“No vamos a desalojar nuestros hogares del barrio de Gros”

Vuelven a lanzar un SOS, una voz de alerta que entienden “lógica y ética” para un colectivo de donostiarras “indefensos”. Vecinos y vecinas de los tres edificios del barrio Gros a los que el Fondo de Inversión Azora está enviando burofaxes para que desalojen sus viviendas se han concentrado este jueves en la entrada del Ayuntamiento de Donostia, donde han pedido al Consistorio que intermedie para renovar por siete años los contratos de alquiler que van expirando.

Los inquilinos de Bermingham 1, Zabaleta 55 y el número 2 de Segundo Izpizua recuerdan que esa fue la promesa realizada por este Fondo de Inversión al alcalde Eneko Goia, en enero de 2020, cuando aterrizaron en Donostia. “Manifestamos públicamente nuestra firme voluntad de que no vamos a desalojar nuestros hogares. Seguiremos abonando las rentas y gastos establecidos en nuestros contratos”, ha expresado Mikel Etxagibel en representación de los afectados.

El Fondo de Inversión tiene como objetivo vaciar las viviendas de sus inquilinos actuales para acometer reformas en los inmuebles. “El único objetivo es especulativo”, denuncia Etxagibel, que alerta de la expulsión de sus hogares de al menos 30 familias durante los próximos doce meses. “Dentro de poco serán 50 los pisos vacíos, lo cual va a plantear un problema urbanístico de primera magnitud”, ha alertado.

Conversión en viviendas de lujo

Estas familias han presentado junto a las asociaciones Stop Desahucios e Inquilinos Azora una moción de control que se ha debatido este mediodía en el Pleno Municipal de Donostia, donde han pedido que se obligue a Azora a alquilar los 23 pisos “que por el momento se encuentran vacíos debido a que “no han hecho ningún contrato nuevo desde febrero de 2020, con la idea de ir vaciando todos los pisos para convertirlos en viviendas de lujo”.

Estos pisos fueron alquilados "vacíos y en mal estado". Los inquilinos denuncian que el anterior dueño de los inmuebles, Inmobiliaria Vascongada, les prometió las renovación de los contratos, “por lo que hemos venido haciendo obras y mejoras en la casa en diferentes épocas durante años”, ha denunciado Lola Roncal, que reside en el inmueble desde hace 25 años. Costosas inversiones que ahora no pueden recuperar.

Hay otros catorque inquilinos de renta antigua que, por ley, no pueden ser expulsados, si bien “están recibiendo presiones para que abandonen los inmuebles, y entre los afectados hay personas de edad avanzada en situación vulnerable”. Las familias denuncian otras formas de presión de Azora para lograr el vaciado de los inmuebles. Critican la “dejación de los deberes” de mantenimiento por parte de Azora, con vecinos que compruean a diario que “hay porteros automáticos y ascensores que no funcionan y ventanas que no se reparan”.