Tras dejar fríos a los socios de investidura y los aliados habituales con la presentación de la Ley de Información Clasificada, cada vez más socialistas se están abriendo a publicar los documentos que explicarían episodios como la guerra sucia de los GAL en los ochenta o el intento de golpe de Estado del 23-F. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, el lehendakari ohia Patxi López, dijo ayer miércoles que no le “preocupa nada” la posibilidad de que esos papeles vean la luz porque el caso de los GAL “fue juzgado y condenado en su momento”. Después dejó caer el matiz. “Pero, a veces, yo también me pregunto: ¿Sería bueno publicar los nombres de los que ayudaron a detener los comandos de ETA en los años 90 o en los 2000? Lo dejo ahí”, zanjó, realizando un gesto con las manos para dar carpetazo a la respuesta.
Fuentes socialistas explicaron a este periódico que no se contempla en ningún caso proteger los nombres de personas que hayan cometido delitos en la guerra sucia contra ETA, porque sería fomentar la impunidad. En cualquier caso, siguen insistiendo en que no hay mucho más que rascar porque es un caso juzgado (aunque quedaron resueltas pocas incógnitas sobre la cúpula en el Gobierno de González). No quieren airear los nombres de agentes o cargos que siguen vivos y desarticularon comandos de ETA, pero no cometieron delitos. Les preocupa que el tratamiento que se dé a esos documentos conduzca a un striptease en la lucha contra ETA también en décadas más recientes. No es ahí donde está centrado el debate y ese matiz se daba por hecho, lo que puede provocar que en algunos ámbitos se interprete que el PSOE está desviando la atención. O que insinúa una desclasificación parcial, con párrafos censurados, como Estados Unidos.
La primera reacción del Gobierno español a la posibilidad de publicar los secretos de los GAL fue la evasiva, pero ahora parece cada vez más claro que la consigna es defender que salgan a la luz. El anteproyecto aún debe pasar por una segunda vuelta en el Consejo de Ministros y tramitarse en el Congreso. Ya durante la presentación del anteproyecto, que va a reformar la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, el ministro Félix Bolaños dijo que los documentos que llevan décadas clasificados seguirán estando ocultos porque no habrá una publicación automática. Se irá caso por caso, y podrían ser desclasificados de oficio o a petición de un particular que tenga interés directo. Quedará en manos del Consejo de Ministros y otras autoridades competentes, con la opción de que el interesado recurra ante el juez. Eso sí, se tomará una decisión preservando “la seguridad nacional y la integridad y vida de las personas que puedan estar citadas en esos documentos”, lo que parece conectar con las palabras de López.
¿Significa eso que no se desclasificarán? ¿O bien que verán la luz sin esos nombres? No sería una novedad que un documento oficial viera la luz con párrafos censurados y es una posibilidad que se maneja ahora. En el caso de Estados Unidos, los servicios secretos de la CIA ya publicaron hace unos años un documento con extractos censurados donde se decía que “Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”. Es decir, situaban al expresidente socialista como la X de los GAL. Pero en ese momento se matizó que, al estar descontextualizada esa frase y faltar párrafos, era imposible saber si la afirmación era el resultado de una investigación de Estados Unidos, o solo citaba una frase periodística.
La protección de algunas personas ya fue deslizada por Félix Bolaños, en genérico y sin referirse a los GAL, cuando dijo que podrían clasificarse documentos a futuro con el horizonte de la muerte de una persona en concreto o el fin de un conflicto bélico.
En cuanto a los plazos para que los documentos vean la luz, si los GAL fueran considerados como alto secreto, sus archivos no se publicarían de inmediato porque aún no han pasado 50 años, que además son prorrogables por otros quince. A este respecto, el secretario de Estado de Justicia, el socialista Tontxu Rodríguez, aseguró en Radio Euskadi que no le cabe “ninguna duda” de que todo es negociable, incluido el plazo de los 50 años. Y fue categórico sobre los GAL y el 23-F. Sin necesidad de que saliera a colación en la pregunta, aportó por propia iniciativa que “hay páginas de la historia de España que es bueno que la sociedad conozca: pueden ser el 23-F o los GAL, donde es bueno que los españoles conozcan lo que ocurrió”. “En el trámite parlamentario, sin duda se va a poder mejorar la ley o regular los plazos a través de las enmiendas”, alentó.
MIRAR AL PP
Sus palabras se suman a las que pronunciaba un día antes la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien abogó por desvelar ciertas “páginas de la historia de España” como los GAL o los 23-F. Los discursos se parecen como dos gotas de agua y suenan a consigna. Está por ver cuándo y con qué alcance se publicarían los documentos. La propia Robles tuvo un papel importante en la investigación del secuestro, la tortura y el asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Hasta la fecha, el exministro de Interior José Barrionuevo y el exdirector de Seguridad del Estado Rafael Vera han sido los condenados con mayor rango político en los GAL. López, por su parte, lanzó un guiño al PP al darle la bienvenida a la posibilidad de acordar esta ley. Si se blinda a la Policía, puede allanar el camino.