Organizaciones de inquilinos y consumidores reclaman una sanción ejemplar a Alquiler Seguro

Las principales organizaciones de inquilinos y consumidores celebran la apertura de un expediente sancionador a Alquiler Seguro y reclaman sanciones ejemplares que marquen un punto de inflexión en el mercado del alquiler. Tanto el Sindicato de Inquilinas, como Facua-Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigen al Gobierno central firmeza para acabar con lo que consideran una práctica de abusos generalizados por parte de las inmobiliarias.

La investigación arrancó en octubre tras una avalancha de denuncias. Las asociaciones alertan de cláusulas abusivas repetidas en los contratos gestionados por la empresa, entre ellas la imposición de seguros, el cobro de servicios no solicitados y, especialmente, la exigencia de honorarios que, según la nueva Ley de Vivienda, deben asumir los propietarios, no los inquilinos. Para los colectivos afectados, se trata de una estrategia sistemática para sortear la legalidad vigente.

“El expediente demuestra que las prácticas contrarias a la legalidad no son hechos puntuales, sino un sistema estructural de estafa y abuso”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, al tiempo que subrayan que Alquiler Seguro “exige en concepto de garantía adicional unas cantidades que en ningún caso protegen al casero, sino que se queda la propia inmobiliaria”.

“Bajo una retórica grandilocuente de criminalización de las inquilinas y protección al propietario se escondía una estafa permanente”, señala el Sindicato de Inquilinas, que también denuncia que “la inmobiliaria obliga a contratar seguros y suministros con empresas de su mismo grupo empresarial, y se queda con las cantidades cobradas en concepto de garantía adicional, sin proteger realmente al arrendador”. También apuntan a una situación de abuso generalizado, no limitada a una sola empresa, sino representativa de un modelo de negocio que deja a los inquilinos en clara desventaja.

Por su parte, organizaciones de consumidores como Facua advierten de que el caso de Alquiler Seguro es solo la punta del iceberg y reclaman investigaciones similares contra otras inmobiliarias que también podrían estar incumpliendo la normativa. “Estamos viendo cómo empresas del sector cobran honorarios a inquilinos, disfrazados de servicios adicionales, aunque la ley lo prohiba. La investigación del Ministerio de Consumo así lo demuestra”, señala Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Sánchez cree que la apertura de un expediente a Alquiler Seguro puede suponer un antes y un después dentro del sector. “Este expediente sancionador lanza un mensaje muy claro al sector inmobiliario: el fraude tiene consecuencias y no va a quedar impune”, apunta.

El secretario general de Facua, sin embargo, considera fundamental la implicación de todas las administraciones para hacer frente a este tipo de prácticas. “El Ministerio solo puede actuar cuando la empresa opera en varias comunidades autónomas, pero la mayoría de las agencias actúan a nivel local. Por eso es clave que las comunidades también sancionen”, asegura Sánchez quien se muestra preocupado por la inacción de las comunidades autónomas: “nos preocupa que no estén actuando. A pesar de nuestras denuncias, apenas se han impuesto sanciones”.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al gabinete de Pablo Bustinduy que se sancione “con celeridad y de forma ejemplar” a la agencia investigada, “de acuerdo con los beneficios ilícitos obtenidos”.

Alquiler seguro se defiende

Desde Alquiler Seguro niegan rotundamente las acusaciones y aseguran que cumplen “escrupulosamente” con la normativa desde hace más de 17 años. La compañía defiende que todos sus servicios “son públicos, transparentes y voluntarios”, tanto para propietarios como para inquilinos, y que los gastos de gestión “recaen exclusivamente en el arrendador”, tal y como figura en los contratos firmados con cada cliente.

El CEO de la empresa, David Caraballo, asegura que el expediente sancionador abierto por el Ministerio de Consumo se encuentra aún en una fase inicial y que la compañía ya está analizando su contenido para determinar qué interpretación hace el Ministerio sobre sus prácticas. “Estamos abiertos a colaborar con Consumo. Analizaremos con detalle la propuesta del Ministerio de Consumo para decidir si debemos introducir alguna modificación”, afirma Caraballo.

La compañía recalca que, por el momento, no se trata de una sanción firme, y que está en trámites de alegación. “Cumplimos con la ley a rajatabla. Si existe algún protocolo que deberíamos estudiar para adaptarlo a la interpretación que hace el Ministerio de Consumo, estamos abiertos a analizar nuestros procesos, siempre con un ánimo de mejora”, concluye el CEO.

Un hombre pasa frente al escaparate de una inmobiliaria. Europa Press

El Ministerio de Consumo, contundente

El Ministerio de Consumo recuerda que la Ley por el Derecho a la Vivienda prohíbe expresamente trasladar a los arrendatarios los costes derivados de la gestión inmobiliaria o la formalización del contrato. Asimismo, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios contempla como infracciones las cláusulas abusivas que alteren el equilibrio contractual en perjuicio del inquilino.

Desde el propio Ministerio insisten en que han reforzado la vigilancia sobre el mercado del alquiler, especialmente en el caso de grandes empresas. Además de Alquiler Seguro, se han abierto investigaciones a otros operadores como Airbnb, después de que la plataforma se negase a retirar miles de pisos que ofertaba como turísticos, pese a no tener licencia o no mostrarla. En paralelo, se investiga el crecimiento de las viviendas turísticas ilegales en varias ciudades del estado.

Aunque la apertura del expediente no determina todavía la culpabilidad de la empresa, sí abre la vía a sanciones en función de la gravedad de las infracciones que se confirmen. Estas oscilarían entre los 100.000 euros y el millón de euros, en función de la gravedad de la infracción.

El Ministerio de Consumo investiga a otras inmobiliarias además de Alquiler Seguro. Europa Press

Las organizaciones consideran que el Gobierno debe actuar con mayor determinación para proteger a los inquilinos. Para ello reclaman más inspecciones, más vigilancia y sanciones efectivas que disuadan a las inmobiliarias de actuar fuera de la legalidad. "No basta con abrir expedientes. Hay que imponer sanciones ejemplares y establecer mecanismos de control más eficaces", insisten desde Facua. También reclaman más agilidad administrativa para impedir que este tipo de compañías puedan mantener sus prácticas durante largos periodos sin consecuencias reales.