No habrá deflactación general de la tarifa del IRPF, que ya se ha aplicado en otras comunidades. Los socios del Gobierno volvieron a rechazar ayer una medida que acompasa los tramos del IRPF al IPC, y abogaron por una deducción para las rentas medias y bajas. Una medida pactada ya en mayo y que sigue pendiente de aprobación, a la espera de que el Departamento de Hacienda concrete una reforma fiscal para el próximo año.
PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos mantienen estos días diversas reuniones para acordar una propuesta tributaria que alivie la situación de las rentas medias y bajas. Inicialmente se habló de una deducción del 3% para rentas de hasta 32.000 euros, aunque esa cifra se podría elevar algo más. Sobre la mesa hay también algunas deducciones e incentivos fiscales adicionales, pero sin detalle todavía. Será una reforma costosa desde el punto de vista presupuestario y Hacienda quiere atar bien los detalles para evitar que se le descuadre el presupuesto.
De hecho, en 2023 tendrán efecto algunas de las medidas anunciadas en los últimos meses, con un impacto global del 85,4 millones. Se trata de la deflactación del IRPF aprobada el pasado año y que se ejecutará en la próxima declaración de la renta junto con el aumento de los mínimos personales y familiares y la bonificacion de 100 euros para rentas de menos de 30.000 euros aprobada junto a los presupuestos de 2022. A ello se suma además la deducción extraordinaria para micropymes y autónomos y las rebajas en el IVA de la luz o en el impuesto de la energía.
Pero las medidas se han quedado cortas a la vista de la inflación y el coste de la energía. Y en el Parlamento se debate ya sobre cuál es la alternativa más justa y efectiva. Para Izquierda-Ezkerra –y curiosamente también para Navarra Suma– para “rescatar a quienes lo van a pasar francamente mal” es imprescindible la deflactación de IRPF. “No deflactar es una subida de impuestos y presionar fiscalmente a quien menos renta tiene”, argumentó Marisa de Simón.
I-E se tuvo que conformar sin embargo con el único apoyo de la derecha, que lleva varios meses reclamando una medida similar, y aboga por “una deflactación progresiva entre el 6% y el 8,5% para rentas bajas y medias”. “El Gobierno de Navarra va a ingresar millones de euros gracias a un impuesto sibilino e injusto como la inflación”, señaló la portavoz de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros.
No tuvo más apoyos, así que la moción de I-E se quedó por el camino. Pero sirvió al menos para que los distintos grupos políticos vayan fijando posición de cara al debate que se llegará en las próximas semanas al Parlamento. El anteproyecto de presupuestos, aprobado el miércoles por el Gobierno, llegará a la Cámara el 4 de noviembre, y es posible que lo haga acompañado de una reforma fiscal. Serán los cuartos presupuestos de la legislatura.
Falta el apoyo de EH Bildu
De momento falta el apoyo de EH Bildu, que sigue negociando con el Ejecutivo foral. Hay buena sintonía en lo que se refiere a los gastos, pero siguen lejos las posiciones en materia fiscal. “Hacen falta medidas estructurales y no meramente puntuales”, reclamó Adolfo Araiz, que defendió la necesidad de abordar cambios no solo en el IRPF, también en Sucesiones, Sociedades o rentas de capital. En este último punto el portavoz de EH Bildu insistió en la “injusticia” que supone que quien percibe sus ingresos por las rentas del trabajo tenga que pagar más que quien gana la misma cantidad mediante rentas de capital. “Siempre se nos dice que nunca es el momento, pero la reforma fiscal no se puede rechazar más”, subrayó.
Pero no parece que los socios de coalición apunten a ese camino. Tanto PSN como Geroa Bai recordaron que hay ya un acuerdo de la mayoría de la Cámara, incluida Izquierda-Ezkerra, para aplicar una deducción extraordinaria en el IRPF, y acusaron a I-E de actuar con incoherencia. “No me queda claro si lo que nos pide es que quitemos su firma del acuerdo que firmamos en mayo o quiere que apliquemos las dos medidas”, ironizó Mikel Asiain, de Geroa Bai. En ese sentido, apuntó que su grupo hubiera apoyado la medida si no hubiera un acuerdo previo en torno a una medida alternativa.
En esa línea, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, defendió el conjunto de medidas extraordinarias aplicadas hasta ahora por el Gobierno foral, que cifró en 160 millones, y que reclamó el rigor en materia fiscal. “Lo que tenemos lo sostenemos entre todos”, subrayó Unzu, que recordó que ni I-E ni Navarra Suma apoyaron la deflactación aprobada en los dos últimos años. “Sin justicia fiscal no hay justicia social”, argumentó.
También Podemos sumó sus votos a los de sus compañeros de coalición, pero coincidió con EH Bildu en la necesidad de aplicar “medidas estructurales”. “Estamos trabajando en una deducción para quienes más han visto afectada su capacidad de gasto”, avanzó Mikel Buil. La negociación sigue abierta.