La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado que la modificación presupuestaria aprobada por el Gobierno Vasco para equiparar los salarios de la educación privada concertada y la pública incluye una serie de exigencias hacia la red concertada para "garantizar la gratuidad" en dichos centros, entre las que se prevén medidas para evitar el cobro de cuotas u aportaciones "obligatorias" a las familias.
Pedrosa, que ha presentado esta modificación legal ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco, ha explicado que con esta modificación presupuestaria --con la que este año se destinan a la red concertada 67 millones de euros-- se establecen nuevas exigencias y compromisos en materia de "corresponsabilidad" y "transparencia" por parte de los centros concertados.
En este sentido, ha destacado que en estos centros, y en materia de incorporación de personal, "el acceso de los distintos colectivos debe ser transparente en base a los principios de mérito, capacidad e igualdad, y garantizando la publicidad de las ofertas".
Avances hacia la gratuidad
A su vez, en el caso de la obligada gratuidad del servicio público, los cambios --ha afirmado-- "contribuirán a mantener el control del gasto de personal que realizan y pueden realizar los centros". La consejera ha indicado que, en la modificación legal planteada por el Gobierno, y con el fin de "garantizar la gratuidad" de la enseñanza, se establecen "algunos avances".
De esa forma, todos los centros a los que representan las patronales del sector tendrán la obligación de hacer públicas las cuentas anuales "de forma transparente" y "en la forma que la administración establezca". La consejera ha precisado que "con el fin de no discriminar por motivos socioeconómicos, los centros sostenidos con fondos públicos no podrán percibir fondos o cantidades procedentes de las familias por enseñanzas impartidas a título gratuito".
Asimismo, dichos centros "no podrán establecer obligaciones de cuotas o aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios de carácter docente que afecten a los servicios, prestaciones o materiales marco de financiación pública".
"Queremos dejar claro que sí que hay una aportación económica para la equiparación, pero estos acuerdos han supuesto también el establecimiento y el subrayado de una serie de obligaciones para los centros concertados; y de paso, de esta manera, incorporaremos esos compromisos y obligaciones a la normativa que establezca las garantías de concertación y gratuidad", ha subrayado.
No cobrarán más que los de la pública
Asimismo, ha defendido que esta reforma "tiene una sólida base jurídica" y cuenta con el respaldo de "un amplio consenso político patronal social y sindical". La consejera ha asegurado, además, que "en ningún caso el profesorado de la red concertada percibirá retribuciones básicas superiores a la del profesorado de la red pública del mismo nivel".
Pedrosa ha añadido que una vez esta reforma reciba el visto bueno del Parlamento, se procederá al abono de las cantidades correspondientes "a la mayor brevedad posible y siempre antes del final de año".
La consejera ha explicado que según los cálculos realizados, existen 4.043,10 euros de diferencia entre los salarios que percibe el profesor de infantil y primaria de la red pública y concertada, y de 4.449,42 euros de diferencia entre los salarios que percibe el profesor de secundaria.
Pedrosa ha destacado que la equiparación salarial "permite seguir dando pasos hacia la gratuidad de la enseñanza en los centros que prestan el servicio público vasco de educación, a fin de evitar que los centros concertados tengan que reflejar también las consecuencias de incrementos salariales superiores a la concertación en las cuotas que tendrían que asumir las familias de no ser así". "De esta forma, evitaremos los efectos que en las cuotas tendría el incremento salarial en los centros concertados", ha añadido.
Falta de concreción
Desde la oposición, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha explicado que la medida se encuentra "en sintonía" con la "hoja de ruta" de la coalición en materia educativa, si bien ha lamentado las "carencias" a la hora de gestionar la información sobre este asunto y ha expresado su temor a los "desequilibrios" a los que pueda dar lugar esta reforma.
El parlamentario del PP Álvaro Gotxi ha criticado la falta de concreción sobre la cuantía económica que implicará la aplicación de esta equiparación retributiva. "No sabemos de cuánto dinero estamos hablando; y el problema es que tengo la sensación de que desde la consejería no se sabe, lo cual me asusta y me preocupa", ha manifestado.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que lo que se está haciendo "no es una equiparación salarial", dado que según la documentación aportada por el Departamento los salarios de los docentes en los centros públicos para 2024 "van a ser menores que los de sus homólogos en los centros privados concertados".
Voluntad de la oposición de generar confusión
Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, Alaitz Zabala (PNV) ha lamentado que desde algunos partidos se haya tratado de ofrecer "información confusa" en torno a este tema, y ha advertido de que "generar confusión no va a traer nada bueno" al sistema educativo.
La parlamentaria del PSE-EE Estíbaliz Canto ha expresado su respaldo a esta modificación legislativa, al entender que la equiparación no supone "menoscabo alguno" de las condiciones salariales de los docentes de la red pública.