Catalunya: ¿otro choque de trenes?

La exigencia del referéndum de autodeterminación del Govern y la oferta máxima de mejora del autogobierno que plantea Moncloa dificultan la salida a un conflicto enquistado desde el portazo del Estado al pacto fiscal hace una década.

La semana posterior a la Diada del próximo 11-S se retomará la mesa de diálogo que quedó colgada los días previos al inicio de la pandemia y el estado de alarma, hace ahora 16 meses. Por entonces, el Govern de Quim Torra mantenía abiertos los puentes con el Gobierno de Pedro Sánchez pero la posibilidad de acuerdo, con los presos soberanistas aún en la cárcel, era utópica. Una vez indultados, el Ejecutivo que lidera hoy Pere Aragonès concede un mayor margen de confianza a que esta vez el diálogo con Moncloa resulte fructífero. Pero tras el primer contacto, el cruce de posiciones, más allá de que obedezca a la lógica de la retórica, no augura una solución al callejón sin salida. La Generalitat es clara: la resolución del conflicto pasa por la amnistía, que incluye a represaliados y exiliados, y el derecho de autodeterminación, dar la voz a la ciudadanía de Catalunya. El Gobierno español permanece inmóvil: solo habrá referéndum para mejorar el autogobierno y el resto, en último caso, sería decisión que compete a todo el Estado.

El choque de trenes que provocó en 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional laminando el artículo más relevante del Estatut de 2006 continúa vigente desde que en 2012, después del clamor soberanista respirado en las calles de Barcelona, Artur Mas se percatara de la imposibilidad de abordar un pacto fiscal. "No ha ido bien", resumió su encuentro con el en esa época presidente español, Mariano Rajoy, que encabezaba el Ejecutivo de un PP convertido en una fábrica de crear independentistas. "No es solo por dinero, sino que Catalunya necesita un estatus diferente al del resto del Estado, más acorde con nuestra identidad", señalaba quien era jefe del Govern. Fue más allá: "Constatado esto, sería un error insistir. Debemos hacer una profunda reflexión". El procés ya estaba en marcha.

La derecha española, con mayoría absoluta, se escudaba en la "inestabilidad" de la propuesta en un momento donde la máxima era recuperarse de la crisis económica. Y en que abrirse a un nuevo modelo de financiación para Catalunya no era "compatible" con la Constitución, que la revisión debía hacerse en conjunto con el resto de comunidades. El rey Juan Carlos I, aposentado hoy en Abu Dabi, se alineaba con el Gobierno de Rajoy con una insólita carta donde pedía a los catalanes que no persiguieran "quimeras" ni alentaran "disensiones".

El paso del tiempo solo acrecentó la sima. Antes de que Mas llamara a una consulta independentista el 9-N de 2014, cuya judicialización la transformó en un proceso participativo, el president hizo un esfuerzo final presentándose en julio con un documento de 23 puntos que entregó a Moncloa con sus demandas al Estado en materia de economía, cultura, educación e infraestructuras, con la aspiración de lograr un mayor objetivo de déficit en 2015. El PP volvió a hacer oídos sordos y la apuesta por las urnas del soberanismo reventó el escenario, en el que el Ejecutivo español se atrincheró sin una sola cesión y a golpe de amenazas. "La consulta planteada es ilegal y, por lo tanto, ni se puede celebrar ni se va a celebrar", zanjó Rajoy. 2,3 millones de catalanes acudieron a votar y el 81% apostó por un Estado propio e independiente. "Me opondré a toda reforma constitucional que liquide la soberanía nacional", advirtió horas después el líder del PP. Su tono le delataba. El 9-N fue un "simulacro", dijo; es más, negó la realidad al aseverar que "el referéndum no se ha celebrado", rechazando cualquier diálogo con Mas "sobre la unidad de España", exigiéndole "lealtad".

El procés aún estaba por explotar. Año y medio antes del convulso otoño de 2017, Carles Puigdemont, que comandaba ya las operaciones desde el Palau, trasladó a Moncloa una nueva oferta: un listado de 46 reivindicaciones, el doble de las planteadas por Mas, con la premisa de obtener una "respuesta política al mandato democrático" del 27-S de 2015, cuando la coalición Junts pel Sí y la CUP sumaron una mayoría absoluta de 72 escaños. "Es obligación de los demócratas buscar vías de negociación y diálogo que pueden incluir la celebración de un referéndum vinculante", recogía el documento, que contenía una garantía de los derechos sociales, una relación de los incumplimientos del Estado y la exigencia de la "desjudicialización de la política". Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega habían sido imputados por la consulta soberanista y la delegación del Gobierno activó una "persecución" a los municipios que apoyaron las decisiones del Parlament. Lo ocurrido después es bien conocido. El 1 de octubre de 2017 de nuevo 2,3 millones de catalanes quisieron opinar en las urnas pese al asedio político-jurídico-policial, y el 90,18% respaldó la independencia. El ya rey Felipe VI irrumpió dos días después para lanzar un duro alegato en defensa de la unidad nacional y el 27-O se declaró la independencia unilateral, que no se practicó. El Estado contraatacó a golpe del artículo 155 y los líderes soberanistas acabaron en la cárcel o en el exilio, iniciándose una travesía represiva que llega a nuestros días. Las sucesivas citas electorales, incluida aquella del 21 de diciembre, o la reciente del pasado 14 de febrero, han refrendado la mayoría independentista, que cuenta ahora con 74 escaños y el liderazgo de Esquerra. Por el camino, los diferentes presidentes catalanes han acabado inhabilitados o perseguidos por la Justicia española.

pedralbes, la inflexión El relevo en Moncloa distendió el ambiente. El 20 de diciembre de 2018 ambos gobiernos retomaron el diálogo en la Declaración de Pedralbes a la que Aragonès apela en la actualidad. Se aceptó hablar de "conflicto" y se acordó buscar soluciones "en el marco de la seguridad jurídica" sin mención expresa a la Constitución, con la polémica de si era necesaria la figura del relator, que llevó a la foto de la triple derecha en Colón. Entre los 21 puntos que Quim Torra requirió de Sánchez se hallaba la mediación internacional "para una negociación en igualdad, sin límites ni condiciones, investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra Catalunya, y hacer efectivo el derecho de autodeterminación".

Avalado el Gobierno PSOE-Podemos y en puertas de que la mesa viese la luz, el líder socialista se plantó en el Palau en febrero de 2020 con un documento de 44 puntos para el deshielo, lo que llama "agenda para el reencuentro". Torra consideró que "la mitad de ellos" se podían "resolver en un Consejo de Ministros con voluntad política". Desjudicialización, financiación, cooperación, política social e infraestructuras eran y son los asuntos sobre los que el Estado podría entrar a negociar. Un año después Sánchez tira de déjà vu y el señuelo de los indultos y de la reforma de la sedición. Autogobierno y punto.

"El procés sigue en pie", claman los indultados. La autodeterminación es "irrenunciable", asevera el Govern. ¿Se viene otro choque de trenes?