El departamento de Desarrollo Rural ha multado a siete empresas del sector agroalimentario en Navarra el año pasado al infringir la ley de la cadena alimentaria, consistente en evitar vender a pérdidas en cada uno de los eslabones que la componen. El montante de estas sanciones supera los 560.000 euros. Tres de ellas han realizado el abono; otras tres se encuentran en ejecución de pago y una ha recurrido al tribunal contencioso administrativo por rechazar esta penalización.
Los incumplimientos detectados están relacionados con la aplicación de precios por debajo del coste de producción, por sobrepasar los plazos de pago o por hallar diferentes problemas en los contratos.
De esta forma, el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente especifica que en la pasada campaña multaron a estas empresas por cinco motivos: no pagar a agricultores o ganaderos en el plazo de 30 días estipulados por ley y que comienzan a contar una vez entregan los productos perecederos; abonar por el género un precio inferior al que le ha costado al productor; comprar un alimento sin contrato, ya que la normativa obliga a formalizar por escrito los contratos alimentarios; modificar o incumplir las cláusulas contractuales y redactar contratos incompletos.
Seis más
Las sanciones de las siete empresas sumaron más de 560.000 euros, con una media de 11.000 euros en el caso de las pymes. Además, el departamento indica que otros cinco expedientes se encuentran actualmente en proceso de control o de instrucción para su sanción, y otro expediente con incumplimientos se ha trasladado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por “motivos de competencia”, cuentan estas fuentes.
Ante los castigos impuestos, la empresa puede actuar de tres formas: reconocer el incumplimiento y pagar voluntariamente, con un descuento del 50%; aceptar la responsabilidad de la acción pero no realizar el abono de manera voluntaria, o acudir al tribunal contencioso administrativo para que un juez decida si dicha multa es correcta.
Transformadoras
El año pasado el departamento seleccionó 22 empresas para controlar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, la mayoría de ellas se dedican a la transformación y comercialización de productos agrícolas. Por sectores, Desarrollo Rural visitó dos bodegas, 14 negocios del sector de frutas y hortalizas –como conservas y congelados vegetales–, un trujal de aceite, una compañía que comercializa frutos secos y cuatro mercantilizan cereal. De esas 22 inspeccionadas, una aglutina más de 250 trabajadores y trabajadoras, y el resto se encuadra en la definición de pymes. De estas 22 salieron las siete empresas sancionadas.
Once controles en 2023
El plan de este año contempla la visita a once empresas de los sectores vitivinícola, cárnico, forrajes, y frutas y hortalizas. Además, se va a hacer un seguimiento en las empresas que arrastren indicios de incumplimientos, denuncias o comunicaciones de posibles abusos.
Cómo es la selección
Desarrollo Rural y Medio Ambiente explica que la selección de empresas para su correspondiente control se lleva a cabo en dos fases. En primer lugar, desde el departamento establecen los sectores susceptibles de esos exámenes según criterios basados en sus volúmenes económicos, infracciones descubiertas en anteriores acciones o problemáticas específicas que pueden ocurrir en actividades determinadas.
Una vez obtenida esta información, escogen las empresas según el tamaño de acuerdo a parámetros como la facturación, el número de trabajadores y trabajadoras o la importancia de la actividad económica. Estos profesionales analizan en cada empresa los contratos de un mínimo de cinco proveedores.
Mejoras en las contrataciones
Tras las actuaciones llevadas a cabo los dos últimos años, Desarrollo Rural manifiesta que han constatado “mejoras en las condiciones de contratación, principalmente en una corrección de los precios por debajo de los costes de producción; además de una reducción de los plazos de pago y un aumento de la formalización de contratos antes de la entrega de los productos”.
En la actual coyuntura de incremento de los precios de la cesta de la compra –febrero marcó en Navarra un aumento histórico del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior–, desde el departamento advierten de que debe haber “un control efectivo en la cadena de comercialización agraria para evitar que se tope el valor de los alimentos en el punto de venta mediante la compra de productos por debajo de costes a las personas agricultoras y ganaderas”.
Otras medidas
Además de estos controles, desde la Administración se han impulsado acciones divulgativas para concienciar sobre el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Contactaron con bodegas, remitieron cartas a empresas del sector de la carne, mantuvieron reuniones informativas con representantes de cooperativas y respondieron consultas, vía telefónica o correo electrónico, de compradores y productores agrarios. Esta campaña fue una prolongación de la iniciada en 2021, en la que lanzaron comunicaciones a los agentes del sector sobre la importancia de la normativa, como sindicatos agrarios (UAGN y EHNE), cooperativas y empresas.
Este año continuarán con los mensajes de sensibilización, desarrollarán una herramienta para calcular los costes de producción y pondrán en marcha el Observatorio de la Cadena Alimentaria.
Acciones en 2023
Obligación en el Registro de Contratos Agroalimentarios. A partir del viernes 30 de junio, deben incluirse las relaciones contractuales de compraventa agroalimentarias de importes superiores a mil euros en el Registro de Contratos Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra va a hacer hincapié este año en este tema dentro de su campaña de difusión y sensibilización de la ley de la cadena alimentaria. Van a informar sobre esta cuestión a
Organizaciones agrarias y a agrupaciones profesionales del sector agrícola y ganadero. Ya se están elaborando contratos tipo con el fin de facilitar a los operadores, tanto productores como industria, el cumplimiento de la ley de la cadena; y a partir de junio estarán a disposición de los operadores en el portal navarra.es.
Una herramienta para calcular los costes de producción. El departamento e INTIA están desarrollando una herramienta para calcular los costes efectivos de producción. Permitirá incorporar las distintas actividades que se hacen durante el cultivo de un producto, y cuantificar las unidades empleadas, y asignarles un importe unitario, de forma que se determine el coste efectivo de producción para un productor específico. Además, se publicarán los costes medios de producción de distintos cultivos y producciones ganaderas para que productores y compradores dispongan de un coste de referencia, que aunque no sea obligatorio, permite conocer en qué rango se mueven esos costes.
Observatorio de la Cadena Alimentaria. En 2023, se va a poner en marcha el Observatorio de la Cadena, ubicado en una página web del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que recopile toda la información sobre la herramienta de costes de producción. Este observatorio será un instrumento de información, pero no solo para los productores sino también para los agentes de la cadena comercial de productos agrarios, porque “aportará transparencia sobre la formación de los precios”, concluyen.