El Ayuntamiento de Pamplona ha tirado la toalla en su intento de reparar la presa de Santa Engracia y acepta finalmente el dictamen de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que solo le permite conservar los restos históricos relevantes del azud.
La decisión supone un duro correctivo y echa por tierra la estrategia mantenida hasta ahora por Navarra Suma, que siempre defendió la reparación frente al criterio de la CHE, la entidad competente en la materia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Tras mucho insistir y haber encargado un proyecto de reparación, ha asumido que no podrá reparar la presa ni dejarla como estaba.
Como consecuencia añadida, el equipo de Gobierno también ha decidido retirar el recurso que interpuso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo contra la CHE, que ordenó el derribo.
Desde el principio, la Confederación se opuso a los planes de Navarra Suma de reparar la presa, que fue parcialmente destruida en su parte central durante las crecidas del río Arga en 2018.
Un muro de hormigón
El proyecto municipal de reparación pasaba por colocar un muro de hormigón de dos metros de altura y 20 centímetros de grosor para tapar la rotura que sufrió el azud, lo que permitiría contener aguas abajo una lámina constante para la práctica deportiva del remo o pesquera. El precio de la intervención se estimaba en 82.000 euros.
En una resolución emitida el 6 de julio de 2021, la CHE no autorizó dicha intervención con el argumento de que eliminar la presa supondrá “una importante mejora hidráulica, ecológica, paisajística y ambiental”.
En el informe elaborado al respecto, la Confederación concluyó que la demolición “liberará al río del obstáculo de las corrientes, recuperando lo máximo posible su continuidad longitudinal, y permitiendo el paso de peces y el transporte de sedimentos”.
Sobre los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para mantener la presa –como el uso recreativo o el valor histórico– la CHE aseguró que no justifican la intervención por “no cumplir función alguna ligada al aprovechamiento de las aguas, limitar la capacidad de desagüe del cauce, constituir una ruptura en la continuidad longitudinal del río Arga, y teniendo asimismo en cuenta los impactos ambientales puestos de manifiesto por el Gobierno de Navarra”.
Además de no permitir la reparación, la CHE requirió al Ayuntamiento el derribo del azud y le dio un plazo de 9 meses para que presentara un proyecto de demolición y adecuación del cauce.
Restos históricos relevantes
En ese informe la Confederación dejó una puerta abierta a la posible permanencia de los restos históricos del azud, aunque con condiciones muy estrictas.
Atendiendo al valor histórico de la presa y dado que se encuentra en tramo urbano, la CHE permitiría que el mencionado proyecto de demolición “proponga una demolición sólo parcial” para mantener los restos históricos del azud que se “consideren relevantes”.
La restauración estaría sujeta a estrictas condiciones. Los técnicos de la CHE recuerdan que la intervención debe ajustarse a una “restauración de la obra primigenia singular, acorde a sus características constructivas, minimizando su altura, utilizando materiales adecuados, permeabilizando la estructura para permitir el paso de peces y sedimentos”.
En este supuesto, será necesario un informe previo del Gobierno foral y la CHE valorará finalmente “la declaración de la presa como Bien de Interés Cultural por la administración competente que justificara su restauración parcial, siempre que fuera compatible con los objetivos ambientales del río”.
Desestimación del recurso
Aunque el Ayuntamiento descartó inicialmente esta posibilidad, no le ha quedado más remedio que aceptarla.