Bajo esa premisa, y sin perder de vista la autoridad que le conceden en su oficio y que tiene acreditada, abordamos con el jurista algunas de las cuestiones candentes de la materia sobre la que tanto sabe.
¿Qué le parece que el Tribunal Supremo haya abierto causa penal por terrorismo a Carles Puigdemont por el ‘caso Tsunami Democràtic’?
Como a la Fiscalía, me parece fuera de lugar. Añado que es un absoluto despropósito, que no podrá gustar ni tan siquiera a las asociaciones de víctimas del terrorismo, por equiparar unos hechos, a mi juicio leves, con otros tan graves como los que supusieron los actos de ETA, de los GAL y de otras organizaciones. Esta nueva situación la interpreto dentro de la mentalidad de la cúpula judicial y político-judicial de Madrid, donde, equivocadamente, consideran que las posiciones que sostiene desde un punto de vista más político que jurídico, deben ser compartidas y ratificadas por el resto del orbe. Yo, desde luego, al igual que como hicieron con anterioridad las instituciones judiciales comunitarias de Suiza, Escocia, Reino Unido y Bélgica, entre otras, no puedo compartirla, ni desde el punto de vista jurídico, ni político, ni social, por buscar exclusivamente la confrontación y no la normal convivencia entre todas las líneas de pensamiento. Vuelven a fallar.
¿Encuentra procedente la elaboración de una ley de amnistía ceñida específicamente a los hechos del ‘procés’?
Aunque tengamos la idea de que las amnistías se conceden en un espacio más bien general, la idea de la amnistía, y no veo inconveniente alguno en ello, es que, cuando menos en ámbitos democráticos, se refiera a espacios mucho más determinados, en supuestos en los que el normal desenvolvimiento de las instituciones, por la razón que fuere, no ha sido capaz de resolver algún problema que, como es el caso, afecta de forma importante a la convivencia general. Desde este punto de vista, no advierto obstáculo alguno en que la ley prevista se limite al ámbito del procés catalán.
¿Cabe en la Constitución?
La idea que subyace en el hecho de habernos dado una Constitución es la de facilitar del modo más global posible la convivencia y las libertades que deben presidirla. Desde este punto de vista, entiendo que cualquier ley, adoptada con toda legitimidad por parte del Parlamento, debe tener encaje en algún precepto de la Constitución. Yo no soy constitucionalista, pero he leído bastante al respecto de esta cuestión y advierto todo tipo de posiciones, por lo que concluyo que cualquier supuesto, en caso de duda, ha de tener encaje en la Constitución. Y más si existen dudas al respecto.
Desde luego, parece que esas dudas existen...
En todo caso, hablamos de la Constitución, una norma jurídicamente reciente, como si fuera, más que un encuadre para la convivencia, una limitación de nuestros derechos. No debemos verla así. La Constitución, considero, ni tan siquiera responde a todos los problemas que actualmente puedan afectar a las instituciones. Por ejemplo, si el rey tuviese un hijo varón, este tendría preferencia sobre su hermana mayor para reinar. Y, ¿nos parece correcta esta situación? Pues no. Por lo que, en el caso de que la Constitución no diera respuesta a los problemas, entiendo que deberíamos modificarla.
¿Entiende que haya juristas que digan que supone “la voladura del Estado de Derecho”?
No, para nada. No lo comentan como juristas. Son personas con afinidades políticas muy determinadas y contrarias al supuesto que se plantea. Entiendo su opinión, merecedora de respeto como todas, como una opinión personal, pero ni tan siquiera como una fundada opinión en Derecho, ni mucho menos profesional, toda vez que flaco favor hacen a la interpretación de las leyes que, como decía antes, en ningún caso deben ser inmutables, sino adecuadas a la realidad social. Ya no nos regulamos por las Partidas de Alfonso X el Sabio ni por las Leyes Fundamentales del Movimiento. Ahora vivimos otra realidad.
Da la impresión de que estamos ante un debate político e ideológico. ¿No se puede abordar desde un punto de vista eminentemente técnico o jurídico?
Parece que no. Es la idiosincrasia humana y el tiempo que nos ha tocado vivir. Todo el mundo opina, y no todo el mundo tiene conocimientos jurídicos. Pero insisto en que este tema, más que una derivada jurídica, a mi juicio, supone corregir unas actuaciones no muy felices de nuestros tribunales para mejorar la convivencia, finalidad de cualquier ordenamiento jurídico.
¿Cómo interpreta que haya jueces que parece que estén orientando sus instrucciones para neutralizar el efecto de la ley en preparación?
Yo apuntaría a que son personas en las que, al margen de su trabajo y de sus conocimientos jurídicos, pesa mucho más su ideología. Me preocupa en cuanto supone una importante quiebra a la independencia judicial.
Se habla mucho ahora de ‘lawfare’ o guerra jurídica. ¿Se da o se ha dado ese fenómeno en la práctica judicial en el Estado español?
Se ha dado en distintas intervenciones a lo largo del tiempo en asuntos en los que, como digo, ha pesado en los jueces más su ideología que su formación jurídica. Puedo citar como ejemplo la posición frente a la objeción de conciencia ante el servicio militar o, más recientemente, con resoluciones relacionadas con la cuestión vasca. En este caso, emanadas desde la Audiencia Nacional, donde residen un gran número de jueces estrella que siempre han pretendido hacer prevalecer su ideología frente a la aplicación del Derecho.
Hay jueces que se niegan a declarar en una comisión parlamentaria sobre ese asunto. ¿Entiende esa negativa?
Entiendo esa negativa, como entiendo la negativa de personas para no declarar delante de los propios jueces. Pero, como esta situación, aquella debería tener consecuencias. Una cosa es que declaren sobre temas de su jurisdicción, y otra, que se nieguen a acudir a la llamada de una institución democráticamente elegida por todos nosotros. Sistema de elección que, por cierto, no se da en la judicatura.
¿Es normal que la Justicia acabe decidiendo sobre las principales cuestiones que salen de las Cortes (aborto, eutanasia, ley trans…)?
A mi juicio, rotundamente no, en absoluto, salvo que el órgano encargado de ello sea el Tribunal Constitucional y, mejor todavía, los Tribunales Comunitarios. Insisto en que votamos a los parlamentarios, que en mi concepto son el órgano preferente sobre el resto de los poderes –ejecutivo y judicial–, pero en ningún caso es este último el que deba prevalecer.
¿Ve posible un acuerdo para la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva cinco años caducado?
El tiempo ha revelado la innecesariedad del órgano tal y como actualmente está concebido. Como advierto en todo ello una cuestión exclusivamente política, imagino que se resolverá cuando les apetezca a los políticos. Y en algún momento lo harán.
¿Habría que cambiar el modo de elección de ese órgano?
Como he dicho anteriormente, habría que cambiar quizás el órgano y sus funciones. Lo que en ningún caso concibo es derivarlo a un órgano gremialista en el que exclusivamente los jueces elijan a sus miembros, salvo que, naturalmente, dejaran de ser un poder del Estado y se redujeran a una organización estrictamente gremial. No me parece democrático que la ciudadanía esté al margen de la elección de los órganos de gobierno.
Otra cuestión que no sale tanto en los medios. La Audiencia Nacional ha anulado varias progresiones de grado de presos de ETA internos en cárceles vascas. ¿Ve un impulso político en esas decisiones?
Indudable. Ya he comentado la poca confianza que me merecen unos tribunales extraordinarios que pretenden ser un poder dentro de otro. Considero que la mayoría de sus decisiones son políticas, que desde el punto de vista jurídico no tienen un pase.
En los últimos meses han coincidido varias sentencias que limitaban o eliminaban el requisito del euskera en ofertas públicas de empleo. ¿Tiene poca sensibilidad la Justicia hacia la lengua vasca?
La Administración de Justicia es de corte estatal, y da la sensación de que no se encuentra cómoda con los derechos de las comunidades autónomas. Ahí incardino yo esta cuestión.