La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha pedido respeto "a los tiempos y las razones de los jueces" y ha recordado que sin confianza en las instituciones "no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes". Perelló ha hecho estas declaraciones en el acto de entrega de los despachos a los integrantes de la 73 promoción de la Carrera Judicial y en plena polémica por el interrogatorio que el juez Adolfo Carretero le hizo a la actriz Elisa Mouliaá en el 'caso Errejón'.
La Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ ha recibido cerca de mil quejas y denuncias en relación con la actuación del magistrado después de que se filtrara en los medios de comunicación la grabación de las declaraciones tanto de Mouliaá como del exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. A raíz de estas quejas y denuncias, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto una diligencia informativa, paso previo a decidir si abre o no expediente a Carretero por su actuación.
En los vídeos filtrados, el juez cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021 en la que presuntamente se produjo la agresión sexual por parte de Errejón.
Sin hacer mención directa al magistrado, la presidenta del CGPJ ha denunciado los "reproches y censuras gratuitos que tienen como fin debilitar al Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona el Estado de Derecho y nuestra sociedad democrática".
Perelló ha hecho hincapié en que la separación de poderes exige que los jueces sean cautelosos a la hora de expresar públicamente sus opiniones, pero que "también los actores sociales deben a su vez respetar los tiempos y las razones de los jueces cuando actúan en el ejercicio de la función que tienen constitucionalmente encomendada".
No obstante, ha reconocido que las decisiones que adoptan y la calidad de sus argumentos deben se sometidos a escrutinio público, aunque ha considerado "fuera de lugar" los "reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas" a los togados "que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses". "Solamente conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Y sin confianza en las instituciones -Corona, Parlamento, Gobierno y Jueces- no puede haber convivencia pacífica y democrática entre diferentes", ha recalcado.
Perelló ha hecho un llamamiento a los jueces a ejercer su labor "sin interferencia alguna" y "sin presiones directas ni indirectas de ningún poder público o privado", y a "perseverar" en la defensa de su independencia y a no dejarse influir por elementos externos o internos que les alejen del verdadero sentido de la función judicial, "que no es otra que aplicar la ley a cada cual, según corresponda en Derecho, con arreglo al principio de igualdad".
"Maltrato institucional"
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha exigido que se garantice un "trato adecuado" a las víctimas en los juzgados, tras el interrogatorio de Mouliáa. "Desde AMJE queremos insistir y hacer un llamamiento a los órganos de gobierno de la judicatura para que exija que el comportamiento de los jueces y juezas se adecúe a los estándares que ellos mismos han fijado, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento", ha asegurado la asociación en un comunicado.
La Guía de Buenas Prácticas sobre la Declaración de las Víctimas de Violencia de Género elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ "da unas directrices claras dirigidas al Poder Judicial sobre como debe ser el trato dispensado a las víctimas indicando, entre otras cosas, que no cabe un trato que las haga sentir culpables, ni cuestionar apriorísticamente la veracidad de lo que cuentan", han recodado las juezas.
Así, han recalcado que "victimizar a las víctimas desde la Administración supone dejarlas solas y constituye un maltrato institucional". "Cuando se incumplen estas premisas, al igual que cuando se resuelve al margen de la norma, se consuma una injusticia que tiene devastadoras consecuencias para la persona destinataria de este proceder, pero también para toda la sociedad en su conjunto", ha subrayado.
En esta misma línea, la asociación ha reconocido que "puede" haber miembros del Poder Judicial que, "de forma evidente y pública", ignoran "deliberadamente" todo el compendio formativo y de buenas prácticas.
Además, ha lamentado que se difundan declaraciones de las víctimas en los medios de comunicación y ha recordado que la proscripción de esta práctica "se prevé para proteger a la propia víctima, no para impedir que se cuestionen comportamientos de otras personas que, precisamente, socavan sus derechos y la victimizan aún más".