Peajes en el futuro de las carreteras

"Ala gente no le gusta pagar por los peajes y a los partidos políticos les falta valentía para afrontar estas cuestiones impopulares, pero lo cierto es que hay cosas que deben hacerse". Así lo afirmó ayer Larraitz Ugarte Zubizarreta, exdiputada foral de Infraestructuras y Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ejerce la abogacía en estos momentos, y que fue invitada a participar en la ponencia que está diseñando los ejes de la política de comunicaciones del futuro en las Juntas Generales de Álava.

Detalló además que tanto desde la derecha como desde la izquierda existe un amplio consenso de que las carreteras deben ser gratuitas, pero todos son conscientes de que la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación, especialmente las de mayor uso, generan unos déficits presupuestarios muy importantes, llegando a condicionar otras áreas que quedan sin dotaciones suficientes.

Recordó que los gastos de construcción y de mantenimiento de las vías de alta capacidad tienen unas "cifras brutales", que en buena medida han sido las causantes del endeudamiento de la Diputación guipuzcoana y citó el estado de la empresa pública Bidegi, encargada de esas vías. Según comentó, la deuda de 500 millones que tenía acumulada se ha convertido en 900, por los intereses y compromisos bancarios, y solo cuenta con un ingreso anual de 100 millones de recaudación por peajes, por lo que es la Diputación quien asume la responsabilidad, al ser la avalista. Para ella, "esta situación provoca una merma en la libertad política de la institución".

Desde su punto de vista, y ella lo intentó en su momento propiciando la creación desde EH Bildu de una ponencia, la solución, tanto para la construcción de nuevas carreteras como para el mantenimiento, pasa por establecer un sistema de peajes. La propuesta alarmó sobre todo a los transportistas, que llegaron a acudir en dos ocasiones a Bruselas tratando de lograr un apoyo para los gastos que eso podría ocasionar, pero en las dos veces se les denegó "porque no se pueden aplicar vacaciones fiscales a los peajes", como señaló Ugarte.

La otra solución que aportó tiene la misma consecuencia, el establecimiento de un peaje. Y consiste en aplicar lo que según ella, se está extendiendo por Europa: "el que contamina, paga". En cualquier caso, Larraitz Ugarte afirmó que el caso de Gipuzkoa no tiene nada que ver con el de Álava. Mientras en el primero existe una orografía muy complicada y un mayor número de kilómetros de vías de alta intensidad, en el caso alavés solo están la AP-1 y la AP-68. Además, la Diputación alavesa cuenta con una entidad "que puede gestionar los peajes de mejor manera".

Sobre cuál es el mejor sistema para aplicar, lo que parece ser la tendencia de futuro, el pago por circular o el uso del transporte público, señaló que desde Bruselas se había considerado como método más justo el pago por kilómetro, discriminando según la longitud del vehículo y su peso, algo similar a lo que está establecido en las autopistas. Además, este peaje alcanza a todos, sin distinción, aunque las autoridades comunitarias no ponen pegas al establecimiento de tarifas diferentes como, por ejemplo, si se utilizan esas vías como usuario diario. E incluso no se descarta la aplicación de tarifas según los ingresos de dicho usuario.

Por último, Ugarte también se refirió a la conveniencia de establecer consorcios a la hora de planificar el futuro de esos peajes y recordó que siendo diputada propuso ese acuerdo a las diputaciones de Álava y Bizkaia y al consejero navarro con el objetivo de conocer el interés en consensuar una política común para los peajes. Sin embargo, el tema quedó pendiente hasta ahora.