El debate acerca de las pensiones cruza todas las geografías y atañe, por su impacto, en campos como la economía, la demografía y la sociología. Conocer las realidades de otros países y acercarse a nuevos enfoques ha sido el objetivo del Global Pensions Programme, un evento desarrollado el pasado martes y miércoles en el Bilbao Exhibition Centre con la participación de diversos expertos. Uno de ellos ha sido Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones del Directorio de Asuntos Financieros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En esta entrevista, Antolín defiende la promoción de sistemas de capitalización, métodos de ahorro individual del trabajador con un capital integrado por las cuotas o primas más los intereses acumulativos. Un esquema que utilizan las entidades de previsión social, pero que, según Antolín, debe ser “complementario” de los habituales sistemas de reparto que constituyen el eje de las pensiones públicas. Al mismo tiempo, reclama “consenso” entre los agentes políticos para acordar los objetivos y la dirección del sistema de pensiones, aunque de su discurso emana en todo momento un mensaje en clave de recomendación más que de amonestación. Al igual que ya están haciendo otros expertos, Antolín reivindica la “diversificación” de las fuentes de financiación de las pensiones en un contexto futuro que estará marcado por el reto demográfico de la sociedad y la necesidad de resolver problemas de la economía española, como el de la productividad.
En la última década se han sucedido en España, tanto con un gobierno de un signo como de otro, las reformas del sistema de pensiones con el objetivo de garantizar su sostenibilidad. ¿Están logrando los resultados propuestos?
—Está claro que una de las cosas que han hecho tanto el Gobierno actual como el anterior es promover el sistema de pensiones complementario, que es algo que ha recomendado la OCDE y ya están haciendo la mayoría de países. En materia de pensiones públicas, si los gastos y los recursos no están equilibrados, siempre va a existir un problema.
Desde la OCDE defienden la diversificación de las fuentes de financiación de las pensiones. ¿Los planes privados de pensiones constituyen una alternativa a mejorar?
—Los planes de pensiones en España son muy buenos, solo que presentan un problema. Y no es un problema menor: no son para todos. Los planes de empresa se han organizado de tal manera que solo están disponibles para los trabajadores de cada empresa. Lo que se ha hecho en otros países es establecer planes de empleo para todos los trabajadores. Es decir, que si un empleado cambia de compañía siga teniendo esa opción. En España se está avanzando en esa dirección, pero con retraso respecto a otros países.
¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sistema público de pensiones?
—El mismo que en el resto de Europa, que es el impacto del envejecimiento de la población. Por otra parte, cuando se establecen legislaciones y se hacen reformas, el trabajador espera que, cuando se jubile, se cumpla lo que se le prometió. Pero si los parámetros con los que se hizo esa promesa no se cumplen, alguien tiene que hacerse cargo. Ahorrar para la jubilación es un proceso que está lleno de incertidumbres. Por eso necesitamos un sistema flexible que aborde esas incertidumbres desde todos los frentes.
¿Cómo hacer el sistema más flexible? ¿Teniendo cuenta indicadores como la esperanza de vida u otros relacionados con el gasto?
—De entrada, a la población se le debería explicar cómo funciona el sistema de pensiones, pero de forma que lo entienda. La palabra flexibilidad suele tener una mala connotación. La cuestión central es que los esfuerzos que deben construir el trabajador, la empresa y el Estado, cada uno por su lado, estén claros. Es cierto que lo que decidamos ahora puede no ser válido a medio o largo plazo. Pero si todos ajustamos ese esfuerzo de manera progresiva, unas veces para bien y otras para mal, será más fácil llegar bien a la jubilación. Falta pedagogía desde todos los espacios. Los países en los que las reformas son necesarias, cuando se explican bien, las sociedades las aceptan y están dispuestas a ajustarse el cinturón.
En España las pensiones descansan tradicionalmente en la contribución por cotizaciones y no tanto en los presupuestos o la fiscalidad. ¿Cree que este modelo va a seguir siendo así?
—Todos los sistemas del mundo se basan en las cotizaciones sociales. Lo que siempre decimos en la OCDE es que las rentas bajas deben estar protegidas. ¿Con qué fórmula? Eso depende de cada país. Todo individuo de renta baja debe estar protegido. Cualquier persona debe saber que el día que se jubile, pase lo que pase, debe tener un suelo mínimo para vivir adecuadamente. Esa cantidad dependerá de cada país, de cada legislación, y debería estar sufragada por los presupuestos de cada Estado. Las contribuciones deben ser para el resto de trabajadores. En países exitosos, con sistemas fuertes, como son los casos de Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Japón o Australia, tienen una fuerte pensión básica garantizada, y luego tienen las contribuciones, que se invierten para generar unos recursos con los que se pagan las pensiones del día de mañana.
¿Y qué barreras impiden desarrollar un sistema similar aquí?
—El Pacto de Toledo hablaba de promover estos sistemas complementarios, pero aún no se ha hecho. De todas maneras, los planes de pensiones privados y la capitalización nunca tienen que sustituir al sistema público. Tiene que complementarlo. Es esencial diversificar las fuentes de financiación de las pensiones. Cada sistema tiene sus fortalezas y sus debilidades. No existe un sistema perfecto.
En las últimas reformas de España, finalmente no se llegó a implementar el llamado Factor de Sostenibilidad y el aumento del 0,25% quedó reemplazado por una subida acorde al IPC. ¿Cree que el sistema continuará así?
—Hay dos puntos centrales en este debate. Por un lado está la sostenibilidad fiscal, y por el otro está el poder adquisitivo de las pensiones. Nuestro deseo, desde la OCDE, es que las autoridades conozcan que, elijan lo que elijan, va a tener implicaciones positivas y negativas al mismo tiempo. Ciertos países escogieron centrarse en sostenibilidad financiera del sistema público e implementaron un sistema de ajuste automático, pero sin tener en cuenta que a una persona de renta baja, aunque la inflación sea baja, un ajuste de 0,25% es bastante duro y escaso. Nosotros lo que pensamos es que las pensiones se tienen que ajustar como mínimo a la inflación para sostener el poder de compra.
¿Las pensiones están sometidas en Europa a la misma confrontación política que en España?
—El objetivo, a largo plazo, de cómo debe ser el sistema es algo que debe ser consensuado, pero cómo hacerlo debe ser parte de la discusión política intrínseca de cada país. No obstante, la dirección en la que se avanza debe estar acordada entre todos, porque si no es imposible.
-¿Es la inmigración una de las soluciones para sostener la estructura del sistema de pensiones?
—Es un factor con una contribución muy importante. Mucha gente habla de ella como la solución definitiva, pero no es la única. La inmigración permite una ventana de ajuste para el sistema de pensiones porque los inmigrantes cuando llegan al país aportan sus cotizaciones, pero también se ganan el derecho a recibir una pensión. Es necesario resolver realmente los problemas del sistema, como por ejemplo incrementando la productividad de la economía española.