Si había alguna duda respecto a la posible invasión competencial de la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, este se encargó ayer de disiparla con un recado para las comunidades autónomas sobre la futura norma y su obligado cumplimiento: “La Ley de Vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios del país”.
Aunque tal afirmación fue dirigida a las comunidades gobernadas por el PP que ya han anunciado su intención de eludir la nueva ley, no deja de afectar asimismo a Euskadi, cuya competencia exclusiva en materia de vivienda queda explicitada en el artículo 10.31 del Estatuto de Gernika. Sánchez, en cualquier caso, aludió a la Constitución cuando, a renglón seguido, afirmó que “vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema porque no hay nada más constitucional que la nueva Ley de Vivienda y convertir vivienda en el quinto pilar estado bienestar”.
Y es que el Gobierno español ha cogido en los últimos días la bandera de la vivienda con tintes electoralistas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes. Si el primer movimiento de Moncloa fue desbloquear la semana pasada la Ley de Vivienda mediante un acuerdo con ERC y EH Bildu que pone límites a las subidas del alquiler y redefine el concepto de gran tenedor, el segundo fue el anuncio por sorpresa de Pedro Sánchez el pasado domingo de un plan de alquiler social a través de la Sareb, el conocido como banco malo, que consistía en destinar hasta 50.000 propiedades provenientes de activos bancarios para personas con bajos ingresos o situaciones vulnerables.
Sin embargo, en la práctica, este proyecto ha resultado un bluff, debido mayormente al desigual reparto geográfico de estos inmuebles y la viabilidad de destinarlos a alquiler social.
Así las cosas, Sánchez volvió a tomar ayer la iniciativa con un ambicioso plan de construcción de 43.000 viviendas que anunció a bombo y platillo durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Sánchez explicó que estas viviendas serán tanto de nueva construcción como de rehabilitación, financiadas a través de una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros con los fondos europeos.
En esa línea, defendió que, sumadas a las de la Sareb, suponen 93.000 viviendas, y que cumplirán con la eficiencia energética y serán de alquiler social o cesión de uso de al menos 50 años. Más allá, justificó este anuncio de más viviendas en alquiler social tras señalar que la subida de los precios del alquiler ha superado a los de la compra, siendo del 45% frente al 11%. Y este dato, señaló, “habla de un problema y es que la vivienda no es un derecho tal y como está consagrado en la Constitución”. En su opinión, se ha tratado la vivienda como una “mercancía” y no como un derecho y expresó su “compromiso total y rotundo” en convertir a la vivienda en el “quinto pilar” del Estado del Bienestar.