Ocho transferencias del Estatuto de Gernika sacadas con fórceps al Estado

Cuatro relevos al frente del Ministerio de Política Territorial durante los cuatro años que ha durado la legislatura vasca dan una muestra de las veleidades y obstáculos que ha tenido que afrontar la negociación de transferencias con el Gobierno español para tratar de cumplir el Estatuto de Gernika. Aun así, el tándem que han formado el Gobierno de Urkullu y el PNV del Congreso, que ha sabido leer la necesidad de apoyos del Gobierno español, han propiciado que el recorrido se salde con ocho competencias más para Euskadi, un balance que no se veía en años. Y se han roto dos tabúes históricos: se ha pactado la gestión de las prisiones, y por primera vez se ha realizado un traspaso, el del Ingreso Mínimo Vital, activando la cláusula del Estatuto de Gernika para las materias de la Seguridad Social, otro sancta sanctorum.

La negociación se ha realizado casi siempre a la contra, con mayor fluidez en los últimos tres meses, ahora que los votos del PNV son imprescindibles para Pedro Sánchez en el Congreso. Por su parte, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha sido para Moncloa como la gota malaya, y ha enviado propuestas sobre hasta siete materias para abrir la negociación. Se lleva la satisfacción de que, de los traspasos pactados, dos se encuentran entre las propuestas que envió.

La negociación se ha desarrollado con fórceps y salta a la vista que no es del todo satisfactoria para la parte vasca, porque el calendario no se ha cumplido y queda pendiente una veintena de materias. Para algunos, ha tenido la culpa una conjunción planetaria marcada por el coronavirus, la guerra en Ucrania, la inestabilidad en el Estado y una insólita provisionalidad en ese Ministerio con sucesivos relevos. Para otros, en esencia para el PNV y Garamendi, si hubiera existido voluntad política en Madrid, hubiera vencido estos escollos.

Antes de que comenzara la última legislatura vasca tras las elecciones de julio de 2020, ya se habían avanzado competencias con el Gobierno español de Sánchez, con un PSOE necesitado de hacer gestos hacia los partidos que habían apoyado su moción de censura, y necesitado también de dar continuidad a las materias que el PNV tenía apalabradas con el anterior gabinete del PP. Se firmaron tres: dos líneas de tren que venían obligadas por una sentencia del Tribunal Constitucional y que además ya se habían encarrilado con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy (Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo), el tramo de la AP-1 entre Armiñón y Burgos, y la AP-68.

Era un momento muy incipiente de esta negociación y, de hecho, el primer calendario con el que trabajaron ni siquiera colmaba remotamente las aspiraciones de la parte vasca porque no recogía el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En ese primer tramo, las negociaciones las llevó Meritxell Batet, quien sería proclamada después como presidenta del Congreso.

Con el covid

Poco antes del coronavirus, en el año 2019, el Estado español celebraría dos veces las elecciones generales, y la legislatura estatal quedaría más o menos estabilizada, a pesar de sus altibajos, tras la sesión de investidura de enero de 2020. El PNV firmó un pacto con Sánchez que recogía el traspaso de las competencias pendientes y, esta vez sí, se hizo un calendario que incluía la Seguridad Social. Una nueva ministra, Carolina Darias, se hizo con las riendas de esta negociación, pero solo durante un año, hasta enero de 2021, en un nuevo movimiento en el interminable baile de sillas de este Ministerio. Ha sido un contratiempo para la parte vasca, que ha tenido que empezar constantemente desde cero a conocer a sus nuevos interlocutores mientras que, en todo este proceso, por la parte vasca solo ha habido dos consejeros, Josu Erkoreka y, en esta última legislatura, Olatz Garamendi.

El confinamiento decretado en marzo de 2020 dejó en el aire la firma de tres materias que estaban muy avanzadas, pero el Gobierno vasco tuvo la habilidad suficiente para buscar una ventana de oportunidad y firmarlas en junio. Eran los traspasos de los productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE. Quedará para la hemeroteca el recurso de EH Bildu a la Junta Electoral, que sin embargo dio su autorización a esta firma con tal de que no se hiciera un despliegue de autobombo.

Prisiones

Ya con la nueva legislatura vasca en marcha, la posterior llegada del catalán Miquel Iceta al Ministerio, un entusiasta de la plurinacionalidad, disparó las expectativas de cumplir al 100% el Estatuto. Con él se firmó el histórico traspaso de la gestión de las prisiones en mayo de 2021, lo que puso fin al tabú. El fin de ETA contribuyó a acelerar este acuerdo porque, hasta la fecha, los gobiernos españoles encuadraban la gestión penitenciaria en la política antiterrorista. Una vez disuelta ETA y con el paulatino proceso de acercamiento de los reclusos a cárceles vascas, en cierto modo Sánchez se quitaba un peso de encima con la transferencia porque, de ahí en adelante, quedaría en manos de las instituciones vascas proponer permisos de salida o progresiones de grado, un asunto siempre espinoso. En cualquier caso, el juez tiene la última palabra. En todo este tiempo ha sobrevolado la teoría de que el traspaso pudo ser una contrapartida apalabrada con EH Bildu.

Con Iceta se pactó este traspaso para la gestión de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene hasta su reemplazo por la prisión de Zubieta; y las transferencias de carreteras, código bibliográfico ISSN y edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa. Pero no se pudo desatar un nudo que estuvo a punto de romper las relaciones PNV-Sánchez, el traspaso del IMV. El escollo tenía un nombre: el ministro Escrivá, de la Seguridad Social.

IMV y últimos acuerdos

Hizo falta un ultimátum del PNV para que llegara el acuerdo. Lo firmaría Isabel Rodríguez, la ministra que relevó a Iceta. La pelea se prolongó durante meses. Garamendi exigió un traspaso íntegro y sin fecha de caducidad, y el PNV dejó en el aire los Presupuestos de Sánchez. Se pactó un traspaso no devaluado, con la complicidad también de la vicelehendakari socialista Idoia Mendia. La importancia de la materia radicaba en que era la primera vez que se activaba la disposición transitoria quinta que permite transferir competencias de la Seguridad Social “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”. Se sentaba un precedente, y había que hacerlo bien.

Pero, a partir de entonces, dio la sensación de que el autogobierno perdía posiciones en la escala de prioridades de Sánchez, que pasó a centrar su confrontación con la derecha española en la economía y los derechos sociales. El presidente español hizo oficial el punto de inflexión en julio de 2022 en el Congreso, cuando desconcertó al PNV al restar viabilidad a los traspasos de meteorología, litoral, fondo de protección a la cinematografía y autorizaciones iniciales de trabajo para migrantes. Pocos días después, Garamendi se reunía con Rodríguez en Leioa y obtenía una respuesta similar, que trataba de justificar la falta de avances en que el Estatuto de Gernika no está reformado y algunas materias solo se citan someramente.

El impasse se alargó año y medio, hasta que se celebraron las elecciones generales de julio de 2023 y, con una nueva aritmética donde los votos del PNV son imprescindibles, Sánchez dio otro giro y reactivó el diálogo. Este mes de marzo de 2024, el ministro Ángel Víctor Torres acordaba con Euskadi los traspasos de las líneas de tren de cercanías, homologación de títulos universitarios extranjeros, y acogida de refugiados, las tres urgentes que tenían que cerrarse en tres meses en virtud del pacto de investidura con el PNV. El resto tendrá que llegar en dos años. Garamendi envió en su momento siete propuestas, de las cuales se ha atendido una en su totalidad, y otra parcialmente. Eran las de litoral, meteorología, salvamento marítimo, fondo de protección a la cinematografía, homologación de títulos universitarios, centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, y autorizaciones iniciales de trabajo para las personas migrantes.