y 70 excarcelaciones de agresores sexuales.
Para ellas, “el consentimiento explícito de las mujeres es lo que determina en esta ley si existe o no agresión”. Y resaltan, fundamentalmente, que se ponga el foco en el agresor “y no en la víctima como ocurría hasta ahora”.
Sin embargo, otras feministas expresan una visión más crítica y se muestran favorables a la reforma del proyecto estrella de Igualdad que tardó más de un año en ser remitido a las Cortes por las discrepancias en el seno de la coalición de gobierno, principalmente con Justicia, dirigido entonces por Juan Carlos Campo. Ellas subrayan que el verdadero problema sería “no hacer nada tras las rebajas de condenas a algunos agresores sexuales desde la entrada en vigor de la ley”, ya que sostienen que “lo que queremos, como ciudadanas, es que se arregle lo que está pasando”.
Y es que apuntan que la reforma no sería una vuelta al sistema anterior sino que se propone que “siempre teniendo en cuenta la ausencia de consentimiento, exista una pena mayor si esta agresión se ha realizado empleando violencia o intimidación”