Navarra Suma pone pegas a las Zonas de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado varias objeciones contra el Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2023 en los municipios con más 50.000 habitantes.

Las ZBE son áreas en las que el acceso a determinados vehículos quedará restringido debido a sus emisiones contaminantes, una medida que está pensada para mejorar la calidad del aire de las ciudades, frenar la contaminación y el calentamiento del planeta.

La decisión de presentar alegaciones ha sido adoptada por Navarra Suma de forma unilateral, sin consultar a los grupos de la oposición, que han conocido el contenido de las mismas sin poder realizar aportaciones en la Junta de Movilidad, como se acordó.

La mayoría municipal se quejó en la Comisión de Urbanismo celebrada esta semana de la falta de información y acusó al equipo de Gobierno de oponerse a una medida diseñada por la Unión Europea.

Esta herramienta obliga a los municipios, antes del próximo año, a delimitar dentro de las urbes zonas para la restricción del tráfico ya sea en cuanto a circulación –acceso o aparcamiento– y en base a la clasificación medioambiental, según la etiqueta de la DGT.

Cada ayuntamiento podrá decidir cómo aplica las restricciones al tráfico rodado, con la única exigencia de tomar como referencia los distintivos medioambientales en base a la norma Euro de su mecánica: A (sin etiqueta), B, C, ECO y CERO.

En el caso de Pamplona, que es el único municipio de Navarra donde podrán introducirse las ZBE, el equipo de Gobierno ha puesto una serie de pegas a su implantación.

La primera, según consta en el informe al que ha tenido acceso este periódico, hace referencia a la financiación. "Va a suponer un coste importante a los ayuntamientos con obligación de hacerlo, cuestión que se va a compensar con los Fondos europeos Next Generation EU y el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también la gestión y evaluación van a ser muy gravosas para los ayuntamientos, tanto en coste de personal como en asistencias técnicas" se asegura en las alegaciones.

También critica los plazos porque "parece desproporcionado que quienes no la tienen implantada (la inmensa mayoría) tengan que hacerlo en un plazo cortísimo y que quienes la tienen implantada tengan cuatro años para adaptarla a los contenidos del real decreto".

El equipo de Gobierno rechaza que la obligatoriedad de implantar las Zonas de Bajas Emisiones se aplique en función de la población, "sin otra consideración como puede ser el índice de motorización o los niveles de calidad del aire y del ruido".

También pone en cuestión el concepto de que 'quien contamina, paga' con el siguiente argumento: "Es necesario tener en cuenta a las personas que no podrán acceder a vehículos con tecnologías más limpias, cien por cien eléctricos o incluso actualizar sus vehículos con más de 20 años de antigüedad, por lo que este concepto es necesario contemplarlo junto al de transición justa".

Para defender su postura, el Ayuntamiento plantea el caso de que se pueda "prohibir que un vehículo de más de 20 años entre en la zona pudiendo tener la persona propietaria necesidad de hacerlo y sin embargo uno más moderno que emita más contaminantes esté circulando dentro de la zona sin limitaciones".

Añade el informe que la antigüedad del parque móvil está íntimamente ligado al nivel socioeconómico y "que deberían plantearse medidas incentivadoras y facilitadoras para la progresiva actualización de estos sectores, además de las restricciones previstas para evitar ahondar en una brecha de movilidad".

Al menos Navarra Suma reconoce "que el contenido mínimo del proyecto de ZBE parece adecuado y acorde a los objetivos que se han establecido para la implantación de las zonas de bajas emisiones" pero considera complicado el cumplimiento del plazo de implantación.

En concreto, menciona que será imposible cumplir el punto 12, donde se hace referencia a las medidas de transformación y mejora de la red de transporte público, red peatonal y red ciclista, con calendario de entrada en servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la aplicación de la ZBE.

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó en el Pleno del 7 de abril una modificación presupuestaria por valor de 2.882.000 euros para gastos en proyectos que cuentan con financiación de los fondos europeos Next Generation EU.

Ambas partidas se incluyen en la encomienda a la empresa municipal Animsa para la implantación de los sistemas de gestión de esa zona.

Además, se reservan 72.043,76 euros para la contratación de una asistencia técnica para el diseño de la Zona de Bajas Emisiones en Pamplona.

Los sistemas de gestión de esa Zona de Bajas Emisiones requieren de inversiones en equipamiento para el control de la calidad del aire y del ruido o para el control de aforo e identificación de matrículas de cara a su puesta en marcha antes de 2023.