Olatz Garamendi: "He hablado con la ministra y ha asumido que la transferencia del IMV se acuerde por un plazo indefinido"

Olatz Garamendi revela que despejó el jueves con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el obstáculo que amenazaba el traspaso de esta ayuda y la relación PNV-Sánchez: como pedía la consejera, la transferencia no tendrá fecha de caducidad

La consejera de Autogobierno recibió a este periódico el viernes en su despacho en Gasteiz, en su primera entrevista desde que estalló la polémica por la oferta de Madrid: una transferencia del IMV por un plazo limitado, "de diez años renovables", explica. Tras una semana frenética donde el PNV llegó a avisar al presidente español de que rompería con él, la negociación se ha reconducido.

¿Qué es lo que ha planteado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para que haya causado tanto revuelo?

—Lo que nos plantearon desde el Ministerio de Política Territorial allá por el 30 de diciembre, justo antes de vacaciones, fue una propuesta que hemos estado analizando en profundidad porque merecía la pena adentrarse en todos los vericuetos. Y, efectivamente, contiene una serie de menciones a los plazos del traspaso del IMV.

¿A qué se deben esos plazos y cuáles son?

—Se planteaban unos plazos de diez años, renovables automáticamente. No se entiende muy bien, en el sentido de que una transferencia es consustancial que sea sine die. Nos llevamos una gran sorpresa con esa propuesta.

¿En qué justifica ese plazo el Estado?

—Nos ha llegado una propuesta con todos los contenidos y el articulado, pero no con una memoria justificativa. Luego yo he tenido la oportunidad de trabajar el tema y hablarlo con la ministra Isabel Rodríguez, y defender nuestra postura, que no puede ser otra que la inexistencia de plazos en una transferencia.

¿Ha podido convencer a la ministra?

—Sí. La ministra de Política Territorial lo entiende y lo ha asumido, se ha avenido a que hay que tener un plazo indefinido. Una transferencia no puede tener un plazo. Es un traspaso en el que la comunidad autónoma se subroga, se pone en la posición de la Administración del Estado, en una competencia que de suyo le es propia por el Estatuto de Gernika. He tenido la oportunidad de hablarlo con la ministra, hemos debatido, y la ministra de Política Territorial entiende que podemos hacer una contrapropuesta manteniendo un plazo que sea indefinido.

¿Cuándo se produjo esta conversación?

—En las últimas horas.

¿La ministra acepta y no tiene vuelta de hoja?

—La ministra acepta que sea indefinido ese plazo. Nosotros lanzaremos una propuesta que luego analizarán en la sede del Ministerio. El tema del plazo para nosotros era una línea roja para seguir negociando, para llevar esta propuesta a la ponencia técnica-jurídica. Una vez de que podemos tener este tema solventado, podemos seguir con la negociación jurídico-técnica.

¿Cómo ha podido convencerla usted de que no debe haber plazo para una transferencia?

—Me va a permitir que no revele todas las conversaciones que hemos tenido, pero lo cierto es que, durante toda esta semana, en la que hemos tenido un gran revuelo mediático, nosotros hemos estado trabajando. Hemos evitado entrar en valoraciones previas y lo que hemos hecho ha sido trabajar estos argumentos, la definición de lo que es una transferencia, con arreglo al Concierto Económico, y sin cortapisas.

Un traspaso con fecha de caducidad entrañaría un riesgo porque, si se produce un cambio de gobierno en Madrid, el siguiente, sobre todo si es de otro partido, podría no verse vinculado por ese acuerdo y no prorrogarlo...

—Efectivamente, quedaría al albur de cualquier cambio de gobierno, pero además no sería una transferencia. Una transferencia no es algo que se transfiere para un momento dado y que se puede revertir. Una transferencia es que alguien deja de ejercer unas funciones, y otro las asume porque son de su competencia. ¿Alguien se imagina que pudiera condicionarse a plazos una materia básica de la Constitución? No.

El Estado justifica el plazo en la disposición transitoria quinta del Estatuto, que dice que las materias relacionadas con la Seguridad Social se harán mediante convenio y con plazos. ¿El escollo está en que se han empeñado en incorporar el IMV a la Seguridad Social, cuando es una materia de asistencia social?

—Ha habido gran confusión con la interpretación que ha hecho el Estado sobre la aplicación de esta disposición a esta prestación no contributiva. El Estatuto habla del régimen económico de la Seguridad Social, y dice que se establecerán las condiciones y plazos para su asunción, pero como un proceso en el que se van dando los tiempos necesarios para asumir ese régimen.

¿El IMV podría cerrarse en enero?

—En la medida en que no está en manos de uno mismo, sería por mi parte muy aventurado dar una fecha. Nosotros no vamos a cejar, siempre bajo la premisa de que la transferencia sea trabajada como íntegra y con todas las garantías.

Ha mencionado que sea íntegra y que se respete el Concierto Económico. ¿Esas dos premisas están claras y nadie las cuestiona?

—En este momento las estamos trabajando, están en la propuesta. No se está cuestionando, pero todavía queda una negociación por hacer.

¿Será más sencillo el traspaso de los trenes?

—El trapaso en materia de trenes es de una gran complejidad técnica. Es una propuesta que hemos recibido a finales de año, hay que trabajarla mucho, y la negociación será compleja.

¿Usted ha llegado a dudar de la voluntad del Gobierno español para llevar a cabo las transferencias? Envió ofertas sobre meteorología, fondo de protección a la cinematografía y gestión del litoral, pero el protocolo es que lo haga el Estado. ¿Lo hizo por el atasco?

—Nos encontrábamos en un momento en que el proceso transferencial estaba paralizado. Se había ralentizado muchísimo. Ya en la última reunión que tuve con la ministra en septiembre, se nos avanzaron unos plazos que no se cumplieron. No teníamos ninguna propuesta sobre la mesa y, ante el incumplimiento de esos plazos, decidí dar un cambio de rumbo total y ser proactiva. Tenemos que ser tan exigentes como proactivos, en la medida en que no llegaban propuestas por parte del Estado. Estamos exigiendo el cumplimiento del Estatuto de Gernika, algo que nos corresponde por derecho. He enviado solo esas tres propuestas, con intención de reactivar el proceso y de que se aceleren todas las materias que están pendientes de transferir.

¿Le ha respondido el Gobierno español?

—No tenemos todavía respuesta. Aún ayer (la entrevista se realizó el viernes) se lo comenté a la ministra, lo traje a colación en una conversación que tuvimos, y espero que en breve tengamos una ponencia técnica o varias en las que empecemos a hablar de estas tres materias.

¿Tiene la sensación de que el Gobierno español solo se mueve cuando está al límite? El PNV avisó de que iba a romper con Sánchez, y precisamente ahora se desbloquea...

—Tengo la sensación de que no existe esa voluntad o ánimo de impulso en el proceso de transferencias. En el Gobierno español, y en anteriores de otra índole política, siempre ha costado.

Ya parece inviable completar el Estatuto en lo que queda de legislatura en el Estado...

—El Gobierno estatal está a la mitad de legislatura, el tiempo corre, pero todo es cuestión de voluntades políticas. Si realmente hay una voluntad política fuerte por parte del Estado español, la comunidad autónoma está preparada y dispuesta para ir trabajando todas y cada una de las materias. Por lo tanto, lo que exigimos es ese impulso que nos permita abarcarlo en los plazos que tenemos establecidos. Es posible.

Decía el anterior ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que lo ideal sería celebrar una Comisión de Transferencias por cada semestre, pero se está celebrando una al año.

—Más que el hecho de que haya una al semestre, dos al año, lo importante es cuántas materias podamos traspasar cada ejercicio. Me conformaría con una en la que tuviéramos ya la mitad de las materias pendientes. Deberíamos ser capaces de hacerlo con mayor normalidad.

A modo de protesta, usted no acudió a la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes. Si no se sustancian las transferencias, ¿el lehendakari se plantearía no asistir a la conferencia de febrero en La Palma?

—No acudí a la comisión preparatoria por una razón: porque el proceso transferencial estaba ralentizándose, por no decir que estaba paralizado. Desde septiembre que estuve con la ministra no habíamos recibido propuesta alguna y, en ese sentido, decidí no acudir, porque entiendo que, para acudir a un foro multilateral, previamente también hay que cumplir con los compromisos adquiridos y hay que respetar esa bilateralidad. Este hecho no quiere decir que el lehendakari vaya o no a acudir. Tomará sus decisiones, como lo ha hecho hasta ahora, con absoluta responsabilidad, y teniendo en cuenta la situación del momento y los temas a tratar.

El Gobierno español amagó con recurrir la Ley Antipandemia vasca. ¿Va terminar en el Tribunal Constitucional o se podrá evitar?

—La Ley Antipandemia ha dotado de seguridad jurídica a las actuaciones de este gobierno y ha posibilitado su acción. Es un ejercicio de autogobierno. Habilitaremos todas las vías oportunas para tratar las materias que sean objeto de cuestionamiento. Se ha cuestionado el espíritu de la norma en bastantes aspectos, pero creo que son interpretables y que se va a poder evitar llegar al Tribunal Constitucional. Nuestra ley es exquisitamente respetuosa con el bloque de constitucionalidad y la normativa básica.

¿Teme que pueda intensificarse la conflictividad entre ambos gobiernos por el plan normativo del presidente español? Habla de uniformizar una cartera mínima de servicios en el Estado sobre sanidad o políticas sociales.

—Hasta conocer los contenidos de las normas, es difícil aventurar una posición. Pero mencionaban posibles proyectos de ley sobre los servicios sociales, también tienen la Ley Audiovisual, la cohesión sanitaria... Parece deducirse un aroma de centralismo. Si de su naturaleza básica o no pudiera deducirse que hay algún tipo de invasión o conflicto competencial con las normas de la comunidad autónoma, sería inaceptable y acudiríamos a la vía judicial oportuna reclamando nuestras competencias.

Usted denunció la "erosión silenciosa" del autogobierno, pero no se prevé a corto plazo que el debate del nuevo estatus se reabra en el Parlamento. ¿Qué opciones le quedan para intentar que esa erosión no se produzca?

—Hay técnicas sibilinas que podan el autogobierno, y estamos vigilantes. En estos casos, nos ponemos en contacto con el Estado porque la primera reacción es hablar. La negociación siempre ha sido una premisa esencial para nosotros. La bilateralidad de la que tantas veces hablamos es eso, no llegar a los tribunales.

La Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno español al Supremo por el reparto de fondos a cuatro comunidades como la CAV y Nafarroa. ¿El Gobierno vasco tiene algo que decir para defender el reparto?

—Es una escenificación de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pulso con el Gobierno de Sánchez, y nos ha tocado estar en medio. Respecto a los fondos europeos, desde el punto de vista cuantitativo, las comunidades que habíamos avanzado con nuestros recursos ciertas materias, podemos vernos afectadas de manera más negativa; desde el punto de vista cualitativo, no hubo tanta participación como quisiéramos en las decisiones que tomó el Estado.

Usted esgrime las ofertas públicas de empleo para combatir la interinidad. ¿Cuál es el planteamiento para este año en las OPE?

—Este es un año importante para la Administración general. Ya aprobamos la Ley de Cuerpos y Escalas, y en el Estado se aprobó otra sobre la temporalidad. En el primer semestre, esperamos poder sacar una convocatoria de 1.500 plazas en la Administración general. Posteriormente, llegaremos hasta las 3.000.

En Osakidetza, el día 23 los sindicatos van a movilizarse, y Elkarrekin Podemos-IU pide recuperar a 4.000 trabajadores. ¿Contempla actuar específicamente en ese terreno?

—Osakidetza está trabajando y prefiero que sean ellos los que hablen con mayor conocimiento.

El Congreso ha aprobado la vía para que los interinos que llevan cinco años opten a un concurso. ¿Colma las aspiraciones de Lakua?

—Al albur de la Ley de Cuerpos y Escalas vasca que hablaba de la consolidación, y teniendo en cuenta lo que dice la normativa básica estatal, vamos a tener procedimientos diferenciados, bien sea por concurso, o por concurso oposición. Pretendemos una mayor facilidad en el acceso a las personas que llevan tanto tiempo en la administración, pero teniendo en cuenta que son procedimientos abiertos. Las vacantes en las que haya una interinidad de cinco años o superior saldrán a concurso, es decir, se valorarán los méritos, y el resto serán por concurso oposición. Seremos escrupulosos con los principios de igualdad y mérito, y es importante saber que nadie se va a consolidar automáticamente en la plaza.