"El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación". Pedro Sánchez sigue en sus trece y se defiende así de la riada de críticas procedentes de los grupos parlamentarios, de todos los colores, ante el caos jurídico suscitado tras el decaimiento del estado de alarma. A la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo ante la alegación de alguna comunidad, caso de la canaria, el líder del PSOE no piensa poner en marcha cambios legales para la adopción de medidas restrictivas, idea que soltó su propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
En una breve comparecencia en Moncloa antes de reunirse con su homólogo argentino, Alberto Fernández, el presidente español ha evitado hacer alusión a las decisiones contradictorias adoptadas ya por los diferentes tribunales superiores en distintas autonomías respecto al toque de queda o los cierres perimetrales, y se limitó a insistir en que los ejecutivos autonómicos disponen de los instrumentos legales suficientes para hacer frente a la pandemia.
En este sentido, cree fundamental garantizar la seguridad jurídica, y ha advertido de que no se pueden usar las leyes ordinarias para suplir a la Constitución. Por todo ello, ha reclamado "coherencia" a la oposición y a los partidos del bloque de la investidura que tampoco comprenden su posicionamiento. "No puede ser que ahora se eche de menos el estado de alarma", ha llegado a reprocharles Sánchez. Su postura, remitir a los respectivos dirigentes de las comunidades al Consejo Interterritorial de Salud, como ha hecho vía carta con el lehendakari Iñigo Urkullu.
SOCIOS ATÓNITOS
La mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición se muestran atónitos ante el escenario gestado desde Moncloa al dejar desnudas a las comunidades, sin un paraguas normativo que unifique medidas. PNV, EH Bildu, Más País y Compromís han lamentado que el refugio de Sánchez sea el recurso al Supremo, al tiempo que el PP le acusó de "no legislar ni permitir legislar". El más severo en sus manifestaciones ha sido el portavoz jeltzale, Aitor Esteban, quien acusó al Ejecutivo español de cometer un "error" que ha llevado a "un caos jurídico que ya es inevitable y que se ha causado innecesariamente".
Esteban le ha afeado que haya hecho caso omiso a la propuesta del PNV de mantener al menos dos meses más el estado de alarma y le ha avisado de que ya "se va tarde" si sopesara de verdad reformar la legislación ordinaria. "¿Cuánto vamos a tardar? Si volamos, un mes", a zanjado. A su vez, ha recalcado que detrás de la decisión del gabinete de Sánchez hay "razones económicas" cuando en verdad el hecho de prolongar la alerta no significaba necesariamente mantener la limitación de movilidad o el toque de queda.
EH Bildu ha considerado que la "irresponsabilidad" es compartida por las autoridades estatales y autonómicas, y que "la inacción de unas y otras administraciones" ha conducido a la actual incertidumbre. "Que no caigan en la tentación de responsabilizar a la ciudadanía de lo que está sucediendo", ha aseverado su portavoz Mertxe Aizpurua. Ha llamado la atención el tono amable respecto al asunto de ERC, uno de los socios mayoritarios en el Congreso, ERC, que no ha sido excesivamente crítico al limitarse Gabriel Rufián a apuntar que le parecen "adecuadas" las medidas que ha adoptado el Govern y recordando el compromiso de Madrid con varios grupos parlamentarios para acordar un plan legislativo alternativo a la alarma.