Las peticiones de la familia y los amigos de Pablo González para que Pedro Sánchez interceda por el preso vasco detenido e incomunicado en Polonia desde hace ya 151 días han caído en saco roto. El presidente español se reunió ayer en Varsovia con el presidente polaco pero viendo su respuesta en la rueda de prensa posterior, no parece tener intención de interceder o presionar al gobierno polaco para que revise la situación del periodista Pablo González. Sánchez se limitó a decir que confía en la justicia polaca.
Su mujer Oihana Goiriena ha reconocido hoy en Onda Vasca su decepción ante la respuesta dada por el presidente español. "Para mí es altamente insatisfactoria porque lo que viene a decir es que no van a hacer nada, que lo van a dejar en manos de Polonia. Y estamos viendo que Polonia está vulnerando derechos básicos y ante eso, no van a hacer nada. Entonces, a mí personalmente me han dolido bastante estas palabras", reconoce.
Oihana Goiriena recuerda que sólo pudo hablar con su marido el pasado 28 de febrero, el día en que se produjo su detención. "Desde entonces nada. Solo tres cartas, la última anteayer", señala. Recuerda que Pablo González recibe asistencia consultar pero subraya que esta tiene "muchos límites". De hecho, afirma, Pablo sólo ha recibido en todo este tiempo cuatro visitas del cónsul.
En estos momentos, Pablo sigue sin poder hablar con su familia. "Estamos pendientes de que la fiscalía interponga otra vez una solicitud de prórroga de otros tres meses más, algo que seguramente sucederá", remarca.
Juanjo Alvarez: "Parece que importa más la geopolítica que el interés del ciudadano"
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Juanjo Alvarez, reconoce que en este caso hay "muchas preguntas sin respuesta". Recuerda que quien tiene que acusar que es al fiscalía no ha puesto "ninguna prueba" encima de la mesa sobre el supuesto espionaje realizado por Pablo González para el Kremlin que es de lo que le acusan.
"Eso es injustificable. La carga de la prueba la tiene el que acusa y cuando adoptas una medida cautelar de semiaislamiento siendo imposible ya desrtuir pruebas es que no las tienes", denuncia. "Parece que el mismo secretismo que se mantiene respecto a la instrucción del caso vale para una semiimpunidad. con una defensa local que no colabora en exceso con el abogado que la familia ha escogido", destaca Juanjo Alvarez.
"Por encima del caso y la persona y de la familia, es una vulneración de los derechos fundamentales y el derecho a un juicio justo con una desproporción clara respecto a las medidas cautelares", señala el catedrático que califica de "tibia" la reaccón del Gobierno español. "Importa más la geopolitica que el interés del ciudadano", lamenta.
No hay precedentes
Juanjo Alvarez subraya que no hay precedentes en un caso similar a este. "Parece que se pone con sordina la lectura de los derechos fundamentales porque estamos ante un delito pseudomilitar. Eso es contra lo que hay que rebelarse porque no estamos en un contexto de jurisdicción militar", remarca.
Considera que debe garantizarse la comunicación con el abogado y la familia. "Se ha impuesto un manto de impunidad por el tipo de delito que se le imputa. Si hacemos esto la justicia europea no es justicia", advierte y rechaza completamente la "ideologización" que se ha hecho de quienes protestan por eso. "Otra vez el maniqueismo de buenos y malos, no se debe hacer esa distinción", subraya.