Tras la negativa del Gobierno de España a la realización de una consulta popular de acuerdo con la Ley de Ámbito Local, la Junta General de Baztan acordó ayer, en sesión extraordinaria, realizar una consulta no referendaria para conocer la opinión de los y las baztandarras respecto al proyecto de mina que pretende llevar a cabo Magnesitas Navarras (Magna) en Erdiz. La consulta está prevista para el 23 de octubre, y los y las baztandarras deberán responder a la siguiente pregunta: ¿está usted a favor del proyecto de mina que Magna quiere hacer en Erdiz?.
Mientras en Baztan prepara la consulta, en el Parlamento de Navarra, este jueves, debatieron sobre ella, a raíz de una pregunta formulada por la parlamentaria de Navarra Suma, Isabel Olave al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez,
En su intervención, Olave afirmó que “la propuesta se ha elevado en la más absoluta inseguridad jurídica”. Señaló que por mucho que se apellide no referendaria, se ha aprobado con un protocolo de referéndum. Es una consulta ilegal de facto, que ya ha sido rechazada por el Consejo de Ministros, por lo tanto, en fraude de ley”. Criticó que ante la falta de un ceso se va a ceder el uso del padrón municipal, “un padrón que alguien va a certificar y que va a facilitar a las mesas y observadores, rompiendo la cadena de custodia de datos”, algo que “nadie ha autorizado”. En este sentido, exigió amparo al consejero.
La parlamentaria foral concluyó diciendo que “las consultas son una imprescindible y beneficiosa herramienta democrática cuando se realizan con garantías jurídicas y democráticas, pero si no, son una burda manipulación”. Por último, Olave señaló que Geroa Bai, socio de Gobierno del PSN, “conociendo la ilegalidad de la consulta se ha posicionado a favor de su celebración”, y preguntó por las acciones que va a emprender el Gobierno “ante esta convocatoria ilegal”.
Javier Remírez, afirmó que el Ejecutivo foral recibió recientemente copia del acta de la Junta del Valle en la que se informaba de la consulta, ante lo que el Ejecutivo foral ha solicitado una “ampliación de información”. Señaló que el Ayuntamiento de Baztan deberá remitir “el expediente completo y en particular los informes jurídicos del secretario que fundamenten” dicha consulta, en el plazo de diez días hábiles.
A partir de ahí, si del estudio de la documentación el Gobierno de Navarra considerase que la consulta pudiera infringir el ordenamiento jurídico, “se podrá optar por requerir que se anule el acto o directamente impugnarlo ante la jurisdicción contencioso administrativa”, apuntó Remírez.
Asimismo señaló que están trabajando “en coordinación” con el Gobierno de España y ha explicado que la Delegación del Gobierno ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado.