Save the Children ha hecho público su informe 'Por una justicia a la altura de la infancia' que muestra que en ocho de cada diez casos de abuso sexual contra la infancia el agresor es una persona cercana a la víctima y que los abusos infantiles también están feminizados puesto que la mayor parte de las víctimas (80%) son niñas o adolescentes.
Para elaborar el informe, la ONG ha tenido en cuenta 400 sentencias judiciales sobre abusos infantiles que se han dictado en el Estado, 46 de ellas en Euskadi. Analizando estos datos Save the Children concluye que el 40% de los abusos a menores los comete un familiar, el 42% un conocido de la familia y un 17% un desconocido ajeno al entorno del menor. El informe también desvela que las principales figuras agresoras con el padre o la pareja de la madre de la víctima, y que el 96% de ellos no tienen antecedentes penales relacionados con la violencia sexual. En cuanto al perfil de la víctima, Save the Children apunta que de media los abusos sexuales comienzan cuando la víctima tiene 11 años.
Las denuncias son solo "la punta del iceberg"
En 2021 en el estado se registraron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual de niños y adolescentes y Save the Children denuncia que esa cifra solo es "la punta del iceberg ya que se calcula que solo el 15% de los abusos son denunciados.
Revictimización en los procesos judiciales
La ONG que preserva los derechos de la infancia también ha analizado los procesos judiciales que juzgan abusos a menores. Denuncia que muchas víctimas están obligadas a prestar declaración antes del juicio en hasta tres ocasiones: ante la policía, la fiscalía y el juzgado, lo que aumenta su revictimización. En el 75% de los procesos no se utilizó la prueba preconstituida que consiste en grabar el testimonio de la víctima para evitar repetir la declaración en reiteradas ocasiones.
Juzgados especializados
Además, Save the Children recuerda que la ley orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que se aprobó hace dos años instaba al Gobierno español a desarrollar una legislación específica para que se cree una justicia especializada en violencia contra la infancia, como ya existe en el caso de las mujeres.
El modelo Barnahus, en marcha en Euskadi
Otra de las recomendaciones de la ONG es que las comunidades autónomas implanten el modelo nórdico Barnahus para intervenir en caso de abuso sexual a menores. Un modelo que ya ha puesto en marcha el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco y que busca que todos los agentes implicados en la atención a estas víctimas se coordinen y trabajen bajo el mismo techo para evitar la revictimización.
En Euskadi, el proyecto Barnahus - Casa de la Infancia, en islandés- comenzó a forjarse hace ya dos años y en mayo pasada la primera casa de la infancia abrió sus puertas en Gasteiz. El objetivo es atender de forma integral a las víctimas menores de abusos, sobre todo sexuales. Un recurso novedoso que quiere evitar que el 70% de los abusos a menores sean sobreseídos por falta de pruebas y por contaminación del testimonio del menor a lo largo del proceso.
1.459 víctimas en 2021
El espacio de la casa es vital y busca ser amigable para aportar confianza al menor que acude en una situación de vulnerabilidad. El objetivo del Gobierno vasco es extender el proyecto por todos los territorios ya que se estima que habría entre 2.000 y 4.000 menores han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida en Euskadi.
Atendiendo a los datos registrados por la Ertzaintza, en 2020 un total de 1.459 personas menores de 18 años fueron víctimas de un delito en Euskadi, incluyendo casos de violencia intrafamiliar, de pareja o expareja, y delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito familiar.