"No hay intención política o trato de favor en la concesión de terceros grados"

Desde que asumió la competencia de prisiones el pasado 1 de octubre, el Gobierno vasco ha avalado la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles para la progresión de grado de 166 presos, ocho de ellos de ETA, que han pasado a un régimen de semilibertad.

El Ejecutivo vasco ha empezado a aplicar terceros grados a presos, un porcentaje ínfimo de ellos de ETA. ¿Cómo se lleva a cabo este cambio de la situación penitenciaria, cuál es el procedimiento?

-La propuesta proviene de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que son las mismas que existían antes de recibir la competencia. Son quienes han venido haciéndolo siempre porque son los que están las 24 horas del día en contacto con los presos.

¿Qué factores se han valorado?

-Son siempre propuestas individualizadas, preso a preso. Hay un conjunto de criterios, como el tiempo de cumplimiento de condena, el historial del preso, su entorno social, su arraigo familiar, si tiene algún contrato de trabajo en el exterior, la conducta, su participación en actividades laborales, ocupacionales y formativas, su evolución...

¿Y en el caso de los presos de ETA?

-Tienen una serie de variables más específicas, la primera es el cumplimiento de por lo menos la mitad de la condena. Si hacemos una media de las ocho progresiones de grado (han sido siete de segundo a tercer grado y un cambio de modalidad dentro del tercer grado), la media de cumplimiento es de 20 años, superior a tres cuartas partes de la condena. Segundo, la desvinculación de los fines y medios de la actividad terrorista, que también está cumplido, entre otras cosas porque ya no hay organización ni actividad terrorista. Un tercer conjunto de requisitos son una suma de cuatro elementos: el reconocimiento no solo del delito, sino del dolor de la víctima, una responsabilización, hacer una autocrítica sincera y manifestar una voluntad reparadora.

Esta medida ha sido contestada por asociaciones de víctimas y por partidos como el PP.

-Las progresiones de grado son consustanciales al régimen penitenciario de un Estado democrático y de derecho. Desde el traslado de la competencia, la administración penitenciaria vasca ha resuelto 166 progresiones de grado. Previamente, había una veintena de presos de ETA en cárceles vascas que ya estaban disfrutando de régimen abierto y libertad condicional. Y ha habido 26 presos de ETA a los cuales en la revisión ordinaria de cada seis meses no se les ha modificado el grado.

Es previsible, por tanto, que estos regímenes lleguen a la vía judicial. ¿Qué esperan de este recorrido?

-No sabemos si va a haber recursos ni cuál será la resolución a los mismos. Pero estamos absolutamente convencidos de que nuestras resoluciones están sólidamente fundadas y argumentadas, con criterios jurídicos, técnicos y profesionales.

¿Qué relación mantienen con las víctimas tras la concesión de estos cambios de grado?

-Cualquier reacción de una víctima ante una progresión de grado es legítima. Desde luego, no he percibido una reacción de odio ni de venganza, es una reacción desde el dolor pero que al final ve como inevitable las progresiones de grado por su sujeción estricta a la legalidad penitenciaria. Diría incluso que algunas lo ven como un avance hacia una convivencia reconciliadora.

¿Y con los colectivos de víctimas? Algunos de ellos se han mostrado muy beligerantes.

-Creo que están en su legítimo derecho de pedir a la Audiencia Nacional, si es que hay recursos, que se garantice que las resoluciones están fundadas en la legalidad. Ahora, cuando se quiere buscar una intencionalidad política o trato de favor, eso no se ajusta a la verdad. Y esperemos que el tiempo lo demuestre.

En el último Consejo de Dirección de Gogora presentaron las Bases compartidas para la construcción social de la memoria en Euskadi, que fueron aprobadas y no cosecharon ningún voto en contra. ¿Cómo valora este primer paso?

-Soy optimista y creo que estamos ante una gran oportunidad. En relación a las bases del futuro, el consenso es muy amplio: dignidad de la persona, derechos humanos, no violencia, pluralismo político, respeto, diálogo€ Respecto al pasado, también hay un consenso básico, que es que el futuro debe tener memoria. Cuando nos planteamos cómo mirar para construir esa memoria empiezan las discrepancias, por lo que el objetivo de este proyecto es darnos una oportunidad de avanzar.

El PSE ha reivindicado el 'suelo ético' que se aprobó en el Parlamento Vasco. ¿Se tendrá en cuenta la herencia de la ponencia parlamentaria o se parte de cero?

-No exactamente de cero, sí pretendemos otra mirada para avanzar con una dinámica, metodología y equipos nuevos. El equipo de trabajo de tres historiadores y tres víctimas tiene cuatro principios básicos, el rigor académico e histórico; incorporar la mirada de las víctimas; un enfoque de derechos humanos y un espíritu inclusivo y constructivo. Entre octubre y noviembre pondrán sobre la mesa su reflexión sobre estas bases compartidas, y les tenemos que dejar trabajar con absoluta libertad. Esa reflexión se irá alimentando de una veintena de inputs desde la perspectiva internacional, de la filosofía, la ética, la historia€ También de los agentes sociales que han trabajado en la construcción de la memoria en este país y de los partidos.

¿Será posible atraer a EH Bildu y el PP a un futuro acuerdo?

-El potencial futuro acuerdo es posterior al trabajo del equipo. Quiero poner en valor la actitud constructiva tanto del PP como de EH Bildu. Creo que de alguna manera dieron cauce a que se pueda trabajar esta oportunidad. El sentido de su abstención en el Consejo de Dirección de Gogora es mucho menos significativo que la actitud constructiva de dar cauce a esta oportunidad.

¿Cómo le explicaría la importancia de los trabajos en materia de memoria a alguien totalmente ajeno a los mismos?

-Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en decir que el futuro debe tener memoria, se trata de poner sobre la mesa unas bases compartidas para evitar que la memoria se convierta en un campo de confrontación.

El homenaje a Mikel Zabalza el pasado domingo en Orbaizeta fue especialmente emotivo.

-Fue un día en el que de verdad uno piensa que tiene sentido lo que hacemos. Por ver a una familia aliviada en su dolor después de 37 años y si hemos sido capaces de contribuir a la verdad y al reconocimiento de la víctima, en este caso de Mikel Zabalza. En el plano político es un paso significativo en un camino que no ha llegado hasta el final. El puzzle de la verdad con mayúsculas necesita más piezas. Y esas piezas interpelan al Estado. No hay víctimas de primera y de segunda, todas son víctimas de una violencia injusta. No hay razón política que justifique un asesinato y no hay razón de Estado que justifique una tortura.

Ahora se trata de que el Estado haga su propio reconocimiento y que impulse la verdad judicial.

-Para la verdad con mayúsculas se ha avanzado de manera significativa pero para la verdad total quedan pasos que corresponden a quien era el Estado responsable de esos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

¿Por qué el dictamen sobre Zabalza ha tardado más que el resto de víctimas de motivación política?

-Única y exclusivamente por su complejidad. El dictamen lo hace la Comisión de Valoración, tiene 60 páginas y está muy sólidamente fundado. La comisión trabaja intensamente y con rigor, eleva el dictamen a la viceconsejería y es el Gobierno, en este caso es mi responsabilidad, dictar la resolución.

Se cifran en 4.000 los casos de torturas en Euskadi y se han presentado 1.220 solicitudes para acogerse a la ley de abusos. ¿Son pocas?

-Hay una parte de las víctimas de vulneraciones de derechos por abuso de poder o por la utilización ilegítima de la fuerza por parte del Estado que no han querido saber más. Creo que parte todavía desconfía de que la institución vaya a llegar hasta el final en su reconocimiento. Nos toca ir generando confianza para que, si esas víctimas así lo estiman, tengan el amparo de la ley.

Sobre las peticiones desestimadas por parte de miembros de las FSE y víctimas de ETA, se ha dicho que una parte al menos respondían a un intento de boicot de la ley.

-Habrá solicitantes que lo hayan hecho de buena fe y otros que quizá respondan a esa intencionalidad. Sí es claro resolver la inadmisión porque no responden ni al espíritu ni a la letra de la ley, reconocer a las víctimas de abusos policiales.

"Nuestra convicción es poner el foco en la víctima"

Ya sea con la ley de abusos policiales o con el informe sobre la injusticia sufrida por las Fuerzas de Seguridad por culpa de ETA, siempre se hiere alguna sensibilidad. ¿Su labor consiste en lograr un difícil equilibrio en este país?

-Más que equilibrio, nuestra convicción y decisión es poner el foco en la víctima y en un enfoque de derechos humanos.

Es un crisol de piezas, se trata de armar un gran puzzle.

-Y con ese conjunto de piezas podremos reconstruir el pasado. Suelo decir que todavía estamos en una fase en la que cada uno solo lee el capítulo que le interesa. Precisamente, el proyecto de memoria consiste en tratar de establecer las bases compartidas para que entendamos que todos debemos leer todos los capítulos y extraer conclusiones. Nuestro objetivo es que esa mirada sea un gran angular.

El pasado noviembre, una jueza paralizó de forma cautelar la licencia de obras para exhumar a víctimas del Valle de los Caídos. ¿Ha habido avances?

-Yo diría que sigue en términos muy similares. El Gobierno lo que ha hecho es acompañar a las víctimas en el reconocimiento de su derecho, y ahora falta cómo se hace efectivo ese derecho. Eso exige trabajos técnicos, forenses y de identificación, pero además hay un obstáculo previo, los recursos y medidas cautelares. Tenemos especial ilusión y compromiso porque tiene un carácter simbólico muy importante.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática sigue su trámite parlamentario. ¿Cuándo se prevé que culmine?

-Es verdad que en ese procedimiento, por un error técnico ya subsanado, se ha producido una pequeña ralentización. El Parlamento lógicamente es soberano, entiendo que en un breve plazo se volverá a abrir el periodo de enmiendas, se constituirá la ponencia y esta trabajará.

¿Qué supondrá su aprobación?

-Desde hace 40 años ha habido un trabajo colaborativo de familias de los gudaris, asociaciones memorialistas, instituciones y la propia creación de Gogora que han hecho a Euskadi referente en memoria histórica y democrática. No empezamos de cero, la ley va a reforzar y dotar de marco normativo para restituir la dignidad y la memoria de las víctimas que lucharon contra el alzamiento militar y el régimen franquista.