El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha anunciado que este viernes llevarán ante la Comisión Europea la información que han recopilado "sobre el incumplimiento de la Ley de Amnistía y la obstaculización por parte de la cúpula judicial española" para que la incorporen en el informe que elaboran sobre la situación del Estado de Derecho de los diferentes Estados miembros.
"Este informe es una evaluación periódica que la Comisión Europea elabora sobre la salud democrática de los Estados miembros. Es imprescindible que se tenga en cuenta la grave politización de la cúpula judicial española y el consiguiente incumplimiento de la Ley de Amnistía", ha destacado en su comparecencia en la comisión de Justicia y Calidad Democrática del Parlament.
Tras exigir el cumplimiento de la norma, ha apuntado que el análisis de los datos de los que disponen, a través de la sindicatura que crearon para fiscalizar la aplicación y cumplimiento de la ley, evidencia que "una aplicación insuficiente y desigual" de la amnistía.
"Ha habido un goteo de nuevas amnistías, absoluciones o archivos. Sin embargo, el grado de aplicación de amnistía no es el adecuado", ha lamentado Antich, que ha actualizado con datos y una análisis de tendencias el informe que presentaron en octubre sobre esta cuestión.
Datos
Siete meses después de la aprobación de la ley, de las 726 personas con causas penales (691) y del Tribunal de Cuentas (35), tienen constancia de 374 peticiones de amnistía: 116 se han otorgado, muchas vinculadas a delitos de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad; 24 se han denegado; 47 están suspendidas por interposición de recursos en el Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y 33 se han denegado con archivo o absolución posterior.
Según Antich, esto significa que un 39% de los solicitantes han conseguido la amnistía o han visto archivada su causa, mientras que un 41% aún no han sido resueltas, el 7% se han denegado y casi un 13% siguen en suspensión.
De las 884 personas con sanciones administrativas, de las 35 solicitudes efectuadas, 17 han sido amnistiadas, 13 desestimadas y 5 personas están pendientes de respuesta.
Aunque de octubre a enero ha incrementado las peticiones de amnistía en un 11%, pasando de 330 a 374, y el porcentaje de respuesta a las solicitudes, que actualmente está cerca del 60%, cree que su aplicación se ha visto frenada "sobretodo por una cúpula judicial que actúa coordinadamente con los postulados de la derecha y la extrema derecha para criminalizar" el independentismo.
Policías
También ha precisado que se han amnistiado 137 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en su opinión, la aplicación de la norma en los independentistas "contrasta con la celeridad con la que se ha aplicado a los policías que reprimieron con violencia a los votantes del 1-O".
"Ha habido una doble vara de medir a la hora de aplicar la ley. La amnistía a los policías ha ido rápida y en bloque, beneficiando a casi todo, y la amnistía a las personas represaliadas es lenta y llega con cuentagotas", ha lamentado.
En relación a los líderes políticos que organizaron el 1-O, ha constatado que tienen sus procedimientos judiciales en instancias "que se han movilizado en contra de de la amnistía como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o, en parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya" y el informe recoge que han recibido más denegaciones o suspensiones de sus solicitudes.
Además, ha lamentado la "ofensiva política" que hay contra la ley al concretar que tienen 15 recursos de inconstitucionalidad presentados por 11 gobiernos y 3 parlamentos de comunidades autónomas, todos admitidos por el Tribunal Constitucional.
Por ello, ha emplazado a los representantes públicos a velar por la aplicación de la ley así como a exponer las irregularidades que se produzcan, y especialmente se ha dirigido a los grupos del Parlament y al Govern: "Ustedes son los representantes de las personas afectadas por esta inaplicación de la ley, y como tal, les toca garantizar sus derechos ahora mismo vulnerados".
"Es necesario que hagan también un seguimiento para que ciertos actores judiciales politizados no la obstaculicen ni usen una doble vara de medir en su aplicación", ha reclamado Antich, que ha animado a pedir la amnistía a aquellos afectados que aún no lo hayan hecho.
Debate
El diputado de Junts Agustí Colomines ha acusado al PSOE de ser responsables de la situación actual sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, y considera que el informe de Òmnium obvia esta cuestión: "¿Qué ha hecho el Gobierno del PSOE? Hands off, que esto no va con ellos. ¿Qué ha hecho el PP y la extrema derecha? Su trabajo, poner recursos e intentar impedirlo".
Tras erigir la amnistía como un éxito colectivo, el diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha puesto la norma como un ejemplo del servicio de la política y cree que su redactado supone "una rectificación del Estado", y por ello ha pedido su cumplimiento.
Desde los Comuns, el diputado Andrés García ha mostrado su satisfacción por las personas que han sido amnistiadas por esta ley pero también ha expresado su preocupación por las que tienen sus casos suspendidos o se les ha negado, y en consecuencia ha reclamado la aplicación de la ley y una reforma del poder judicial, entre otras medidas.
La diputada de la CUP Pilar Castillejo ha admitido que la ley ha aligerado el sufrimiento de las personas que se han visto beneficiadas "pero queda muy lejos de las promesas de reparación que se hicieron a raíz de su aprobación porque no ha conllevado el fin del sistema represivo".
"La ley de amnistía es un cambalache por 7 votos para seguir en el poder", ha sostenido el diputado del PP Alberto Villagrasa, que ha defendido que nadie está por encima de la ley.
El diputado de Vox Rafael Villafranca ha cuestionado la comparecencia de Antich en la comisión "para defender el mayor acto de corrupción política que ha habido desde la democracia, que es la Ley de Amnistía", además de señalar que Òmnium Cultural fue parte activa en el 1-O.
Por parte del PSC, el diputado Antoni Poyato ha defendido que la ley debe servir para superar fracturas y no para ahondar en ellas y, a su juicio, la norma ofrece la posibilidad de pasar página en Catalunya y en el resto del Estado, pese a admitir que su aplicación es "más lenta y complicada" de lo que querrían.