Es la única consejera actual que repite en las listas para las próximas elecciones autonómicas. ¿Tiene ganas de seguir en el cargo? ¿Le quedan aún cosas por hacer?
Estoy honrada y contenta porque el partido haya pensado que soy una persona adecuada para ir en las listas. Pero eso no significa que vayas en un cargo o no, ahora son las bases las que deciden quiénes vamos en la lista y en qué orden. Aún queda mucho. Lo importante es decir que, tal y como ha dejado claro el lehendakari, nos quedan muchas semanas para seguir trabajando, nos toca cerrar carpetas de las diferentes actividades que tenemos encima de la mesa. En el Parlamento vasco nos tildaban de gobierno en funciones, pero somos un gobierno de acción liderado por Urkullu. Tenemos que terminar el trabajo que tenemos en el programa de gobierno, planificando en el futuro, y terminar la legislatura.
¿Cuáles son esas carpetas pendientes que le quedan por delante?
Aprobar dos leyes, aunque una de ellas no tengo claro si será posible o no, la de Infancia y adolescencia, porque son 300 artículos y ya ha habido grupos políticos que han pedido continuamente un aplazamiento. Pero la que sí se podrá aprobar es la de cooperación, hay un gran acuerdo con el sector, la coordinadora ONGds, y la agencia y partidos políticos. Va a ser una ley interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo están las situaciones internacionales. Y el segundo Plan de servicios sociales, el Pacto social de los cuidados, el decreto de huérfanos víctimas de violencia… hay muchas cosas para poder trabajar.
El sistema de cuidados está suscitando polémica en la ciudadanía. Reflejo de ello es la histórica huelga feminista de hace escasas semanas. ¿Se está dirigiendo Euskadi hacia un modelo privado de cuidados?
No estoy de acuerdo. Hay dos reivindicaciones, una parte es cuál es el modelo de cuidados que tenemos que poner encima de la mesa, siempre hemos dicho que es un modelo público y comunitario. Mal que le pese a algunos o algunas es el modelo defendido por el Gobierno vasco. Puede ser hasta triste o peligroso que no nos encontremos en esos dos conceptos. Hemos puesto un Pacto social de cuidados encima de la mesa. Y por otro lado, hemos tenido un congreso internacional de cuidados al que han venido expertos de todo el mundo, sobre todo de la UE.
¿Y qué conclusión deja?
Han dicho que Euskadi es líder en hacer un modelo social de cuidados. Por lo cual no sé muy bien cuál es el problema. Y el tercero es la aprobación y la adhesión a la Alianza global de los cuidados. La ONU mujeres, que es la que marca muchas veces la agenda feminista el en mundo, nos ha dado una aprobación para entrar en su Alianza global de los cuidados. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Si hablamos de modelo comunitario y público no entendemos cuál es el problema, nos lo tendrán que decir. Lo de la privatización no lo termino de ver. Es más, hemos puesto encima de la mesa una herramienta: el decreto de concierto.
Explíquese.
Cómo relacionarnos desde el sector público con el tercer sector, para que no haya ánimo de lucro. ¿Dónde está el problema? En el tema de políticas feministas tenemos que buscar el bien común, la igualdad real y efectiva, y estamos hablando de una política de cuidados de redistribución de los cuidados, que los hombres tomen esa tarea de cuidados que hasta ahora no tenían. Que se representen las mujeres cuidadoras, que se reduzca el peso del cuidado familiar, y pase a ser poco a poco la gestión pública la que lo asuma, y reconocer y remunerar en condiciones dignas. Creo que estamos hablando de lo mismo que determinados colectivos cuando ponen una reivindicación encima de la mesa. Por eso, insisto, ¿dónde está la diferencia?
¿Cómo valora entonces la huelga?
Ojo con el tema de las huelgas. Se han intentando mezclar dos conceptos con bastante interés por parte de alguien. No voy a valorar las huelgas, porque es un instrumento que está encima de la mesa, pero hay que tener cuidado. Hay una utilización política de los cuidados, sobre todo de determinadas condiciones de las personas cuidadoras que hemos puesto encima de la mesa. Cuidado con el uso y manipulación de algunos sin contar con el colectivo, como ocurrió con las mujeres racializadas y migrantes. No tengo claro el motivo de la huelga, si eran condiciones laborales, u otros.
¿A qué se refiere?
Si hablamos del modelo de políticas de cuidados, eso ya está encima de la mesa. Están en la dinámica de desgastar al PNV, mediante la huelga u otras acciones quieren hacer un desgaste sindical y político al partido. Y se ha utilizado la huelga para ello; nada más. Hay una consigna para trasladar una imagen de caos desde el punto de vista laboral y de otro tipo y se ha usado la huelga para eso.
¿Qué ha supuesto la ley de igualdad vasca?
Euskadi fue la primera comunidad en tener una ley de igualdad; fue pionera. Hemos tenido muchos reconocimientos internacionales. Esto hizo poner las políticas de igualdad en el centro de la agenda política, nos ha dado un bagaje y sobre todo ha hecho un cultivo para que sigamos trabajando el políticas feministas, y ha hecho que se trabaje de otra manera la siguiente ley, la de marzo del 2022. Fue un proceso consultivo y participativo. Es una ley aprobada por todos los partidos, de gran consenso, y marca la ruta en políticas de igualdad, y para luchar contra la violencia machista. Tenemos que poner recursos, y empezar a trabajar porque nos jugamos el futuro. Hay discursos populistas que van en contra de los derechos humanos y sobre todo de las mujeres. Si nosotras no ocupamos el espacio de la igualdad alguien lo ocupará, hay que formar en igualdad para que nadie venga a ocupar ese espacio.
Estaba previsto arrancar con la Barnahus, un proyecto importante para la atención de menores víctimas de violencia sexual a finales de 2023, en Gasteiz. ¿Para cuando se prevé finalmente?
Lo importante no es el edificio, ni dónde va a estar. Lo más importante es cómo se construye para llegar a la Barnahus. Se ha trabajado mucho más en el contenido que en el continente. En Euskadi no conocíamos este tipo de trabajo, lo interesante ha sido trabajar en esa unificación de criterios y metodologías, se han distribuido las tareas. No está siendo fácil, porque somos cada uno de una institución diferente y forma de trabajar distinta. Pero el objetivo es proteger a las víctimas, sobre todo a los menores que han pasado por esas situaciones tan horribles. Hemos contado con la asesoría técnica de Save the children y estamos trabajando en esos flujogramas y colaboración, de servicios sociales, seguridad, educación, salud, equipos psicosociales, fiscalía… es un conglomerado enorme, estamos trabajando en ello. Hemos acordado que sean los servicios sociales quienes lleven las riendas del proceso de la Barnahus, dirigirán las actuaciones, porque la víctima es lo primero. Avanzamos sin pausa pero sin prisa.
Osea que no hay fecha para su apertura.
El edificio, el continente, no. El contenido si. El edificio se está haciendo.
Hace hincapié en el derecho de reparación de las mujeres víctimas de violencia machista.
Desde 2005 se está trabajando, y en Emakunde esta legislatura tenemos partidas para las asociaciones de mujeres supervivientes. Hay mucha relación con ellas, son mujeres con muchísima fortaleza, son mujeres que nos tienen mucho que enseñar. Una mujer que denuncia tiene una media de maltrato de 10 años. .
Usted misma ha puesto el acento en la falta de coordinación entre Justicia y fuerzas de seguridad en varios casos de violencia machista este año. ¿Fallan los protocolos?
Desde Emakunde tenemos el tercer acuerdo interinstitucional, y todas las partes hablan y trabajan. Como todos los protocolos es algo vivo, y se está viendo donde puede haber mejoras o no puede haberlas, en determinados casos están abiertas las investigaciones, se verán los fallos y se hará lo mejor que sea para que las mujeres y víctimas tengan el mejor trato y mejor situación para ellas. .
Este año se han suicidado dos personas en las cárceles vascas. ¿No se hace lo suficiente para prevenirlos? ¿Falla el protocolo?
Me gustaría aprovechar para darles un abrazo afectuoso a las familias de estas personas que han decidido quitarse la vida en el centro penitenciario. Para nosotros y creo que para toda la sociedad una muerte siempre es un fracaso. Lamentablemente no son una isla de lo que pasa en la sociedad con el tema de la salud mental. Poco a poco lo que parecía que era un tabú, hablar de salud mental, también se trabaja dentro de los centros. Siempre ha existido un protocolo de suicidio, y se van mejorando. Es verdad que después de los hechos de febrero y marzo se han analizado las causas y circunstancias y se ha hecho una nueva publicación de la instrucción al respecto para el tema del protocolo. Cuando cogimos la transferencia de las cárceles, teníamos claro que queríamos darle una vuelta a la dinámica del centro penitenciario.
¿Cómo?
Tenemos Aukerak, un programa de reinserción sociolaboral, para formar en prevención de suicidios a personas que están en las cárceles privadas de libertad. Son internos de apoyo, y se les remunera para que trabajen con esa formación especializada, de acompañar a las personas con riesgo de suicidio. Hay personal especializado en salud mental, y se ha incrementado el personal, sobre todo en Zaballa. Además se supervisa la administración de medicamentos psicotrópicos. Es una medida efectiva para paliar las sobredosis voluntarias. Y una consecuencia del protocolo es que existe una derivación a recursos psiquiátricos externos de casos de enfermedad mental. Por eso, reiterar que los centros penitenciarios no son una isla de lo que pasa en la sociedad. Hasta ahora nadie hablaba de salud mental, y se ha reforzado en los centros.
La AN ha revocado la progresión de grado a Joseba Arregi Erostarbe que le concedió el Gobierno vasco. Es recurrente que en Madrid tumben los permisos que se van concediendo a presos de ETA. ¿Cómo se lo toma el Gobierno vasco?
Hacemos nuestro trabajo. Es la Junta de tratamiento de centros penitenciarios quien propone los pases a los terceros grados o diferentes artículos que tengan según el reglamento penitenciario. La propuesta fue aprobada por el Gobierno vasco. La legislación contempla que hay una posibilidad por razones humanitarias para personas septuagenarias cuando no exista peligrosidad social, y en este caso no existe. Tiene 77 años, ha estado 31 años en cárceles del Estado español y Francia. Y hay una anécdota en el expediente de esta persona. Fue el propio juzgado de vigilancia penitenciaria de la AN quien nos sugirió esta posibilidad en noviembre.
¿Hay avances en la recuperación de restos de vascos en el Valle de los Caídos? Se había avanzado en el tema...
Hemos hecho todas nuestras peticiones. No están en nuestro tejado. Nos hemos reunido con las familias, con las instituciones del Estado, y estamos esperando a que nos digan cuáles son los siguientes pasos. Es verdad que hay un hito, la aprobación del convenio que tenemos con el archivo histórico de Salamanca, para que los investigadores vascos puedan ver los archivos que existen de la memoria histórica y reciente. Y dará lugar a poder trabajar en ver lo que ha pasado. Hay familias preocupadas por el Cuelgamuros, pero iremos dando pasos para ir esclareciendo lo que ha pasado en la historia.
El año que viene son elecciones autonómicas. ¿Las políticas de memoria deberían mantenerse independientemente de quién gobierne?
Las leyes de memoria histórica, o de memoria no tendrían que estar en función de quién está en el gobierno. Hablamos de un enfoque de derechos humanos y de justicia, verdad y reparación y no repetición. Tendría que ser de primero de básica de política, no tocar las leyes de memoria histórica. En Euskadi en septiembre se aprobó la ley vasca de memoria histórica, se hizo con un gran consenso, y un alto acuerdo de la mayoría del Parlamento vasco. No veo peligro de que no se cumpla. Llevamos una década sin el terrorismo de ETA y se han ido dando pasos para trabajar en la memoria histórica y reciente.