Helena Solà (Barcelona, 1983) trabaja desde hace 10 años en la Organización Mundial contra la Tortura, que tiene su sede en Ginebra. Una red de organizaciones que luchan contra esta práctica y otros malos tratos conformada por 200 miembros. Para esta abogada y politóloga, la tortura es “un crimen que siempre tiene una tendencia a ocultarse o a minimizarse y esconderse”, “sigue ocurriendo en una mayoría de los países del mundo”, y hasta aumenta en contextos de represión de protestas.
¿La tortura en la CAV y Navarra ha llegado al conocimiento y análisis de su organización?
–La tortura en Euskal Herria es una realidad que preocupa, yo creo, desde los inicios de la Organización Mundial contra la Tortura, que se fundó en el año 85. Nos preocupa y hemos seguido mucho los ataques o cuestionamientos que ha habido tanto de esfuerzos internacionales, como el relator de Naciones Unidas contra la tortura, o esfuerzos a nivel estatal o vasco en la visibilización de esta realidad. Desde la OMCT hemos intentado impulsar la necesidad de cambiar de chip. No es bueno ocultarla, no solo ya para las personas que lo han sufrido, sino porque esto daña de forma estructural el Estado de Derecho. Lo importante es reconocer que esto ocurre y reconocer a las víctimas en vez de criminalizarlas. Entiendo que hay ahora un esfuerzo del Gobierno de Navarra, y parece que quizá alguna oportunidad para al menos establecer lo que pasó y salir de la oscuridad.
Para eso es inevitable apuntar a una cadena de responsabilidad.
–Totalmente. Sin duda tocó el punto más débil y más preocupante de la tortura no solo en el Estado español sino a nivel global. En general, hay niveles de impunidad del 99%. Desde la perspectiva de la OMCT, si no hay justicia, no hay garantías de no repetición y no hay prevención efectiva de la tortura. Creo que las instituciones del Estado, desde el sistema de justicia, deben dar pasos para garantizar que estas personas puedan acceder a la justicia. Esto empieza por ejemplo, por eliminar la prescripción del delito de tortura.