Cinco comunidades autónomas han recibido los mismos o más traspasos competenciales que Navarra desde que Sánchez es presidente.
La Comunidad Foral, que en septiembre de 2021 asumió la sanidad penitenciaria y desde hace muy poco ejerce totalmente la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha achacado la falta de concreción y los retrasos del Gobierno central.
Las dilaciones constantes del Estado han privado a Navarra de incluir ya en el Amejoramiento la histórica gestión del Tráfico en exclusividad para la Policía Foral, prometida en octubre de 2018 y que teóricamente llegará en marzo de 2023, además de otras materias.
En el caso de Tráfico, la competencia está a falta de un acuerdo en lo económico –la parte técnica y legislativa ya está hecha– que amenaza con echar por tierra el trabajo que arrancó la legislatura pasada con el Ejecutivo de Uxue Barkos.
Hace dos semanas, el presidente aseguró en el Senado que la competencia llegará en marzo. Pero el historial de aplazamientos en esta y otras competencias es amplio.
Dilaciones que señalan al socio mayoritario del Gobierno, el PSN, que ha recibido por parte de todo el arco parlamentario –desde Navarra Suma a I-E pasando por Geroa Bai y EH Bildu– críticas por cierta falta de ambición a la hora de reclamar a Moncloa más celeridad y claridad con los compromisos adquiridos, algo que también ha afectado a la recién actualizada aportación del Convenio Económico, que acumulaba un retraso de dos años.
No ha sido hasta hace muy poco tiempo cuando Navarra ha pasado a ejercer la gestión del IMV, cuyo complicado manejo dilató en unas semanas el traspaso efectivo previsto para octubre. Navarra también asumirá la gestión de los nuevos gravámenes a la banca y las energéticas, pero quedan asuntos por aclarar. Mientras, otras comunidades, algunas con menos margen de autogobierno, sí han conseguido amarrar los compromisos del Estado.
La CAV y Valencia, por delante
La primera, con diferencia, es la CAV. Es una de las comunidades con más autogobierno, pero además es un territorio clave en el Estado. En la actual legislatura, ha desempañado un papel político crucial, tanto con el Grupo Vasco del PNV como con el grupo de EH Bildu en el Congreso.
Desde 2019, la CAV ha asumido Instituciones Penitenciarias; el IMV –como Navarra–; el transporte por carretera; las prestaciones sanitarias del seguro escolar; las ayudas previas a la jubilación ordinaria a personas trabajadoras afectadas por EREs; la ejecución de la legislación sobre los productos farmacéuticos; el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.
Valencia cuenta por tres los traspasos: la ampliación de los medios patrimoniales en materia de conservación de la naturaleza; la ampliación de los medios patrimoniales en materia de patrimonio arquitectónico; y el control de la calidad de edificación y vivienda y la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos.
Catalunya negocia por las becas, el IMV y los edificios públicos y ha recibido dos: la ampliación de la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia; y la gestión del tributo sobre depósito de residuos en vertederos. En el grupo de Navarra están Baleares y Canarias, que han recibido los mismos: costas y gestión del tributo sobre residuos