Pese a que la inflación galopante se ha moderado y España es el Estado con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Consejo de Ministros despidió ayer martes el año con la aprobación de un tercer paquete de medidas para hacer frente al aumento del coste de la vida, la energía y los alimentos tras el impacto de la guerra en Ucrania. Con un impacto de 10.000 millones de euros –45.000 millones en total–, el plan incluirá la prórroga de algunas de las medidas en vigor y otras nuevas relacionadas sobre todo con la cesta de la compra y la vivienda. Eso sí, otras decaerán, como la ayuda con carácter universal a la gasolina.
Tras las diferencias que habían surgido en el seno del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos sobre este nuevo plan anticrisis, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunieron a primera hora y cerraron los últimos flecos. Tras el refrendo del Consejo de Ministros, el propio Sánchez se encargó de explicar los pormenores del plan en su comparecencia de balance del año, en la que contrapuso esta forma de proceder del Gobierno progresista frente a la derecha del PP y Vox.
La puesta de largo de estas medidas, en vigor a partir del 1 de enero, era uno de los últimos aldabonazos deseados por Sánchez para finalizar el año limpio de polvo y paja. Esta declaración de intenciones se vio refrendada tan solo unas horas después, desde el achicharrado frente judicial, con el desbloqueo de la elección de los dos miembros del TC que le correspondía elegir al CGPJ en votación. A nadie se le escapa que la pretensión del líder del PSOE era centrarse a partir de enero en las convocatorias electorales, lo que citó ayer de forma expresa en su despedida de los periodistas, al aludir al periodo especialmente intenso que se abre hasta mayo, fecha de las municipales y forales.
En concreto, el decreto incluye como novedades congelar durante seis meses el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos, un cheque 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000 euros y rebajas del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para aceite y pasta. La bonificación de 20 céntimos al combustible quedará solo para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores, eliminando así su carácter general del que se beneficiaban todos los ciudadanos.
Además, el Gobierno ha aprobado mantener su aportación del 30% al descuento del 50% en el transporte autonómico para el primer semestre de 2023, que pagará solo a las comunidades que aporten el otro 20% de bonificación. Es el caso de Euskadi, pionera a la hora de ampliar las ayudas que Moncloa estableció en el transporte de larga y media distancia también al urbano e interurbano, que depende de comunidades y diputaciones. El PNV venía insistiendo desde hace meses para que el Ejecutivo español diera continuidad a su aportación.
En el caso de Nafarroa, el Gobierno de Uxue Barkos confirmó ayer martes que aplicará, al menos durante el primer semestre de 2023, un descuento del 50% en el precio de los bonos del transporte público por autobús. Según lo aprobado en el Consejo de Ministros, Moncloa asumirá el 30% del descuento y el Ejecutivo Foral el 20% restante. Moncloa aprobó, además, la revalorización del 8,5% de las pensiones, de acuerdo con el incremento de la inflación, para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.
“Años pares e impares”
Pedro Sánchez cifró en 45.000 millones de euros el coste total de las medidas de su plan de choque frente a la crisis energética. Así, los 10.000 millones aprobados ayer se suman a los 35.000 millones de los dos decretos anteriores y se destinarán “a proteger a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras ante el aumento del coste de la vida, de la energía y de los alimentos”. Defendió que “en cada crisis, España se crece ante la adversidad” y resumió la estrategia del Gobierno ante la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania con dos palabras, “avanzar y proteger”.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, aseguró que la negociación con su socio en Moncloa, el PSOE, para aprobar estas medidas fue “muy difícil”, y destacó como un logro de su formación la prórroga de los contratos de alquiler hasta junio de 2023. “Estoy especialmente satisfecha de haber podido convencer a nuestro socio de Gobierno de que era imprescindible tomar medidas en materia de vivienda porque es el principal gasto de millones de familias en España”, afirmó en un mensaje en Twitter.
Menos magnánimo se mostró el PP, cuya secretaria general, Cuca Gamarra, señaló en su particular balance de la labor de Pedro Sánchez este año que “solo ha cumplido con aquellos que son sus socios y a los cuáles necesita para seguir siendo presidente del Gobierno de España”. Agregó que el dirigente socialista “no tiene credibilidad” negando el referéndum en Catalunya y vaticinó que el mismo se celebrará “cuando los independentistas decidan”.
Sobre esta misma cuestión se pronunció el propio Sánchez en el turno de preguntas tras su comparecencia, cuando recordó que, desde que accedió a Moncloa en 2018, han sido numerosas las ocasiones en las que los independentistas han hablado de un referéndum –la última vez por boca de ERC y el president Pere Aragonès–, pero las únicas consultas celebradas tuvieron lugar cuando gobernaba el PP. “Conmigo, ninguna consulta. Si algo ha ocurrido es que se ha cumplido con la Constitución”, defendió.
Se mostró tajante frente al soberanismo, asegurando que en todas las mesas de diálogo celebradas hasta la fecha se le ha planteado el debate sobre la independencia, pero siempre ha trasladado la misma respuesta: “No cabe dentro de la Constitución, ni en la de ningún país del mundo”, aseveró. Defendió, eso sí, que la relación actual del Estado con Catalunya es mucho mejor que en 2017, con Rajoy en el poder.
En una línea igualmente política, y preguntado por la posible rebaja de penas a condenados por malversación, Sánchez dijo que la reforma de ese delito aprobada la semana pasada en el Congreso incluye una disposición transitoria que “garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario y sin revisión a la baja de condenas”.
Por último, y respecto a si planea cambiar el paso de su Gobierno ante el panorama electoral que se abre con el cambio de año, aseguró que “el Gobierno progresista va a hacer en año electoral lo que viene haciendo en los años que no son electorales: subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones y proteger a la clase media y trabajadora ante el alza de precios. Es decir, el Gobierno en año electoral, en año no electoral, en años pares y en años impares, va a hacer lo que lleva haciendo los últimos años”.