Pablo Ibar cree que los argumentos de su defensa son "sólidos" y confía en que la Corte de Apelaciones de Florida (EEUU) revoque la condena a cadena perpetua por el asesinato de tres personas.
Así lo ha indicado en una nota Cándido Ibar, padre de este ciudadano hispano-estadounidense de origen vasco condenado a cadena perpetua en Estados Unidos después de que hace cuatro años fuera declarado culpable de los asesinatos de tres personas en 1994, en el estado de Florida, hechos de los siempre se ha declarado inocente.
"Pablo se encuentra realmente esperanzado con la nueva apelación. Cree que los argumentos que ha planteado su abogado, Joe Nascimento, son realmente sólidos y que, además, se sustentan en la verdad. Por ello, confía en que sean admitidos por el tribunal y en consecuencia la actual pena quede sin efecto", ha afirmado Cándido Ibar.
El próximo 28 de febrero tendrá lugar por videoconferencia la vista ante el Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de West Palm Beach. Tras ella se abrirá una fase de deliberación y posterior redacción de la sentencia que puede prolongarse varios meses e incluso no se descarta que el fallo tarde un año en hacerse público.
El letrado de Ibar dispondrá de 20 minutos para exponer los motivos por los que solicita la celebración de un nuevo juicio, mientras que la Fiscalía presentará su tesis contraria a la revocación de la cadena perpetua impuesta en 2019 por el juez Dennis Bailey por los asesinatos de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y de las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers el 26 de junio de 1994.
Ibar fue condenado primero a pena de muerte en 2000. El Tribunal Supremo de Florida anuló en 2016 esa pena capital al considerar "muy débiles" las pruebas contra él y ordenó repetir el juicio, tras el cual en 2019 fue condenado a cadena perpetua después de haber estado 16 años en el corredor de la muerte en EE.UU. Precisamente mañana jueves se cumplen cuatro años de esta última condena.
La defensa de Ibar sustenta su solicitud de repetición del juicio en las "numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad en las que incurrió el magistrado Dennis Bailey", al que acusa de "vulnerar derechos constitucionales" vinculados con un jurado "justo e imparcial".