Pacto vasco contra la violencia machista

Ayer se firmó en Lakua el III Acuerdo para la mejora de la atención de mujeres víctimas de violencia machista bajo el convencimiento de que “debemos seguir mejorando”. La asunción por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que el sistema de prevención de las violencias hacia las mujeres y la protección de quienes dan el paso de interponer una denuncia está en el trasfondo de este pacto de país por el que se renueva y redefinen los objetivos del I Acuerdo suscrito en 2001.

Aquel texto, que incluía en su título –hoy– un impensable pacto contra la violencia doméstica, fue una iniciativa pionera dentro y fuera de la CAV. Contribuyó a colocar la atención y protección de las mujeres en la agenda pública y lanzó un mensaje a la sociedad de que los poderes públicos debían aunar esfuerzos frente a la vulneración de los derechos de la mitad de la población ya hasta entonces esa lucha había dependido en gran medida de voluntades individuales.

Veintidós años después, la relevancia social de la violencia de género y los mecanismos de protección de las supervivientes han mejorado a ojos vistas. Hoy en día, a nadie se le escapa que este tipo de violencia no es un asunto privado que se sufre en silencio entre las cuatro paredes de casa, sino un problema de orden público de primera magnitud. Además, a lo largo de las últimas dos décadas se han promovido cambios en la legislación y en el abordaje policial; se han multiplicado los protocolos de actuación y coordinación; y se han incrementado los recursos para atajar una realidad que sigue afectado a cientos de mujeres a diario.

No obstante, el hecho de que el asesino de Rebeca H.H. –la última víctima mortal de la violencia machista en Euskadi– tuviese un largo historial de detenciones por violencia de género pone de manifiesto eso que dijo ayer el lehendakari. Que “debemos seguir mejorando”. Bajo esta declaración de intenciones y las acciones del Acuerdo plasmaron sus firmas los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, respectivamente; el presidente de EUDEL, Gorka Urtaran; el Ararteko, Manuel Lezertua; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la Fiscal Superior de la CAV, Carmen Adán Del Río; el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Gerardo López Sánchez-Saratxaga; y el Presidente del Consejo Médico Vasco, Cosme Naveda. Asimismo, el acto contó con la presencia de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

NOVEDADES

El III Acuerdo persigue la coordinación entre las instituciones implicadas en la atención a las víctimas de maltrato y agresiones sexuales, de modo que se les garantice una protección integral sanitaria, policial, judicial y social. Por primera vez, se tomará como referencia a todas las formas de violencia machista, no solo violencia de pareja o expareja, intrafamiliar y violencia sexual, y el reconocimiento como víctimas a las mujeres, sus hijas e hijos y otras personas del entorno. Respecto a la detección precoz, se promueve “la proactividad de todas las instituciones de todos los ámbitos y sistemas” y amplía los compromisos en relación con la formación de las y los profesionales que atienden a las mujeres víctimas.

En definitiva, el pacto busca poner las necesidades de las víctimas en el centro. Así, el lehendakari destacó que “el compromiso es seguir humanizando la respuesta institucional ante la violencia machista. Cada mujer debe ser el centro sobre el que gire la atención; y no al revés”. Según Urkullu, esta firma supone “un paso más en este proceso de mejora continua y lo hacemos con el respaldo de la sociedad, cada vez más sensibilizada a favor de la igualdad y contra la violencia, y con la garantía que supone contar cada vez con más leyes, personas profesionales, servicios, instrumentos de respuesta ante la violencia”.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, manifestó que la aportación desde el sistema judicial a las víctimas de violencia machista es la de “protegerlas” y cree que se debe “intentar afinar al máximo” en los instrumentos de evaluación del riesgo de revictimización. Al respecto, considera importante “construir propuestas de protección efectiva”, hacerlo “desde el respeto a las garantías jurídicas de las personas involucradas” y apostando por “políticas públicas en ámbito penitenciario y fuera de él que busquen la reincorporación a la comunidad sin riesgo a la reincidencia”.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, por su parte, afirmó que “aunque la víctima no quiera denunciar, es obligado hacerlo”, porque la denuncia “es necesaria para no contribuir con la impunidad del agresor y para no aumentar la vulnerabilidad de la víctima”. “La sociedad debe ver que la respuesta a la violencia y la auténtica protección, asesoramiento y cuidados de las víctimas exige un trabajo en conjunto que es el que estamos dispuestos a dar”, señaló.

El Ararteko, Manuel Lezertua, destacó la participación “activa” de la Defensoría en este acuerdo, que “servirá para establecer pautas de colaboración específicas que agilicen y den mejor cauce a las demandas de mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia machista, con una perspectiva de género y en clave de derechos humanos, con criterios comunes a todas las instituciones”.

Por último, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal dijo que el pacto “va a suponer un paso importante hacia una atención más integral y más personalizada de las víctimas y evitar su revictimización”. Asimismo defendió la necesidad de un tercer Acuerdo por los cambios normativos y sociales que se han producido en las últimas décadas.