Tan solo tres horas después de que el juez Peinado se trasladase a la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, en el marco de la investigación que planea sobre su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la Abogacía General del Estado ha anunciado la presentación de una querella contra el magistrado.
La querella ha sido presentada ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de prevaricación judicial, de conformidad con el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Prevaricación
En nombre del presidente del Gobierno español, la Abogacía General del Estado ha interpuesto dicho requerimiento al entender que el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, ha incurrido en un delito de prevaricación.
Entre los principales motivos para justificar dicha medida, esgrime que el juez Peinado ha cuestionado con su procedimiento la "defensa de la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno de España", en virtud del art. 277.6º LECrim.
"La atribución de presunta responsabilidad delictiva procede de quien ha dictado resolución dirigida respecto del querellante, que consideramos injusta, a sabiendas", dice la querella.
El escrito añade que, por tanto, se procede a la "práctica de las diligencias señaladas" y al "aseguramiento oportuno de las responsabilidades en que se ha podido incurrir".
Extracto de la querella presentada contra el juez Peinado.
Querella
En el texto, en el que la Abogacía solicita que se practiquen diversas diligencias, se subraya que la querella no supone un ataque al poder judicial, sino "el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente" dirigida en este caso al "máximo representante de otro de los poderes estatales", lo que "parece explicar el injusto proceder del Magistrado".
Y añade que hay "múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración" practicada este martes "contraviene la normativa" y despoja a la Presidencia del Ejecutivo "de las garantías que le ofrece la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882" y sin "explicación alternativa".
Dos agentes custodian la Moncloa.
Silencio de Sánchez
En lo que respecta a la toma de declaración de esta mañana, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. De hecho, esta ha durado apenas dos minutos ya que el presidente del Ejecutivo español se ha limitado a confirmar sus datos personales ante el magistrado.
Superado este formalismo, el juez Peinado ha preguntado a Pedro Sánchez si se acogía a su derecho a no declarar al ser el cónyuge de la investigada en el caso.
Finalmente, el presidente del Ejecutivo español ha descartado declarar ante el juez instructor y desde la Abogacía General del Estado se interpuesto una querella contra el magistrado al entender que ha incurrido en un delito de prevaricación.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez.
Alegría carga contra el juez Peinado
Los reproches contra el juez Peinado, tras su visita esta mañana a Moncloa, no han tardado en llegar desde las filas socialistas. No obstante, ha cobrado especial repercusión la valoración hecha por la portavoz del Ejecutivo español en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comenzado asegurando que "en estos próximos días" se publicará "en algún pseudomedio digital conservador" la grabación con la declaración de Sánchez ante el juez instructor del caso contra Begoña Gómez.
La también ministra de Educación ha considerado que con las diligencias judiciales de esta mañana, el juez Peinado buscaba "hacerse una foto". "Seguramente ha venido a dar, si me permiten, alimento a las tertulias para este verano", ha remachado.