No es habitual encontrar un consenso amplio en Navarra, menos todavía si el tema en cuestión es la tortura y los malos tratos. Sin embargo todos los partidos y la mayoría sindical mostraron ayer su apoyo a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno foral. Y si bien la posición no fue unánime en sus términos, todos los agentes coinciden en la necesidad de seguir avanzando en los próximos años en el esclarecimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos.
El posicionamiento vino a cuenta de la presencia ayer en el Parlamento del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) de la Universidad del País Vasco, que acudió a presentar el informe realizado sobre los casos de tortura y malos tratos en Navarra en los últimos años. Según detalló la directora del estudio, Laura Pego, se han identificado a 676 personas que denuncian haber sufrido torturas entre 1979 y 2015. De ellos se han documentado ya 532 casos de 434 personas.
Tortura y malos tratos en Navarra desde 1979
No obstante, según estimaciones del propio IVAC, los casos de torturas en estos años alcanzarían los 835. La cifra es todavía mayor si se suma el estudio previo elaborado sobre los años 1960 y 1978. En total, habrían sido 1.068 de casos tortura y malos tratos que habrían sufrido 891 personas de origen navarro o con residencia en Navarra.
Se trata no obstante de un estudio incompleto, señaló ayer Pego. Buena parte de los casos se están documentando todavía y es posible que no se haya podido recoger todos. De hecho, apenas han contado con seis meses para realizar las labores de peritaje, por lo que el IVAC recomienda al Gobierno de Navarra seguir trabajando en este campo.
Palizas y amenazas
El informe desgrana el perfil de los malos tratos, generalmente en comisaría y en operaciones vinculadas a la lucha antiterrorista. Según señala el IVAC, lo más habitual fueron las palizas (empleadas en un 77,4% de los casos) y las amenazas (74,1%), seguido de privación de sueño (49,4%), impedimento de la visión (39,8%), permanecer prolongadamente de pie (41,7%), tirones de pelo (38,5%), realizar flexiones (30,8%) y la contención de necesidades fisiológicas y aseo (27,1 %).
También fueron habituales los casos de violencia sexual. El 44,2% de quienes denuncian malos tratos relatan situaciones como desnudez forzada, humillaciones sexuales o golpes en genitales. Un 12,6% habla además de simulacros de ejecución.
La directora del estudio, Laura Pego, y la psicóloga Jeannette Ruiz presentan en el Parlamento de Navarra el informe 'Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad'
Cuerpos policiales
En lo que respecta a los cuerpos señalados como responsables de los malos tratos, prácticamente todos los casos se los reparten la Policía Nacional (49,8%) y la Guardia Civil (45,1%). Existiendo también algunos casos de la Ertzaintza (1,7%) y otros cuerpos policiales como grupos antiterroristas.
Por otro lado, destacan entre los denunciantes los hombres, que representan al 83,3%. Asímismo se observa que estas torturas se produjeron cuando las víctimas eran aún jóvenes dándose en un 58% de los casos cuando tenían entre 21 y 29 años y en un 14,5% cuando tenían entre 18 y 20 años. Especialmente preocupante es a juicio de Pego la presencia de torturas a 11 menores. “Son muchas las sentencias que condenan a España por no investigar la tortura. Y eso es escandaloso. Porque cierra el circulo de la impunidad”, criticó la directora del estudio.
Valoraciones de los grupos
Desde Navarra Suma Iñaki Iriarte ha aclarado que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron "ángeles guardianes frente a quienes querían exterminar a UPN, PP, y el Partido Socialista", si bien ha defendido que "las denuncias por torturas y malos tratos deben investigarse con todo rigor y sin tabúes".
Inma Jurio, del PSN, ha incidido en que "ha imperado el silencio y el miedo" en lo referido a "vulneraciones o ataques contra la dignidad de las personas vengan de donde vengan" y ha dado un toque de atención a la clase política considerando que están siendo "un gran obstáculo para la sociedad" al apoderarse de las víctimas y su dolor según les interese.
El representante de Geroa Bai, Jabi Arakama, ha defendido que "el informe es una pieza importante para terminar con el silencio" y la "impunidad con la que siempre han gozado los delitos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos" y ha instado a reformar la Ley de Secretos Oficiales para dar luz a los casos más graves.
Desde EH Bildu Bakartxo Ruiz ha referido que con estos más de 1.000 casos "es difícil defender que han sido unos abusos puntuales realizados por unas personas concretas en momentos concretos" y se demuestra que "ha sido una práctica sistemática" que se ha dado "con todos los gobiernos".
La portavoz de Podemos Ahal Dugu, Ainhoa Aznárez, ha denunciado la "falta de apoyo y reconocimiento que han recibido las víctimas de torturas en el Estado Español" y el "encubrimiento" que se ha dado favoreciendo que "estos delitos sigan impunes" al tiempo que ha exigido que "el Estado de Derecho adopte las medidas correctoras y preventivas" necesarias.
Por su parte Marisa de Simón, de IE, ha puesto en valor que "el hecho de investigar ya supone una manera de reparar" y ha subrayado que "la violencia es ilegítima" independientemente de quien la ejerza pero a su juicio la llevada a cabo por funcionarios públicos que tienen la obligación de defender tienen una "connotación diferente" a la ejercida por terroristas.