Junto al desarrollo de la jubilación parcial, la intención del Ejecutivo es, en el marco del diálogo social, diseñar un procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores de la edad jubilación. Elma Saiz explicó que su plan pasa por contar con indicadores objetivos para justificar los coeficientes, en los que se tendrá en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.
De su lado, el Ministerio trabajará en el corto plazo en la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT). La ministra indicó que hace casi cuatro años el Pacto de Toledo pedía avanzar “en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las mutuas”, en su recomendación 9.
Por ello, el Gobierno español está preparando el camino para articular “fórmulas de colaboración” entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradores de la Seguridad Social para optimizar la atención de procesos de incapacidad relativos a contingencias comunes de origen traumatológico.
Saiz destacó en su intervención la revalorización del 3,8% en las pensiones a partir del 1 de enero de este año, de acuerdo con la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones. La ministra subrayó que con las medidas desplegadas por el Gobierno un pensionista cobra de media 321 euros más al mes que en 2018.
Asimismo, enfatizó que la pensión mínima se ha incrementado en un 29%, lo que supone casi 4.000 euros más que hace seis años. “Nuestro compromiso con la dignidad y el bienestar de nuestros pensionistas es firme”, añadió la ministra.
La ministra Saiz apostilló que en los años venideros el sistema de pensiones afronta la jubilación de la generación “más numerosa de nuestra historia”, que es la del baby boom.
La ministra apuntó que esta revalorización de las pensiones está “estrechamente conectada” con la evolución del mercado de trabajo. En este marco, recordó que el ejercicio pasado se crearon más de 530.000 empleos y se alcanzaron los 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social.