Miles de granjas del Estado, un número importante de ellas alavesas, aguardan estos días novedades desde el ámbito judicial en torno al llamado cártel de la leche, ocho empresas y dos asociaciones del sector sancionadas en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su “conducta ilícita en contra de los derechos” de los ganaderos. Estas firmas adquirientes y trasformadoras de leche cruda de vaca, entre las que se encuentran las más importantes de la industria –Peñasanta (Central Lechera Asturiana), Danone, Lactalis (Puleva) o Pascual–, fueron multadas con 80,6 millones de euros por intercambiar información que les permitió “coordinar sus estrategias comerciales” en detrimento de las explotaciones, a las que “impedían fijar sus precios” y terminaban comprando por debajo de los costes de producción. Unas prácticas que “distorsionaron el normal funcionamiento del mercado” en beneficio de la industria entre los años 2000 y 2013 y que constituyeron, según la propia CNMC, una infracción “muy grave”.
Tras recurrir el cártel ante la Audiencia Nacional, la pelota se encuentra ahora en el tejado de este último tribunal, que deberá pronunciarse sobre la sanción impuesta. Su sentencia se espera “en breve”, según confirman fuentes cercanas al caso, habida cuenta de que han pasado ya casi tres años desde que fue presentado ese recurso. Si se confirma la multa, la industria tendrá la última instancia a la que acudir en el Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento ya sería firme.
De ratificarse finalmente la culpabilidad del conglomerado empresarial, se prevé una avalancha de reclamaciones en los tribunales en las que varios despachos de abogados del Estado trabajan ya desde hace meses e incluso años. Una de las demandas conjuntas más importantes que se están fraguando contra el cártel –no se presentará hasta que la sentencia sea firme y favorable para los ganaderos– suma ya 1.126 adhesiones, de las cuales ocho provienen precisamente de Álava. El despacho encargado de aglutinar estas reclamaciones, Redi Abogados, tiene su base en la ciudad de Barcelona. “Hay de todo, desde un ganadero de Lleida que reclama tres millones de euros hasta otros muy pequeñitos que piden 30.000. Pero sí es cierto que Euskadi es una de las regiones donde menos ganaderos están reclamando”, apunta Andoni de la Llosa, abogado de Redi en conversación con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
Se calcula, de hecho, que el número de ganaderos presuntamente afectados por las prácticas del cártel en el conjunto del Estado podría llegar hasta los 60.000, de los que únicamente alrededor de 3.000 habrían iniciado los trámites de reclamación en forma de demandas individuales y colectivas en una veintena de despachos distintos. Muchos de esos 60.000 han tenido que cesar ya su actividad.
Los hermanos Txema, Blanca y Ana López de Abetxuko, tercera generación al frente de la explotación Ribatxenta de Ollávarre, han abierto las puertas de su granja a este periódico para relatar en primera persona su relación con el cártel, por el que se consideran “directamente afectados”. Son, de hecho, uno de esos ocho demandantes que se han adherido a la reclamación conjunta que tramita el despacho Redi.
Temor “permanente”
Con cerca de 250 cabezas de vacuno, 140 de ellas productoras de leche, Ribatxenta cuenta con un volumen importante pese a tratarse de un negocio netamente familiar. Por ello, el “perjuicio” sufrido durante todos estos años, sin querer entrar en demasiadas cifras (“las tendrá que dictaminar el juez”) , ha sido relevante. “Somos pequeñas empresas que no podemos estar tirando de ahorros toda la vida si no somos rentables”, apunta Txema. Según sus cifras, Álava ha pasado “en quince años como mucho” de tener entre 150 y 200 explotaciones de leche a las solo 44 actuales. “Hasta el ganadero más pequeño se ha visto afectado por la actuación de estos señores, por no llamarlos de otra forma”, remarca Ana.
Aunque como sí ha sucedido con tantas granjas del territorio esta familia no se ha visto empujada a cerrar, ese “temor” está ahí “permanentemente”, según Txema. “Y desde hace un año que empezó la última gran crisis, los problemas han ido a más. Estamos en una política de subsistencia, viviendo de las limosnas. Para sentirnos un poco honrados, se nos tendría que pagar el litro a 60 céntimos”, apostilla. El precio medio está ahora, según sus cifras, en 42. ¿Y hay esperanza en ganar? “Sí, porque si no la hubiera, no nos habríamos metido en esto. Lo que no sabemos es si lo veremos algún día. Esperemos que la justicia sea justa y sobre todo que esto no vuelta a ocurrir”, apunta mientras tanto Ana.
Hasta la fecha, solo se han dictado tres sentencias relacionadas con este caso por sendos juzgados de Granada, Asturias y Lugo. Las dos últimas desestimaron la reclamación de los ganaderos. En la primera, estos apenas recuperaron el 15% de lo que solicitaban. “Aquí queda mucha tela por cortar y creo que ha sido un error jurídico poner las demandas antes de que la multa fuera firme”, contextualiza de nuevo De la Llosa, que se muestra “convencido” de que esta historia tendrá un final feliz para las granjas.
Hace solo unos días, además, el tablero del caso ha vuelto a removerse tras confirmar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que los afectados tienen hasta cinco años para reclamar los daños y perjuicios derivados de situaciones como las denunciadas en este caso, lo que abre la puerta a que más ganaderos puedan demandar.